Cuotas bajo tensión: el reclamo que reabre la disputa entre los colegios privados y la Provincia
Las cuotas de los colegios privados bonaerenses vuelven a quedar en el centro de la escena. Luego de que el Gobierno provincial autorizara incrementos del 5,5% para agosto y del 2,5% para septiembre, las instituciones de gestión privada con aporte estatal consideran que esos porcentajes no alcanzan para recomponer los costos que arrastran desde el comienzo del año y elevaron un nuevo pedido: aplicar un retroactivo del 30% distribuido en los últimos tres meses del ciclo lectivo.
La solicitud fue presentada por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), entidad que representa a establecimientos educativos de todo el país. Desde la organización sostienen que el principal problema no está en las actualizaciones recientes de los aranceles, sino en el desfasaje que provocó la paritaria docente acordada por la Provincia con efecto retroactivo.
Según explicaron, las escuelas debieron afrontar incrementos salariales correspondientes a diciembre y al aguinaldo sin haber contado con la posibilidad de trasladar esos mayores costos a las cuotas que abonaron las familias durante los primeros meses del año.
El secretario ejecutivo de AIEPA, Martín Zurita, explicó que el sector viene reclamando desde hace meses una compensación por esa diferencia. "Venimos reclamando el retroactivo porque en enero el Gobierno provincial cerró la paritaria de forma retroactiva a diciembre y aguinaldo y no pudimos recuperar eso oportunamente en las cuotas de diciembre, enero, febrero ni marzo", afirmó.
Para la entidad, las autorizaciones otorgadas durante 2026 quedaron por debajo de la evolución de los costos salariales y operativos. Por ese motivo, propusieron un mecanismo que permita recuperar el atraso sin trasladar todo el impacto de una sola vez a las familias.
La propuesta: repartir el aumento entre octubre y diciembre
La iniciativa presentada ante las autoridades bonaerenses consiste en prorratear el incremento pendiente durante las tres últimas cuotas del año.
Zurita ejemplificó que, en una cuota de $100.000, el monto que las instituciones consideran pendiente equivale aproximadamente al 30% de ese valor. En ese esquema, el aumento se aplicaría en tres tramos del 10% durante octubre, noviembre y diciembre.
Desde AIEPA sostienen que la propuesta busca equilibrar las cuentas de los establecimientos sin generar un impacto inmediato sobre los padres, aunque reconocen que implicaría un nuevo esfuerzo económico en un contexto donde la inflación y el incremento de otros servicios ya presionan sobre los presupuestos familiares.
El reclamo no se limita únicamente a la cuestión salarial. Desde la entidad remarcan que las escuelas privadas atraviesan un escenario financiero cada vez más complejo por la combinación de distintos factores.
Entre ellos mencionan el incremento de los costos de mantenimiento de los edificios escolares, el encarecimiento de los servicios, la morosidad en el pago de las cuotas y una caída gradual de la matrícula vinculada al descenso de la natalidad, fenómeno que comenzó a impactar con mayor fuerza en varios establecimientos bonaerenses.
La preocupación por la matrícula tiene respaldo en el informe sobre natalidad elaborado por la Subsecretaría de Planeamiento bonaerense. Los nacimientos en la Provincia pasaron de un promedio anual de 290.000 entre 2010 y 2015 a unos 150.000 en 2024. El documento proyecta que la población de 3 a 17 años caerá 8% hacia 2027 y 18% hacia 2030: serían 310.000 y 720.000 personas menos, respectivamente, respecto de 2024.
Entre 2018 y 2025, la población de tres años disminuyó en todos los distritos, con bajas de entre 6% y 53% y un promedio provincial del 38%.
La intensidad cambia según el territorio y los desplazamientos de familias hacia el segundo y tercer cordón del conurbano y localidades de la Costa. Zurita señaló que desde la pandemia se inscribieron 400.000 alumnos menos en el sistema y estimó que en 2030 ingresarían a primer grado la mitad de los chicos que lo hicieron este año.
Según Zurita, el esquema vigente de autorizaciones para actualizar los aranceles "no permite a los institutos emparejar todos los aumentos de costos y las subas salariales para docentes y personal no docente", lo que deteriora la situación económica de muchas instituciones.
Un nuevo frente en medio de la tensión educativa
El planteo de los colegios privados llega en una semana atravesada por los conflictos en el sistema educativo bonaerense.
El regreso a las aulas tras el receso invernal estuvo marcado por el paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), al que adhirieron en la provincia de Buenos Aires SUTEBA, FEB, UDOCBA, SADOP y AMET, entre otros gremios. La medida de fuerza reclamó la reapertura de la paritaria nacional docente, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), una recomposición salarial y mayores recursos para el sistema educativo.
Al mismo tiempo, el conflicto escaló por el intento del Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, de fiscalizar el cumplimiento de la prestación mínima durante la huelga.
La decisión fue rechazada por el Gobierno bonaerense, que, a través del ministro de Trabajo, Walter Correa, cuestionó la intervención nacional al considerar que los docentes provinciales son empleados públicos cuya relación laboral no está alcanzada por la Ley de Contrato de Trabajo y que la organización del sistema educativo corresponde a las competencias de la provincia.
En ese escenario, el reclamo de las escuelas privadas suma una nueva variable al complejo panorama educativo bonaerense. Mientras continúan las discusiones por el financiamiento del sistema, las paritarias y la distribución de recursos entre Nación y Provincia, ahora también quedó abierta la negociación sobre quién absorberá el costo del atraso acumulado durante el primer semestre: las instituciones o las familias.