Apuestas online: la Provincia activa un aporte millonario mientras crece la discusión política por la ludopatía
El gobierno de Axel Kicillof puso en marcha un aporte del 2% sobre determinados premios de las apuestas online legales en la provincia de Buenos Aires, con una expectativa oficial de sumar entre $35.000 y $40.000 millones por mes.
La decisión incorpora una nueva fuente de recursos para salud, educación y desarrollo social y llega mientras la problemática de la ludopatía, especialmente entre adolescentes y jóvenes, gana espacio en la agenda pública y acumula proyectos de distintos bloques en la Legislatura bonaerense.
La medida fue anunciada este lunes por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, junto al presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, Gonzalo Atanasof.
Según explicaron, fue instrumentada mediante la Resolución 1149/2026, firmada el 1° de septiembre, y alcanzará a los premios derivados de apuestas sucesivas en los denominados juegos de resolución inmediata: básicamente, las tragamonedas o slots digitales disponibles en las siete plataformas autorizadas para operar en territorio bonaerense.
La medida fue anunciada este lunes por Bianco y Atanasof en conferencia de prensa.
El alcance tiene un límite que resulta central para entender la decisión: no se aplica, por ahora, a las apuestas deportivas ni hípicas. Tampoco implica que las empresas paguen directamente un nuevo 2% sobre toda su facturación. La legislación establece que los apostadores beneficiados por esos premios son los sujetos alcanzados, mientras los operadores deben ingresar el dinero como responsables sustitutos.
Una herramienta que estaba en la ley desde 2018
Aunque su aplicación sobre los slots online comienza ahora, el instrumento no nació con la actual administración. La Ley 15.079, sancionada a fines de 2018 durante el gobierno de María Eugenia Vidal, creó el Fondo de Progreso e Inclusión Social (FOPIS), reguló el juego online bonaerense y estableció un aporte de entre el 1% y el 3% sobre los premios resultantes de apuestas sucesivas en juegos de resolución inmediata. La Provincia fijó ahora la alícuota para esta modalidad digital en el 2%.
El FOPIS fue concebido para financiar programas de Salud, Educación y Desarrollo Social. Ese destino marca también el argumento con el que la administración de Kicillof presentó la decisión: capturar una parte del movimiento económico generado por las apuestas para volcarla a políticas públicas y, entre ellas, sostener las herramientas de prevención y tratamiento de los consumos problemáticos.
La proyección es considerable. Bianco calculó ingresos adicionales de entre $35.000 millones y $40.000 millones mensuales. Se trata, por ahora, de una estimación oficial y no de recaudación ya concretada, cuyo resultado dependerá del volumen de premios alcanzados por el nuevo esquema.
Las siete licencias legales vigentes fueron habilitadas dentro del régimen establecido por la Ley 15.079. El Instituto de Lotería recuerda que únicamente las plataformas autorizadas pueden operar legalmente y que sus dominios deben terminar en .bet.ar. Además, el acceso está prohibido a menores de 18 años.
Del aporte a la prevención
El nuevo ingreso aparece en medio de una política que la Provincia viene ampliando frente al crecimiento del juego problemático. Una de las primeras herramientas para dimensionar el fenómeno fue la Encuesta de Bienestar Digital, realizada sobre más de 90.000 estudiantes y presentada a fines de 2024. A partir de ese diagnóstico, el Ejecutivo desplegó una mesa interministerial y un programa específico de prevención y abordaje.
Entre las medidas se encuentran la campaña “Viciar con las apuestas, NO DA”, controles de identidad, acciones de atención sanitaria y un sistema biométrico para las plataformas reguladas. Según informó Bianco, también se realizaron más de 800 denuncias contra operadores ilegales y se reportaron más de 100 influencers por promocionar páginas no autorizadas.
El problema, sin embargo, excede ampliamente a las siete compañías reguladas. En julio, una investigación de la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos de San Isidro derivó en la orden de bloqueo de 537 sitios de apuestas ilegales.
Lotería advirtió entonces que esas páginas carecían de controles suficientes de identidad y podían facilitar el acceso de menores. Un mes después, el organismo denunció incluso plataformas clandestinas que copiaban la estética de sitios autorizados para captar usuarios.
El Mundial volvió a exponer la dimensión del fenómeno. Una investigación del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo bonaerense registró durante la final entre Argentina y España un aumento del 6.200% en las búsquedas digitales de plataformas de apuestas y del 350% en el interés por los juegos online. El trabajo también detectó una fuerte presencia de usuarios inexpertos reaccionando de manera impulsiva durante los partidos.
La propia Lotería reforzó durante la competencia sus campañas dirigidas a familias, jóvenes y adolescentes. Atanasof sostuvo que se trata de un fenómeno “multidimensional” y puso el acento en la detección temprana de conductas que muchas veces se desarrollan íntegramente desde un teléfono celular.
Una Legislatura con varios proyectos sobre la mesa
La decisión administrativa convive con otra discusión que se desarrolla en la Legislatura: hasta dónde debe llegar la regulación del juego digital. La Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía de Diputados tiene actualmente iniciativas presentadas por UCR, Fuerza Patria, Coalición Cívica, Unión y Libertad y Nuevos Aires, con propuestas que van desde restricciones publicitarias y campañas de prevención hasta modificaciones profundas del esquema vigente.
Uno de los planteos más fuertes pertenece al diputado Ricardo Lissalde, de Fuerza Patria. El expediente D-867/26-27 propone directamente derogar el Título VIII de la Ley 15.079, que regula el juego online, y crear un Programa Provincial de Prevención de la Ciberludopatía Infantil y Juvenil. El proyecto ingresó en marzo y fue girado en junio a la comisión específica, además de Legislación General y Presupuesto e Impuestos.
Otros textos buscan regular la publicidad y promoción de apuestas, endurecer controles para niños y adolescentes, establecer mecanismos de asistencia psicológica y sanitaria o modificar la misma Ley 15.079. El abanico parlamentario muestra que el tema atraviesa a oficialismo y oposición y que no existe una única respuesta política frente a la expansión del negocio digital.
El Ejecutivo bonaerense, por ahora, eligió sostener el esquema regulado, intensificar los controles sobre el circuito ilegal y vincular parte de los recursos generados por los juegos habilitados con políticas sociales y de prevención.
Al anunciar el nuevo aporte, Bianco volvió a ubicar esas decisiones dentro del trabajo que viene realizando la mesa interministerial: “Nos va a permitir mantener varias acciones que tenemos desde la creación de la mesa para abordar el tema de la ludopatía”.