Régimen penal juvenil: la escalada judicial y política, la ofensiva contra la jueza y la respuesta bonaerense
El conflicto por el nuevo Régimen Penal Juvenil sumó este martes un capítulo que va más allá de la discusión por la infraestructura bonaerense. Horas después de que quedara suspendida durante 60 días la aplicación de la Ley 27.801 en la provincia de Buenos Aires, fiscales de distintos departamentos judiciales anticiparon que seguirán aplicando la norma, la jueza Marta Elba Pascual fue denunciada penalmente y La Libertad Avanza anunció que avanzará con un pedido de juicio político para intentar removerla.
El escenario, así, incorporó una discusión concreta sobre el alcance de la resolución dictada por la titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora. El fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, señaló que no había recibido una notificación oficial que suspendiera la ley y sostuvo que en su departamento judicial la normativa “sigue en vigencia”.
Según explicó, una magistrada podría declarar una inconstitucionalidad para un caso concreto, pero cuestionó que una decisión adoptada en Lomas de Zamora pueda extenderse automáticamente a toda la Provincia.
La posición se replicó en San Isidro. Andrés Zárate, fiscal del Fuero Penal Juvenil, aseguró que continuará trabajando con la nueva legislación y rechazó el alcance general de la cautelar. “Yo de ninguna manera voy a acatar un fallo de esa naturaleza”, sostuvo. Su definición fue todavía más directa al referirse a su jurisdicción: “En San Isidro, esta decisión no rige”.
Una discusión que llegó al propio sistema judicial
La controversia tomó otro volumen porque la postura de esos fiscales discute uno de los efectos centrales de la decisión de Pascual. Fernández Garello admitió que existen problemas de superpoblación y falta de personal en establecimientos de distintos distritos, aunque consideró que esas condiciones no habilitan a suspender con carácter general una ley nacional. Fuentes del Ministerio Público indicaron además que fiscales del fuero juvenil de San Isidro mantendrán la aplicación del nuevo régimen.
Pascual, mientras tanto, amplió públicamente los argumentos de su decisión y buscó diferenciar dos planos. Aclaró que no rechaza que adolescentes de 14 y 15 años puedan ser responsabilizados penalmente: “Estoy de acuerdo con la imputabilidad”, afirmó. Su objeción pasa por el tipo de respuesta que puede imponerse ante hechos de distinta gravedad y por las condiciones materiales disponibles para cumplirla.
La magistrada planteó que los delitos graves pueden requerir privación de libertad, pero sostuvo que hechos menores deberían admitir herramientas restaurativas, tratamientos, intervención comunitaria y dispositivos educativos antes que una respuesta basada exclusivamente en el encierro.
También recordó que la legislación bonaerense ya permite adoptar medidas de seguridad frente a menores de 16 años involucrados en hechos graves y estimó que alrededor de 80 adolescentes se encuentran alcanzados actualmente por decisiones de ese tipo.
En paralelo, la asociación civil Usina de Justicia presentó una denuncia contra Pascual por los presuntos delitos de usurpación funcional y abuso de autoridad. La presentación sostiene que la resolución habría excedido sus facultades y cuestiona que se haya actuado frente a un riesgo futuro. El expediente recayó en la UFIJ N°18 de Lomas de Zamora, con intervención del Juzgado de Garantías N°4. La organización también solicitó participar como amicus curiae en la audiencia prevista para el 16 de septiembre.
Provincia pone sobre la mesa recursos y prevención
Mientras se discute hasta dónde llega el fallo, la gestión bonaerense volvió sobre un punto que el Gobierno nacional dejó fuera de sus críticas: el tamaño del sistema que debe absorber la reforma. José Luis Zerillo, subsecretario de Responsabilidad Penal Juvenil, señaló que Buenos Aires concentra casi el 40% de la población argentina pero tiene el 63% de los menores de 18 años privados de su libertad del país. Según el funcionario, la incorporación del nuevo grupo etario prácticamente duplica la población potencial alcanzada por el sistema provincial.
Zerillo cuestionó además el plazo de 180 días previsto para poner en funcionamiento el esquema y sostuvo que una modificación de esta magnitud requería coordinación previa con las provincias. El desafío, remarcó, no se reduce a disponer lugares de alojamiento: demanda asistentes socioeducativos, infraestructura y articulación permanente con los sistemas de salud y educación.
Los registros del Ministerio Público bonaerense muestran, además, que durante 2025 se iniciaron 22.493 Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, frente a las 22.687 de 2024, una variación interanual de -0,9%. El movimiento fue dispar según el territorio: Moreno-General Rodríguez registró una suba del 20%, Pergamino del 13,2% y San Martín del 10,5%, mientras Mercedes cayó 18% y La Plata 12,9%.
En ese marco, el Gobierno bonaerense presentó también resultados de Entramados, el programa destinado a adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal o en riesgo de estarlo. La iniciativa ya funciona en 38 municipios y articula áreas provinciales y municipales con el Poder Judicial, hospitales, universidades, programas socioeducativos y organizaciones comunitarias. Bahía Blanca, General Las Heras, Ramallo y Villa Gesell se incorporaron durante septiembre.
El esquema parte de diagnósticos locales e incluye acompañamientos individuales, revinculación educativa, formación laboral y en oficios, atención de salud y salud mental, actividades deportivas y culturales y trabajo con familias. La política preventiva aparece como uno de los argumentos bonaerenses frente a un debate nacional concentrado en la reducción de la edad de punibilidad.
Javier Alonso llevó la discusión al financiamiento. El ministro de Seguridad sostuvo que Nación no transfirió recursos específicos para implementar la reforma y advirtió que habría que ampliar establecimientos y equipos interdisciplinarios, además de incrementar la cantidad de jueces, fiscales y defensores.
También defendió los resultados de la gestión de Axel Kicillof: afirmó que los homicidios alcanzaron una cifra récord a la baja y que en las cárceles provinciales hay 18.000 detenidos más que al comienzo del actual ciclo de gobierno.
La discusión volvió rápidamente al terreno político. Diego Santilli, jefe de Gabinete nacional, respondió con una referencia a la antigua polémica por los “penes de madera” utilizados para Educación Sexual Integral y acusó a la Provincia de gastar mal sus recursos. Alonso le reprochó recurrir a la “chicana” y volvió a reclamar los fondos que, según el Ejecutivo bonaerense, Nación mantiene retenidos.
Mariano Cúneo Libarona, exministro de Justicia nacional, también sostuvo que los seis meses previstos fueron suficientes para adecuar el sistema y cuestionó la competencia de Pascual para adoptar una medida de alcance provincial. Al mismo tiempo reconoció que detrás del conflicto existe una discusión por la distribución de fondos entre Nación y Buenos Aires.
Los datos disponibles muestran que el problema de infraestructura no empieza con la nueva legislación. Durante 2025 ingresaron 842 niñas, niños y jóvenes a los centros de detención bonaerenses y 168 tenían 15 años o menos, el 20% del total.
Por separado, el sistema penitenciario de adultos presenta una sobrepoblación estimada en 116% y un déficit superior a 31.000 plazas. Son circuitos institucionales distintos —los dispositivos juveniles dependen del área de Niñez y no del Servicio Penitenciario Bonaerense—, pero las cifras exponen la dimensión de las demandas de infraestructura que atraviesan a la Provincia.
LLA pasa de las críticas al juicio político
La última escalada llegó desde La Libertad Avanza bonaerense. El espacio que conduce Sebastián Pareja anunció que solicitará el juicio político de Pascual por considerar que la magistrada habría interferido con la aplicación de una norma sancionada por el Congreso. La decisión fue conocida este martes a primera hora de la tarde y supone un paso distinto de las críticas políticas formuladas desde que se conoció la cautelar.
Pareja anticipó que encabezará junto con equipos técnicos y políticos una mesa para definir el mecanismo institucional con el que buscarán avanzar sobre la magistrada. Carlos Curestis, presidente del bloque libertario en el Senado bonaerense, se sumó a los cuestionamientos, mientras Juan Osaba, titular de la bancada de diputados provinciales de LLA, calificó la resolución como inadmisible y confirmó la decisión política del espacio: “Vamos a llevarla a juicio político por esta decisión”.