¿Patrimonio o negocio? Senadores oficialistas le ponen un freno a Milei por el turismo social
La disputa entre la provincia de Buenos Aires y el Gobierno de Javier Milei por el destino de un patrimonio histórico entró en una fase decisiva. La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado bonaerense emitió dictamen favorable al proyecto que busca recuperar para el Estado provincial la titularidad y administración de la Unidad Turística Chapadmalal.
El avance dejó la iniciativa en condiciones de llegar al recinto, aunque su futuro continúa rodeado de interrogantes. Mientras Fuerza Patria sostiene que el complejo debe conservar su función social, La Libertad Avanza y el PRO afirman que la Legislatura bonaerense no tiene facultades para avanzar sobre inmuebles pertenecientes al Estado nacional.
El proyecto sostiene que las decisiones adoptadas por la administración nacional alteraron el fin social para el cual fue creado el complejo. Por ese motivo, propone incorporarlo al patrimonio histórico y social bonaerense y afectarlo exclusivamente a programas de turismo social.
“Presentamos esta ley porque busca preservar y proteger una historia de turismo social y beneficio para los trabajadores en el complejo de Chapadmalal”, afirmó la senadora de Fuerza Patria, Fernanda Raverta, durante su exposición ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
La legisladora, referente de La Cámpora en la Quinta sección electoral y autora del proyecto, resumió su posición con una definición directa: “Chapadmalal no se vende. Es patrimonio de los argentinos y tiene que seguir cumpliendo la función para la que fue construido”.
El texto también establece que cualquier concesión o transferencia que no garantice ese destino social no podrá ser opuesta por la Nación frente a la Provincia. Ese artículo aparece como uno de los puntos más controvertidos, debido a que pretende limitar los efectos de decisiones administrativas tomadas por el Gobierno federal.
El avance en el Senado y los votos en contra
El despacho favorable fue aprobado durante una reunión encabezada por el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Federico Fagioli, senador de Fuerza Patria. El oficialismo impuso su mayoría y consiguió enviar el expediente al siguiente tramo del procedimiento legislativo.
La Libertad Avanza y el PRO presentaron un dictamen de minoría. Los senadores Florencia Arietto y Analía Balaudo, del bloque libertario, y Jorge Schiavone, del PRO, rechazaron la propuesta con el argumento de que una ley provincial no puede desconocer actos dictados por autoridades nacionales.
La oposición también sostuvo que los antecedentes históricos del complejo no alcanzan para acreditar que la Provincia posea actualmente un derecho patrimonial sobre los inmuebles.
Raverta sostiene que la iniciativa no apunta solamente a discutir la titularidad de un conjunto de edificios. El planteo busca preservar una política pública que durante décadas permitió que trabajadores, jubilados, estudiantes y familias de bajos ingresos accedieran a vacaciones en la costa atlántica.
“Chapadmalal nació para que conocer el mar y tener vacaciones no fuera un privilegio. Queremos que vuelva a ser eso: un lugar abierto para las familias que, de otro modo, no podrían acceder”, afirmó la senadora.
Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el Gobierno de Axel Kicillof relanzó en 2025 su programa de turismo social y colocó la recuperación del complejo entre los objetivos de esa política. La administración bonaerense ya había solicitado formalmente a la Nación la cesión del predio.
El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, había vinculado ese pedido con la caída de la actividad turística y la necesidad de sostener alternativas para los sectores que perdieron capacidad de consumo.
El plan de concesión que encendió la pelea
La Unidad Turística Chapadmalal dejó de recibir visitantes en 2024. Posteriormente, el Gobierno nacional modificó el esquema normativo vinculado con el turismo social y transfirió el predio a la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado.
A comienzos de 2026, la administración libertaria comunicó su intención de concesionar a particulares los nueve hoteles por un plazo de 30 años. El argumento oficial es que la participación privada permitiría restaurar los edificios, mejorar sus instalaciones y volver a ponerlos en funcionamiento.
El oficialismo bonaerense rechaza esa salida porque considera que la rentabilidad podría desplazar el objetivo original. “El Gobierno nacional ve hoteles para entregarles a privados. Nosotros vemos un patrimonio que hay que recuperar, cuidar y volver a poner en funcionamiento”, cuestionó Raverta.
El proyecto provincial no rechaza únicamente una eventual venta. También busca impedir cualquier explotación privada que, aun bajo la forma de una concesión temporal, se aparte del turismo social.
Un dirigente del PRO llega a un organismo decisivo
El avance legislativo coincidió con un cambio relevante dentro de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Mediante el Decreto 755/2026, Milei designó al abogado Joaquín Sánchez Charró como vicepresidente del organismo.
Sánchez Charró tiene 33 años y fue concejal de Juntos por el Cambio en General Alvarado entre 2021 y 2025. Su nombramiento rige desde el 1° de agosto y reemplaza a Bárbara Yael Pintelos, cuya renuncia fue aceptada con efecto desde el 31 de marzo.
La designación fue firmada por Milei y por el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Antes de desembarcar en la AABE, Sánchez Charró había sido nombrado transitoriamente director de Coordinación y Trámites de Frontera del Ministerio del Interior.
Su llegada adquiere importancia porque la Agencia administra los inmuebles del Estado nacional y tendrá intervención directa en cualquier definición sobre el futuro del complejo.