Baches, accidentes y obras frenadas: radiografía del conflicto vial que enfrenta a la Provincia con Milei y Caputo
El deterioro de las rutas nacionales que atraviesan la provincia de Buenos Aires sumó una nueva escena: un camión volcado, una calzada dañada y un trabajador que, después de cinco décadas al volante, consiguió salir ileso de un accidente.
El episodio ocurrió sobre la Ruta Nacional 3 y fue registrado durante una recorrida de la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, quien volvió a apuntar contra el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, por el estado de los corredores y el destino de los recursos recaudados mediante el impuesto a los combustibles.
“Vidas en riesgo porque Caputo desvía los fondos de las rutas”, denunció la legisladora. Según relató, durante el trayecto se encontró con Carlos, un camionero con 50 años de experiencia que había salido con vida “de milagro” después de sufrir un siniestro.
“Cualquiera que transite la RN3 se va a encontrar con un accidente porque la calzada está destruida y el Gobierno nacional no la arregla”, afirmó. Luego vinculó la falta de mantenimiento con el uso que la administración libertaria estaría dando a los recursos del Sistema Vial Integrado (Sisvial).
La recorrida también tuvo un objetivo judicial: convocar a los usuarios de las rutas bonaerenses a incorporarse al amparo colectivo que reclama la aplicación de esos fondos al mantenimiento y la reactivación de las obras paralizadas.
El amparo avanzó, pero todavía no ordenó las obras
La causa fue iniciada por Tolosa Paz contra el Ministerio de Economía, la Dirección Nacional de Vialidad y el Banco Nación. El planteo pretende alcanzar a todas las personas que utilizan o podrían utilizar las rutas nacionales ubicadas dentro del territorio bonaerense.
El expediente quedó radicado ante el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N.º 2 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, bajo el número 35.671/2026.
La Justicia habilitó su tramitación como proceso colectivo, dispuso su inscripción en el registro correspondiente de la Corte Suprema y solicitó informes al Ministerio de Economía, Vialidad Nacional y el Banco Nación.
La resolución constituye un avance procesal para los demandantes, pero todavía no representa una sentencia definitiva ni una orden general para reanudar todas las obras. El juez admitió el trámite y exigió respuestas a los organismos nacionales antes de resolver la medida cautelar solicitada.
Economía, Vialidad y el Banco Nación fueron intimados a presentar un primer informe en tres días sobre el pedido cautelar y otro, dentro de un plazo de diez días, para responder los argumentos centrales del amparo.
El reclamo busca que las dependencias demandadas adopten medidas “inmediatas y coordinadas” para cumplir las obligaciones asumidas sobre la infraestructura vial nacional en la provincia de Buenos Aires.
El centro del conflicto no es solamente la paralización de las obras. También se discute qué ocurrió con los recursos recaudados específicamente para financiar rutas. El Sisvial recibe una porción del impuesto a los combustibles líquidos y forma parte del fideicomiso creado para sostener trabajos de infraestructura y mantenimiento del transporte.
Tolosa Paz sostiene que durante el gobierno de Milei tres de cada cuatro pesos ingresados al sistema fueron colocados en bonos, títulos u otros instrumentos financieros, en lugar de destinarse a los corredores nacionales.
La diputada estimó en $1,5 billones el monto que debería haberse aplicado a la red vial bonaerense. Esa cifra forma parte de su presentación y deberá ser contrastada con la documentación que aporten los organismos demandados: todavía no constituye una determinación judicial sobre una deuda consolidada con la Provincia.
“Mientras te dibujan el superávit fiscal, hay familias y trabajadores que ponen sus vidas en riesgo todos los días”, cuestionó durante su recorrido por la Ruta 3.
Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, ya había acusado al Gobierno nacional de colocar los recursos viales en inversiones financieras. “Los está timbeando”, sostuvo el funcionario al reclamar que la recaudación vuelva a las obras para las cuales fue creada.
La discusión expone una de las claves del superávit fiscal defendido por la Casa Rosada. La Provincia y los municipios sostienen que una parte del equilibrio de las cuentas nacionales se obtiene demorando gastos de infraestructura financiados con recursos afectados.
La Ruta 3, entre los baches y las órdenes judiciales
La Ruta Nacional 3 conecta el Área Metropolitana con buena parte del centro y el sur bonaerense. Por allí circulan trabajadores, transportistas, turistas, ambulancias y gran parte de la producción agropecuaria e industrial.
El tránsito pesado, la falta de mantenimiento y las obras inconclusas deterioraron distintos sectores. Los reclamos se concentran tanto en la autovía pendiente entre Cañuelas y Azul como en tramos donde los baches, hundimientos y deformaciones obligan a realizar maniobras peligrosas.
La situación ya motivó otra intervención judicial, diferente del amparo colectivo promovido por Tolosa Paz. La Cámara Federal de Mar del Plata ordenó a Vialidad Nacional y Corredores Viales realizar tareas urgentes entre Azul y Cacharí, luego de que se documentaran once siniestros en seis meses.
El tribunal estableció un plazo de 120 días para ejecutar medidas de emergencia y exigió un cronograma de intervención. Las tareas contemplan señalización, balizas, advertencias para reducir la velocidad y reparaciones en los sectores más comprometidos.
También dispuso informes mensuales con fotografías y registros audiovisuales para controlar los avances. No se trata de la reconstrucción integral del corredor, sino de acciones inmediatas destinadas a reducir el riesgo mientras se discute una solución estructural.
La existencia de dos expedientes diferentes muestra la dimensión del conflicto. Uno apunta a un sector concreto de la Ruta 3 donde la Justicia ya ordenó medidas urgentes. El otro intenta abarcar la totalidad de la red nacional situada en Buenos Aires y discutir el destino de los fondos viales.
El deterioro no se limita a la Ruta 3. Intendentes y usuarios vienen denunciando problemas similares en las rutas nacionales 5, 7, 8, 33, 188, 205, 226 y 228, entre otros corredores estratégicos.
Los reclamos incluyen baches, huellas profundas, banquinas descalzadas, señalización insuficiente, iluminación deficiente, obras paralizadas y dificultades para circular durante lluvias o en horarios nocturnos.
En Carlos Casares, el intendente Daniel Stadnik describió la Ruta 5 como la “ruta de la muerte”. En una entrevista con este medio, afirmó que durante el primer semestre de 2026 se registraron más de 200 accidentes y 21 víctimas fatales sobre ese corredor.
Stadnik advirtió a GRUPOLAPROVINCIA.COM que la falta de una autovía expone diariamente a quienes viajan entre el oeste bonaerense y el Área Metropolitana. El tramo concentra circulación particular, transporte de cargas, maquinaria y micros de larga distancia.
La paralización de las obras entre Mercedes y Bragado ocupa el centro de la controversia. Los municipios reclaman completar la transformación en autovía y realizar trabajos inmediatos de conservación mientras se define el futuro del proyecto.
El intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate, también cuestionó el estado de las rutas nacionales y advirtió que el abandono afecta la actividad económica, la seguridad y la conectividad del interior.
El distrito es atravesado por las rutas nacionales 3 y 228, dos vías fundamentales para trasladar cereales, hacienda, insumos y producción industrial hacia distintos puertos y centros de consumo.
Garate sostuvo ante GRUPOLAPROVINCIA.COM que los municipios terminan afrontando consecuencias de decisiones tomadas por la Nación. Aunque no tienen competencia legal para intervenir sobre las calzadas nacionales, los gobiernos locales deben asistir en los accidentes, atender emergencias y responder a los vecinos.
El mal estado genera además costos menos visibles. Los transportistas deben reducir la velocidad, realizar desvíos o asumir mayores gastos por roturas. Las ambulancias tardan más en trasladar pacientes y las empresas enfrentan dificultades para calcular tiempos de entrega.
Para los municipios turísticos, la situación puede desalentar visitas. En los distritos productivos, incrementa el costo logístico y reduce competitividad. En todos los casos, eleva el riesgo vial.
Nación apuesta a concesionar, pero las obras no llegan
El Gobierno de Milei sostiene que el modelo tradicional de obra pública fracasó y busca transferir al sector privado la operación de distintos corredores mediante concesiones y cobro de peajes. La administración nacional avanzó con etapas de la denominada Red Federal de Concesiones, un esquema que pretende entregar miles de kilómetros a operadores privados para su conservación y explotación.
El problema es el período de transición. Mientras se diseñan licitaciones, se adjudican tramos y se definen peajes, las rutas continúan deteriorándose. Intendentes y legisladores reclaman que el cambio de modelo no suspenda las obligaciones actuales de Vialidad Nacional.
También plantean que la concesión futura no explica por qué los recursos ya recaudados a través del impuesto a los combustibles no se aplicaron al mantenimiento urgente.
La Casa Rosada argumenta que heredó contratos, proyectos y organismos ineficientes. Sus críticos responden que la revisión administrativa no habilita al Estado a desatender corredores que permanecen bajo jurisdicción nacional y por los cuales circulan millones de personas.
En este contexto, el gobierno de Axel Kicillof expresó en distintas oportunidades su disposición a asumir o ejecutar obras sobre rutas nacionales, pero exige una transferencia formal de las trazas y de los recursos correspondientes.
Sin ese procedimiento, Buenos Aires no puede intervenir libremente sobre caminos que pertenecen al Estado nacional. Tampoco puede financiar de manera permanente una red ajena sin afectar las obras provinciales.
La discusión ya tuvo antecedentes en otras jurisdicciones. La Nación acordó transferencias o mecanismos específicos con algunas provincias, mientras Buenos Aires reclama un trato equivalente para los corredores más deteriorados.
Katopodis sostiene que el abandono vial forma parte de una decisión política: mostrar equilibrio fiscal mediante la paralización de inversiones y trasladar las consecuencias a las provincias, los municipios y los usuarios.
Desde el Gobierno nacional, en cambio, rechazan que todo el dinero recaudado deba distribuirse automáticamente en función del origen geográfico del impuesto y defienden la reorganización del sistema.