Licencias de conducir truchas: la escandalosa trama que sacude a San Martín y Ezeiza
La investigación derivó en allanamientos dentro de las direcciones de Tránsito de San Martín y Ezeiza, el secuestro de documentación y la detención de diez personas.
Una organización sospechada de conseguir licencias de conducir truchas quedó bajo la lupa de la Justicia federal. La investigación derivó en allanamientos dentro de las direcciones de Tránsito de San Martín y Ezeiza, el secuestro de documentación y la detención de diez personas.
Los procedimientos también alcanzaron domicilios particulares que, según la hipótesis judicial, funcionaban como puntos de intermediación para captar clientes, confeccionar documentación apócrifa y coordinar los trámites.
Entre los detenidos se encuentra un hombre de nacionalidad peruana señalado por los investigadores como presunto jefe de la estructura. Fue arrestado cuando ingresaba al país. Su responsabilidad, al igual que la del resto de los sospechosos, deberá determinarse durante el avance del expediente.
La pesquisa está a cargo de detectives de la Policía Federal Argentina y las medidas fueron ordenadas por la jueza federal María Romilda Servini, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1.
La maniobra habría sido detectada durante una investigación iniciada en 2024 sobre un ciudadano peruano sospechado de integrar una organización dedicada al narcotráfico. A partir de escuchas telefónicas autorizadas judicialmente, los investigadores habrían identificado conversaciones relacionadas con la entrega irregular de licencias. El sospechoso ofrecía el servicio y explicaba cómo acceder a los documentos sin atravesar los controles habituales.
Ese hallazgo abrió una nueva línea investigativa. Las tareas de campo, el seguimiento de los involucrados y el análisis de teléfonos y dispositivos permitieron reconstruir una estructura que operaría tanto en San Martín, municipio gobernado por Fernando Moreira, como en Ezeiza, distrito conducido por Gastón Granados.
Según la hipótesis del expediente, los interesados contactaban a gestores informales mediante WhatsApp, Facebook y recomendaciones personales. El servicio incluía la modificación del domicilio, la documentación necesaria y la tramitación del registro.
Las licencias habrían tenido un costo de entre $300.000 y $500.000. El precio variaba según la categoría solicitada y las dificultades administrativas o judiciales que presentara cada cliente.
El mecanismo de los domicilios de pantalla
Uno de los primeros pasos consistía en vincular al solicitante con una dirección dentro del municipio donde se tramitaría la licencia. Los investigadores detectaron que numerosos beneficiarios no residían en San Martín ni en Ezeiza.
Para superar ese obstáculo, la organización habría recurrido a documentos nacionales de identidad apócrifos o cambios de radicación asentados en domicilios utilizados de manera masiva. En cada municipio existiría al menos una dirección repetida entre personas que no tenían una relación real con el lugar.
Una vez acreditado el supuesto domicilio, el trámite podía continuar dentro del centro emisor correspondiente. La Justicia busca establecer si empleados o personas vinculadas con las dependencias municipales cargaban la información o facilitaban el circuito para evitar controles.
Las maniobras habrían permitido eludir exámenes médicos, evaluaciones técnicas y, en algunos casos, el registro de datos biométricos. También se investiga si fueron ignoradas inhabilitaciones, licencias revocadas o deudas por infracciones que impedían completar normalmente el trámite.
Narcos, piratas del asfalto y registros profesionales
Según informó La Nación, fuentes de la investigación sostienen que entre los beneficiarios aparecen personas acusadas de integrar organizaciones narcocriminales y bandas dedicadas al robo de mercadería en tránsito.
También se detectaron licencias profesionales, una categoría especialmente sensible porque permite conducir camiones y otros vehículos de gran porte. Los investigadores analizan si esos registros fueron utilizados para facilitar actividades vinculadas con el traslado de cargas o movimientos de organizaciones delictivas.
En paralelo, la jueza Servini dispuso la revocación de más de veinte licencias emitidas mediante los circuitos investigados en San Martín y Ezeiza. También aparecieron registros tramitados en la provincia de Corrientes, lo que abre la posibilidad de que la organización tuviera conexiones fuera del territorio bonaerense.
El número podría aumentar a medida que se analicen las bases de datos, los expedientes municipales y los dispositivos secuestrados. Una de las tareas centrales será cruzar los nombres de los beneficiarios, los domicilios declarados, las fechas de emisión y los empleados que intervinieron en cada operación.
La Justicia también deberá determinar si existió una alteración efectiva de los datos incorporados al sistema nacional o provincial y si las licencias tenían apariencia y validez oficial pese al origen fraudulento del trámite.
El uso de un DNI apócrifo o de un domicilio falso podría sumar delitos diferentes a la maniobra realizada para obtener el registro. La calificación legal dependerá de la participación atribuida a cada sospechoso y de las pruebas reunidas.
Un bar junto al municipio, bajo la lupa
En San Martín, los investigadores sospechan que una parte de la organización podría haber operado desde un bar ubicado en las inmediaciones del Palacio Municipal. Allí se habrían acordado pagos, entregas de documentación y contactos necesarios para iniciar los trámites.
La cercanía con las dependencias oficiales habría facilitado la coordinación entre gestores, solicitantes y eventuales colaboradores internos. Esa hipótesis deberá ser respaldada mediante cámaras, comunicaciones, movimientos de dinero y testimonios.
El expediente también tuvo una derivación sindical. En junio, la Policía Federal realizó un procedimiento en instalaciones del Sindicato de Trabajadores Municipales de General San Martín, conocido como Salguero 20 y conducido por Carlos De Luca. Según la información difundida por SM Noticias, una persona investigada integraría la comisión directiva de esa organización.