La avanzada privatizadora de Milei sobre AySA: municipios bonaerenses temen quedarse sin obras de agua y cloacas
La privatización de Agua y Saneamientos Argentinos entró en una etapa decisiva y abrió una discusión que excede el traspaso accionario: qué ocurrirá con las obras necesarias para llevar agua potable y cloacas a los barrios bonaerenses que todavía esperan esos servicios.
Con ese interrogante sobre la mesa, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, le pidió al gobernador Axel Kicillof que Aguas Bonaerenses S.A. participe como oferente en la licitación impulsada por el Gobierno de Javier Milei. El jefe comunal pretende que la Provincia intervenga en la disputa por el control de una empresa estratégica para el Área Metropolitana de Buenos Aires.
El planteo aparece a pocos días de la fecha fijada para recibir las ofertas. El cronograma oficial establece que el 27 de agosto se realizará la apertura de la primera etapa del procedimiento, en la que se evaluarán los antecedentes técnicos, financieros, patrimoniales y legales de quienes busquen quedarse con el manejo de la compañía.
“Me preocupa que, en caso de privatizarse AySA, no se realicen las obras necesarias para ampliar la cobertura y garantizar el acceso al agua potable y las cloacas a todos los bonaerenses, teniendo en cuenta que las principales inversiones históricamente fueron realizadas por el Estado nacional”, sostuvo el intendente.
El reclamo tiene una dimensión concreta para Esteban Echeverría, uno de los 26 municipios bonaerenses comprendidos dentro del área de concesión. “Todavía necesita infraestructura para acompañar su crecimiento y mejorar las condiciones de vida de miles de familias”, remarcó Gray.
ABSA presta servicios de agua y saneamiento en gran parte del territorio provincial, fuera del área metropolitana atendida por AySA. Una eventual presentación exigiría evaluar su capacidad económica, técnica y operativa para afrontar una licitación de esta magnitud, además de definir el respaldo político y financiero de la administración bonaerense.
El 90% de las acciones cambia de manos
La Resolución 704/2026 del Ministerio de Economía autorizó una licitación pública nacional e internacional, sin precio base, para vender a un operador estratégico la totalidad de las acciones de AySA que pertenecen al Estado nacional. Ese paquete representa el 90% del capital social; el 10% restante continuará en poder de los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada.
Tal como publicó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostiene que la llegada de capital privado permitirá aumentar las inversiones, mejorar la calidad del servicio y extender la infraestructura.
El nuevo contrato contempla una concesión por 30 años, con posibilidad de prórroga por otra década. Aunque jurídicamente se transferirán las acciones, AySA conservará la condición de concesionaria; el cambio sustancial será que las decisiones de la empresa quedarán en manos del operador que resulte adjudicado.
El Gobierno nacional busca que la compañía funcione bajo un modelo de autosustentabilidad, en el que sus gastos operativos y sus proyectos sean financiados principalmente con los ingresos obtenidos mediante las tarifas, sin asistencia corriente del Tesoro.
La principal objeción formulada desde Esteban Echeverría se concentra en el destino de las inversiones. Según la documentación presentada por Gray ante el Ejecutivo bonaerense, durante los primeros diez años se priorizarían el mantenimiento y la renovación de las instalaciones existentes por encima de la ampliación territorial.
El escrito sostiene que las principales intervenciones estructurales para extender el sistema metropolitano quedarían para etapas posteriores y que la universalización del acceso no estaría contemplada dentro de los 30 años iniciales de concesión. Se trata de una interpretación incluida en la presentación municipal, que deberá contrastarse con los compromisos definitivos que asuma el futuro operador.
En 2023, este medio había informado sobre el Plan de Mejoras, Operación, Expansión y Mantenimiento de AySA 2024-2028, presentado entonces ante los intendentes del área de concesión. Aquella planificación colocaba la extensión de las redes entre sus objetivos centrales y mostraba el peso que tiene la coordinación entre la empresa, la Nación y los municipios.
Más de once millones de usuarios bajo el nuevo esquema
AySA abastece de agua potable a 11.473.228 personas y brinda servicios cloacales a 9.664.009, de acuerdo con los datos institucionales citados en la presentación. Su área comprende la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del Conurbano.
Esa escala convierte la privatización en una de las operaciones más sensibles del programa de Milei. No se trata únicamente de la titularidad de una empresa: están en juego la fijación de prioridades, el financiamiento de obras y la velocidad con la que podrán incorporarse nuevas viviendas al sistema.
La preocupación municipal apunta especialmente a los sectores donde extender una red implica costos elevados y una recuperación económica más lenta. El riesgo señalado es que un administrador privado concentre sus recursos en las zonas ya cubiertas o con mayor capacidad de pago, mientras los proyectos menos rentables quedan sujetos a futuras negociaciones con el Estado.
Tarifas, cortes y cuestionamientos judiciales
El nuevo marco regulatorio habilita la interrupción del suministro cuando un usuario residencial acumule una mora superior a 60 días. Para los usuarios no residenciales, el plazo se reduce a 15 días, siempre después de la intimación correspondiente.
Esa posibilidad generó cuestionamientos de organizaciones sociales y ambientales, que advierten que el acceso al agua potable está directamente relacionado con la salud y las condiciones esenciales de vida y no puede depender exclusivamente de la capacidad económica de cada hogar.
La Defensoría del Pueblo bonaerense, conducida por Guido Lorenzino, llevó el conflicto a la Justicia. El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N.º 2 de La Plata dictó una cautelar de no innovar que ordenó a AySA abstenerse de reducir o alterar sus obligaciones operativas, de infraestructura, saneamiento y protección ambiental en los 26 municipios alcanzados.
La resolución no anula por sí misma la licitación, pero busca impedir que el proceso derive en recortes, postergaciones de obras o menores controles sobre la calidad del servicio mientras se resuelve la cuestión de fondo. El Gobierno nacional apeló la medida y objetó la competencia de la Justicia provincial.