Piden investigar a Caputo y Cerimedo por una empresa vinculada a la Hidrovía
Una denuncia penal pidió investigar al ministro de Economía, Luis Caputo; al titular de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Arreseygor; y al empresario Fernando Cerimedo por presuntas irregularidades relacionadas con las autorizaciones otorgadas a Sanabria S.R.L. para operar en la Hidrovía.
La presentación fue realizada por Alejandro Sebastián Díaz Pascual y plantea que pudo haber existido un tratamiento privilegiado a favor de la firma. También solicita que se determine la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.
Las calificaciones legales son provisorias y deberán ser precisadas a partir de la investigación. La denuncia también comprende a cualquier otra persona que pudiera resultar responsable durante el avance de la causa.
La participación de una sociedad vinculada a Cerimedo
El planteo judicial pone el foco en la incorporación de Surlibre Inversiones S.A. a Sanabria S.R.L. De acuerdo con la documentación mencionada en la presentación, la sociedad adquirió 150 de las 500 cuotas sociales de la empresa, equivalentes al 30% de su capital.
La composición societaria quedó distribuida entre Iván Alberto Sanabria, con 200 cuotas; Sergio Ezequiel Amarilla, con 150; y Surlibre Inversiones, con otras 150.
La denuncia sostiene que Surlibre está vinculada con Fernando Cerimedo y que su incorporación a Sanabria se produjo durante 2024. Después de ese movimiento societario, la firma habría obtenido en un plazo reducido las autorizaciones requeridas para desarrollar actividades en el río.
Sanabria, radicada en Puerto General San Martín, se dedicaba originalmente a actividades relacionadas con una guardería náutica. Luego reconvirtió su operatoria para prestar servicios navales en la Hidrovía, entre ellos el suministro de combustible diésel a remolcadores de barcazas.
Las autorizaciones que quedaron bajo la lupa
Uno de los objetivos de la denuncia es determinar cómo intervinieron los organismos nacionales encargados de habilitar este tipo de actividades. El escrito señala especialmente a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, responsable de áreas vinculadas con los puertos, las vías navegables y el transporte fluvial y marítimo.
El organismo está encabezado por Arreseygor, quien asumió en mayo de 2024 al frente del área de Puertos y Vías Navegables. La presentación pide analizar la secuencia temporal entre su llegada, la incorporación de Surlibre a Sanabria y las autorizaciones cuestionadas.
La denuncia también incluye a Caputo porque el área portuaria se encontraba vinculada al Ministerio de Economía. El planteo pretende establecer si existió una intervención o conocimiento de la conducción económica sobre las decisiones administrativas adoptadas.
El denunciante solicita determinar si, luego del ingreso de la sociedad relacionada con Cerimedo, funcionarios públicos facilitaron que Sanabria accediera en condiciones excepcionalmente favorables a una actividad que necesitaba habilitaciones estatales.
El pedido para reconstruir el trámite administrativo
La presentación plantea como hipótesis que determinados requisitos pudieron haber sido omitidos, flexibilizados o tramitados de manera excepcional. También pide investigar si algunas intervenciones administrativas fueron aceleradas.
Para reconstruir el procedimiento, el denunciante solicitó incorporar todos los expedientes relacionados con Sanabria. Busca conocer qué funcionarios participaron, qué condiciones fueron exigidas, qué informes se produjeron y quiénes autorizaron la operatoria.
Además, pidió comparar los plazos aplicados con los de otras empresas del sector para establecer si existió un trato diferente. El escrito también señala una posible diferencia entre las actuaciones nacionales y municipales: Sanabria tendría documentación pendiente para completar su habilitación local en Puerto General San Martín.
Qué medidas de prueba fueron solicitadas
La denuncia requiere que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación entregue las actuaciones, solicitudes, informes y antecedentes relacionados con las autorizaciones otorgadas a la firma.
También solicita información a la Inspección General de Justicia, la Municipalidad de Puerto General San Martín, la Prefectura Naval Argentina, la Secretaría de Transporte, ARCA, la Unidad de Información Financiera, la Oficina Anticorrupción y la SIGEN.
Entre las medidas requeridas figura, además, la documentación societaria de Sanabria y Surlibre, incluida la operación mediante la cual esta última adquirió el 30% de la empresa. El pedido abarca el origen de los fondos empleados y las comunicaciones que pudieran haberse mantenido con funcionarios públicos.
La presentación busca finalmente que se produzcan las pruebas solicitadas y sean citadas las personas denunciadas. Será la Justicia la que deberá determinar si existieron irregularidades y establecer las eventuales responsabilidades.