Ley de Tierras: crece el rechazo bonaerense al proyecto de Milei
A dos días de que el Senado retome el debate, cada vez más funcionarios, legisladores, intendentes y dirigentes bonaerenses convergen en sus objeciones al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, en especial al capítulo que modifica el régimen de tierras rurales. El punto común es que la propuesta de Javier Milei, aun con los retoques que negocia La Libertad Avanza, reduciría controles sobre las compras de grandes extensiones por parte de capitales extranjeros.
La Cámara alta pasó a cuarto intermedio hasta el jueves 6 de agosto para tratar la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo. El expediente cuenta con dictámenes de mayoría y minoría, pero todavía debe atravesar el Senado antes de llegar a Diputados.
En la previa, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, busca sumar apoyos con cambios sobre tierras, expropiaciones y desalojos. El oficialismo nacional sostiene que la reforma pretende brindar seguridad jurídica, atraer inversiones y devolver a las provincias facultades regulatorias.
El 25% y la objeción territorial
La Ley 26.737 establece un máximo del 15% de titularidad extranjera en los niveles nacional, provincial y departamental o municipal. También limita al 30% la participación de una misma nacionalidad dentro de ese cupo, fija un máximo equivalente a 1.000 hectáreas por titular en la zona núcleo y protege inmuebles con cuerpos de agua permanentes.
El último borrador que circuló durante las negociaciones reemplazaría ese esquema por un techo del 25% en cada provincia, pero quitaría el tope por departamento o municipio. Para la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, esa modificación no representa una concesión: “Nos quieren vender que cedieron. Es una trampa”. Su argumento es que los recursos no se distribuyen de manera uniforme y que una firma podría concentrar tierras en áreas con agua, litio, glaciares o elevada productividad sin acercarse al porcentaje provincial.
Vilar también advirtió sobre la eliminación de la barrera de 1.000 hectáreas, el límite por nacionalidad y las protecciones específicas para lagos, ríos y otros cuerpos de agua. El texto en discusión mantendría la prohibición para Estados extranjeros y requisitos para empresas con participación estatal foránea y ciertas operaciones en zonas fronterizas.
Una protesta que suma actores
El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, sostuvo que la iniciativa “va contra la soberanía nacional” y acusó a la administración libertaria de impulsar un proceso sistemático de extranjerización. “Todos cuidan sus tierras y sus recursos naturales y Milei va a contramano del mundo”, afirmó. El Movimiento Derecho al Futuro y el PJ bonaerense convocaron a la movilización del jueves frente al Congreso, con el respaldo de Kicillof.
Desde el PTS-Frente de Izquierda, el diputado provincial Christian Castillo afirmó, sin identificar en esa intervención los estudios mencionados, que distintas encuestas ubican el rechazo entre el 70% y el 80%. “Si esto se sometiese a voto de la población, el Gobierno pierde por paliza”, aseguró, y reclamó que los senadores no den quórum.
La discusión también llegó a los municipios. En La Plata, el intendente Julio Alak convocó a una clase pública que se realizará este miércoles 5 de agosto, a las 14, en la sede del ICP, para promover el análisis y la defensa de la Ley de Tierras y la soberanía nacional, con Florencia Gómez —coautora de la norma y exdirectora del Registro Nacional de Tierras Rurales— como expositora.
A la vez, un grupo de exlegisladores de la UCR pidió al titular del comité bonaerense, Emiliano Balbín, que el partido instruya al senador nacional Maximiliano Abad y a sus diputados a votar en contra. Entre los firmantes figura el exintendente de Saladillo Carlos Gorosito.
La respuesta desde la Legislatura
En paralelo, los diputados bonaerenses Facundo Tignanelli, Noelia Saavedra y Cintia Romero impulsan un régimen provincial que conserva el 15% tanto para Buenos Aires como para cada municipio. La propuesta crea un Registro Provincial de Tierras Rurales y exige autorización previa para operaciones extranjeras en cuencas hídricas, humedales, islas, costas, reservas, cinturones hortícolas y territorios de agricultura familiar.
Los fundamentos del proyecto indican que 834.421 hectáreas bonaerenses están en manos extranjeras, equivalentes al 2,89% de la superficie rural, pero señalan concentraciones del 24,8% en Zárate y del 50,2% en Campana.
El diputado de Fuerza Patria Ariel Archanco sumó el caso de La Plata: según los datos que difundió, son 6.375 hectáreas, el 9,94% del distrito. Además, cuestionó los cambios en expropiaciones y desalojos incluidos en la iniciativa nacional.
El senador bonaerense de Fuerza Patria y vicepresidente del Frente Grande provincial, Fernando Coronel, rechazó que limitar la concentración equivalga a cerrar inversiones. “La Ley de Tierras no prohíbe que extranjeros compren tierras en la Argentina; establece límites y controles”, sostuvo, antes de dejar planteada la discusión: “¿Debe el Estado saber quién controla grandes extensiones de su territorio?”.