La factura del ajuste en el transporte: cuánto aporta la Provincia y qué le reclama a Milei
El transporte público volvió a quedar en el centro de la disputa entre la provincia de Buenos Aires y el Gobierno de Javier Milei. El ministro bonaerense Martín Marinucci aseguró que la administración de Axel Kicillof destina alrededor de $100.000 millones mensuales para sostener el sistema y acusó a la Casa Rosada de buscar el equilibrio fiscal mediante la transferencia de costos hacia las jurisdicciones y los usuarios.
La novedad no se limita al reclamo por los recursos retirados. El funcionario puso sobre la mesa una posible transformación del esquema vigente: reemplazar gradualmente las compensaciones destinadas a las empresas por un subsidio directo al pasajero, que en territorio bonaerense podría canalizarse mediante Cuenta DNI.
La discusión se abre en un escenario marcado por la eliminación del Fondo Compensador para el interior, los cambios en el Atributo Social y la reducción de beneficios para quienes combinan diferentes medios de transporte.
“No podemos abstraernos de las decisiones económicas del Gobierno de Milei para lograr el equilibrio fiscal a costa del esfuerzo de los bonaerenses”, afirmó Marinucci durante una entrevista con Radio Del Plata.
Cuánto destina la Provincia para mantener el sistema
Según detalló el ministro, los aproximadamente $100.000 millones mensuales incluyen las compensaciones tarifarias para las líneas provinciales y municipales del Área Metropolitana de Buenos Aires, el sostenimiento del transporte en el interior y el Boleto Educativo destinado a estudiantes universitarios y terciarios.
La cifra expone el peso que adquirió el servicio dentro de las cuentas bonaerenses después de la retirada nacional. El problema es doble: la Provincia debe afrontar costos cada vez mayores por combustible, neumáticos, salarios y mantenimiento, mientras intenta evitar que toda esa diferencia sea trasladada al precio del pasaje.
Marinucci señaló que la tarifa técnica de un recorrido mínimo ronda los $2.600, aunque el pasajero paga cerca de $1.100. La brecha es cubierta mediante compensaciones estatales. Sin esa asistencia, el valor abonado por los usuarios debería más que duplicarse para cubrir los costos reconocidos por el Ejecutivo bonaerense.
El escenario se vuelve todavía más complejo fuera del AMBA. En numerosas ciudades del interior hay menos pasajeros, recorridos más largos y menores frecuencias, lo que dificulta sostener los servicios exclusivamente con la recaudación obtenida por la venta de boletos.
Frente a ese panorama, Marinucci planteó avanzar hacia un sistema en el cual el beneficio quede asociado directamente a cada usuario. “Creo que hay que ir a un sistema de subsidio al usuario”, sostuvo.
Una de las alternativas bajo análisis es utilizar Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, para identificar a los beneficiarios y transferirles la asistencia. Todavía no se detallaron el universo alcanzado, los montos ni el procedimiento operativo que tendría la propuesta.
El cambio implicaría revisar el corazón del modelo actual. Hoy el Estado compensa a las compañías en función de variables como los kilómetros recorridos, la demanda registrada, los datos del sistema SUBE, la ubicación por GPS y la flota declarada.
Con una transferencia dirigida al pasajero, la administración provincial buscaría hacer más visible el costo real del servicio y fortalecer los controles sobre las empresas. Marinucci consideró que el nuevo mecanismo permitiría exigir mejores condiciones de higiene, calidad y cumplimiento de las frecuencias.
La Provincia ya asumió el control de las compensaciones
La propuesta aparece poco después de que Buenos Aires completara el traspaso de la administración de las compensaciones para los colectivos provinciales y municipales del AMBA.
Como explicó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el Decreto 875/2026 cerró siete años de asistencia técnica nacional. Desde entonces, la Provincia quedó a cargo del cálculo, la liquidación, la distribución, el pago y la fiscalización de esos recursos.
El traspaso le otorgó mayor capacidad de decisión al Ejecutivo bonaerense, pero también dejó concentrada en La Plata una factura creciente. El convenio dio por finalizada la participación nacional en áreas como las compensaciones tarifarias, el gasoil diferencial, el Atributo Social y las comisiones del sistema SUBE.
Para administrar esa estructura, Transporte desarrolló herramientas propias que cruzan información sobre pasajeros, kilómetros, flotas y recorridos. Las compañías deben presentar rendiciones periódicas y pueden sufrir retenciones parciales o totales de los pagos si incumplen las exigencias.
El cambio administrativo, sin embargo, no aportó nuevos recursos. Por eso, el Gobierno bonaerense sostiene que ganó autonomía para controlar el sistema, pero heredó una responsabilidad financiera que antes era compartida.
Tarifas más altas y beneficios recortados
La disputa por los subsidios convive con sucesivos incrementos del boleto. En febrero, el Gobierno nacional dispuso una suba escalonada del 41% para más de cien líneas del AMBA, que llevó el pasaje mínimo de jurisdicción federal hasta los $700 en marzo.
Ese aumento afectó a servicios que atraviesan más de una jurisdicción, mientras las líneas bonaerenses continuaron con su propio sistema de actualización. La coexistencia de distintos cuadros tarifarios profundizó las diferencias entre recorridos que circulan dentro de un municipio, conectan distritos de la Provincia o ingresan a la Ciudad de Buenos Aires.
Al mismo tiempo, la reducción de los aportes estatales convirtió al transporte en un gasto cada vez más pesado para las familias. El impacto no se limita a un viaje: afecta de manera acumulativa a quienes necesitan realizar varias combinaciones diarias para trabajar, estudiar o acceder a servicios básicos.