Cristina Kirchner refuerza su estrategia internacional por la causa Vialidad
Cristina Fernández de Kirchner incorporó al abogado brasileño Rafael Valim al equipo que prepara su estrategia ante organismos internacionales por la condena firme en la causa Vialidad. El jurista, especializado en Derecho Público, derechos humanos y litigios internacionales, trabajará junto al español Javier Borrego.
La decisión busca trasladar el planteo de la defensa fuera de la Justicia argentina y denunciar presuntas vulneraciones al debido proceso y a otras garantías fundamentales durante la investigación, el juicio oral y las instancias posteriores.
Fuentes cercanas a la expresidenta confirmaron la contratación, aunque todavía no informaron cuál será la primera presentación ni cuándo comenzará formalmente la intervención del abogado brasileño.
Entre las alternativas analizadas aparecen el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y los mecanismos de protección de las Naciones Unidas. En el primer caso, una eventual petición debe comenzar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, si reúne las condiciones correspondientes, podría avanzar posteriormente hacia la Corte Interamericana.
Quién es Rafael Valim
Valim es doctor y magíster en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo y cuenta con experiencia en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y derechos humanos.
A lo largo de su carrera participó en litigios ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil y en actuaciones relacionadas con los sistemas internacionales de protección de derechos fundamentales. También desarrolló tareas académicas como profesor y visitante en universidades europeas.
El jurista brasileño mantiene vínculos profesionales y académicos con quienes integraron la defensa del presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante la causa Lava Jato. En ese proceso, los abogados recurrieron a organismos internacionales para cuestionar presuntas irregularidades y violaciones de garantías.
Valim cofundó en 2017, junto con Cristiano Zanin y Valeska Teixeira Zanin Martins, el Instituto Brasileño de Estudios sobre Lawfare. Además, escribió con ambos especialistas el libro Lawfare: Waging War Through Law, publicado en 2021.
El concepto de “lawfare”, utilizado para describir un presunto uso político de herramientas judiciales contra dirigentes, ocupa un lugar central en la posición sostenida por el kirchnerismo sobre los procesos abiertos contra la exmandataria.
La estrategia internacional por la causa Vialidad
La incorporación de Valim se suma al trabajo del jurista español Javier Borrego, quien fue juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y magistrado del Tribunal Supremo de España.
El equipo deberá definir ahora el alcance y el destino de las presentaciones. Por el momento, el entorno de Cristina Kirchner no confirmó cuál de las vías internacionales será utilizada primero.
La posibilidad de recurrir al exterior había sido anticipada por la defensa antes de que la condena quedara firme. En sus presentaciones ante la Justicia argentina, los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy cuestionaron la valoración de las pruebas, el desarrollo del proceso y la aplicación de distintas figuras penales.
Tras la confirmación de la sentencia, el planteo comenzó a trasladarse a ámbitos internacionales. La estrategia sostiene que durante las diferentes etapas de la causa se habrían vulnerado garantías judiciales y derechos fundamentales de la expresidenta.
Esos argumentos representan la posición de la defensa y deberán ser evaluados por los organismos que eventualmente reciban las presentaciones. La contratación de los abogados extranjeros no modifica por sí misma la condena dictada por los tribunales argentinos.
La condena que quedó firme en 2025
Cristina Kirchner fue condenada en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal 2 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, como autora del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
La sentencia fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal y quedó firme en junio de 2025, cuando la Corte Suprema rechazó los recursos presentados por la defensa.
A partir de esa decisión, la expresidenta comenzó a cumplir la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria en su vivienda del barrio porteño de Constitución, con monitoreo electrónico.
En paralelo, continuó la discusión sobre el decomiso dispuesto contra los condenados. El monto fue actualizado hasta alcanzar cerca de $685.000 millones, una cifra cuestionada por las defensas debido al mecanismo utilizado para calcularla.
La nueva etapa internacional buscará discutir las condiciones en las que se desarrolló el proceso, pero no funcionará como una apelación ordinaria ni implicará una revisión automática de la sentencia argentina. La defensa deberá presentar sus argumentos y demostrar que existieron vulneraciones comprendidas por los tratados y mecanismos internacionales invocados.