Juego online: la medida que abrió resistencias internas y sumó críticas opositoras a Kicillof
La decisión del gobierno de Axel Kicillof de comenzar a cobrar un aporte del 2% sobre determinados premios de las apuestas online abrió un frente político que excede la discusión recaudatoria. A los cuestionamientos de la oposición se sumaron reparos dentro del propio oficialismo bonaerense por el impacto que la medida podría tener sobre los jugadores y las plataformas legales, en un mercado atravesado por el crecimiento del circuito clandestino y el debate por la ludopatía.
La medida fue instrumentada a través de la Resolución 1149/2026 del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, que conduce Gonzalo Atanasof. Alcanza a los premios derivados de apuestas sucesivas en los denominados juegos de resolución inmediata, principalmente slots o tragamonedas digitales, dentro de las siete plataformas autorizadas para operar en territorio bonaerense.
Aunque distintas repercusiones la presentaron como un nuevo impuesto, el instrumento tiene un antecedente que resulta central para entender el alcance de la decisión. La Ley 15.079, sancionada en 2018 durante la gestión de María Eugenia Vidal, ya había establecido un aporte de entre el 1% y el 3% sobre ese tipo de premios. La administración de Kicillof fijó ahora en 2% la alícuota aplicable a esta modalidad de juego online.
Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM al conocerse la decisión, la estimación oficial es sumar entre $35.000 millones y $40.000 millones mensuales. Los recursos ingresarán al Fondo de Progreso e Inclusión Social (FOPIS), destinado a programas de salud, educación y desarrollo social.
Los reparos que aparecieron dentro del oficialismo
La implementación, sin embargo, no habría transitado sin discusiones dentro de la administración provincial. Fuentes vinculadas al funcionamiento de Lotería señalaron que la iniciativa impulsada por Atanasof encontró respaldo del Ministerio de Economía que conduce Pablo López, a través de su jefe de Gabinete, Facundo Bocco, pero también generó objeciones entre funcionarios cercanos a Kicillof.
Los reparos combinan argumentos políticos y económicos. Uno apunta directamente al sujeto alcanzado: el 2% se descuenta sobre determinados premios obtenidos por el jugador, por lo que dentro del oficialismo habría quienes consideran que puede tratarse de una medida antipática para los apostadores.
El segundo interrogante alcanza al funcionamiento del mercado. Tanto desde sectores de la industria como desde algunos espacios del gobierno provincial advierten sobre la posibilidad de que el nuevo descuento reduzca el atractivo de las plataformas reguladas y termine favoreciendo indirectamente al juego clandestino, que opera por fuera de los mecanismos de control estatal.
Ese riesgo no es menor. La Provincia informó más de 800 denuncias contra operadores ilegales, mientras una intervención judicial reciente permitió bloquear 537 sitios que funcionaban de manera clandestina. También fueron reportados más de cien influencers que promocionaban páginas no autorizadas. Las plataformas legales, en cambio, deben operar bajo dominios terminados en .bet.ar y aplicar controles de identidad que impiden formalmente el acceso de menores de 18 años.
Desde el sector empresario también aparecen advertencias sobre una posible judicialización. Fuentes de la actividad sostienen que la aplicación de la normativa contiene aspectos discutibles y recuerdan la existencia de un antecedente cautelar vinculado con el juego físico. Por eso proyectan que podrían surgir presentaciones similares contra el esquema aplicado ahora a los premios online.
La UCR cuestiona el enfoque sobre la ludopatía
La discusión también llegó a la Legislatura bonaerense. El presidente del bloque UCR + Cambio Federal en Diputados, Diego Garciarena, cuestionó que la Provincia presente la medida en el marco de las políticas contra el juego problemático y sostuvo que la respuesta debería concentrarse en controles más estrictos.
“El Estado no puede hacer negocios con un problema que debería estar combatiendo”, planteó el legislador, quien afirmó que la ludopatía, particularmente entre niños, adolescentes y adultos mayores, constituye un problema social e intrafamiliar antes que una cuestión tributaria.
En una nueva publicación, Garciarena profundizó este martes sus críticas y enumeró entre los problemas asociados al fenómeno los suicidios, la afectación de la salud mental, el endeudamiento, los conflictos intrafamiliares, el juego ilegal, el acceso de menores a sitios de apuestas y billeteras virtuales y el “desborde publicitario”.
Frente a ese escenario, cuestionó que la respuesta oficial sea aplicar el aporte del 2% sobre determinados premios para financiar programas de salud y educación y acusó al Gobierno bonaerense de privilegiar la recaudación antes que establecer mayores límites y controles.
El planteo se conecta con iniciativas que el radical viene impulsando desde 2024 para incorporar sistemas de validación biométrica, regular la publicidad de las plataformas y modificar la Ley 15.131 de prevención del juego compulsivo con nuevas herramientas de asistencia y abordaje psicológico, social y sanitario.
La discusión parlamentaria es más amplia que el cuestionamiento de la UCR. La Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía tiene iniciativas de bloques oficialistas y opositores que van desde mayores restricciones publicitarias y controles para impedir el acceso de menores hasta cambios profundos en la regulación vigente. Entre ellas figura incluso un proyecto para derogar el título de la Ley 15.079 que habilitó el juego online en la Provincia.
Entre la recaudación y el control del juego ilegal
El gobierno bonaerense defiende otro enfoque. Carlos Bianco vinculó los nuevos recursos con la continuidad de programas de salud, educación y desarrollo social y con las políticas que la Provincia viene desplegando frente a la ludopatía. Entre ellas enumeró controles biométricos, campañas preventivas, denuncias contra operadores clandestinos y acciones sanitarias de asistencia.
La controversia abre así dos discusiones simultáneas. Una transcurre dentro de la administración provincial y gira alrededor de las consecuencias económicas y políticas de cobrar el aporte directamente sobre los premios. La otra enfrenta al Ejecutivo con sectores opositores que reclaman poner el foco en las causas y los controles antes que en la recaudación.
En el medio queda el interrogante sobre el circuito clandestino: mientras la Provincia busca obtener nuevos recursos de las siete plataformas que funcionan bajo regulación estatal, las advertencias internas y empresarias ponen bajo discusión si aumentar el costo para los jugadores del mercado legal puede terminar ampliando la distancia con un universo ilegal que ya obligó a bloquear cientos de sitios.