De la Audi Q8 a la VTV: D’Onofrio llega a juicio y acumula expedientes bajo la lupa

El escenario judicial de Jorge D’Onofrio sumó un capítulo decisivo. La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín rechazó el recurso de queja presentado por la defensa del exministro de Transporte bonaerense y dejó en pie la elevación a juicio oral de la causa por presunto lavado de activos vinculada con la compra de una Audi Q8. El expediente será remitido al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Martín que resulte sorteado para realizar el debate.

La decisión fue adoptada por unanimidad por los camaristas Marcelo Darío Fernández, Juan Pablo Salas y Marcos Morán. Los abogados Ramiro y Juan Isidro Pérez Duhalde habían intentado apelar la resolución del Juzgado Federal de Campana que cerró la etapa de instrucción y dispuso enviar el caso a juicio.

Esa apelación fue declarada improcedente y la defensa acudió entonces directamente a la Cámara mediante una queja, en la que también cuestionó la constitucionalidad de la norma que impide apelar el auto de elevación.

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Los jueces desestimaron esos planteos. Entendieron que la decisión de primera instancia había explicado adecuadamente por qué no correspondía conceder la apelación y señalaron que los cuestionamientos buscaban reeditar discusiones planteadas anteriormente. Con ese rechazo, el camino hacia el debate oral quedó despejado.

La Audi Q8 que llevó la causa al juicio

La investigación tiene como eje una Audi Q8 adquirida en octubre de 2023 y registrada a nombre de Facundo Asensio, entonces director de Fiscalización y Control de la Verificación Técnica Vehicular. Asensio también llegará a juicio en el mismo expediente.

El vehículo fue declarado por un valor de $30 millones, mientras que la póliza contratada contemplaba una cobertura de $173,8 millones. Para los investigadores, otros elementos permitieron poner en duda que Asensio fuera el único beneficiario real del rodado: desde el momento de la adquisición existía una autorización para que D’Onofrio lo condujera y el entonces ministro gestionó el Telepase utilizando su correo electrónico y su tarjeta de débito.

La hipótesis fiscal sostiene que la operación habría servido para incorporar al circuito legal fondos provenientes de posibles delitos contra la administración pública. D’Onofrio fue procesado como presunto coautor de lavado de activos, con el agravante vinculado a su condición de funcionario público, y recibió un embargo de $350 millones.

Las defensas rechazaron esa interpretación. Entre otros argumentos, señalaron que el dinero utilizado por Asensio provenía de un préstamo otorgado por una sociedad comercial de su familia y cuestionaron que estuviera acreditado el delito precedente necesario para sostener la acusación de lavado.

También objetaron la valoración de la póliza de seguro y reclamaron el sobreseimiento. Esos planteos podrán volver a ser discutidos durante el juicio, donde deberá determinarse finalmente la responsabilidad penal de los acusados.

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VTV y otros expedientes que siguen abiertos

El caso federal no es el único frente que alcanza al exfuncionario, que dejó el Ministerio de Transporte bonaerense en diciembre de 2024, cuando las denuncias sobre distintas áreas de su gestión ya habían ganado terreno.

En La Plata, el fiscal Álvaro Garganta pidió llevar a juicio a D’Onofrio por presunto cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública en una investigación sobre el sistema de VTV. El expediente analiza la intervención de Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A., una empresa que administraba turnos y cobraba comisiones por las operaciones realizadas en las plantas verificadoras.

Según la acusación fiscal, la firma habría recaudado cerca de $5.000 millones en poco más de un año y su contratación podría haber sido acordada antes de que concluyera el proceso licitatorio.

También continúan bajo análisis presuntas maniobras relacionadas con las fotomultas. Esa investigación apunta a gestores que habrían ofrecido reducciones irregulares para eliminar infracciones y examina movimientos económicos y vínculos entre funcionarios y particulares.

A los expedientes penales se agregó una observación del Tribunal de Cuentas bonaerense sobre el manejo de recursos generados por la VTV durante 2024.

El organismo cuestionó la registración de $8.533 millones en una cuenta general de recursos del Tesoro en lugar de una partida específica del sistema y mantuvo la responsabilidad administrativa de D’Onofrio por su condición de ministro durante el período auditado. La rendición fue aprobada, aunque se formularon llamados de atención por las inconsistencias detectadas.

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Otro antecedente corresponde al Fondo Fiduciario Programa de Seguridad Vial y del Transporte, PROSEVITRA, creado para financiar políticas de seguridad vial y que debía nutrirse, entre otras fuentes, con el 15% correspondiente a la Provincia de lo recaudado por multas.

En su primer ejercicio auditado no registró ingresos percibidos ni movimientos de efectivo y cerró con una pérdida contable de $596 millones, mayormente explicada por resultados financieros, tenencia y ajuste por inflación. La documentación citada no permite establecer que ese resultado haya correspondido a dinero efectivamente gastado.

Mientras esos frentes continúan con recorridos procesales diferentes, la novedad inmediata está en la causa federal: superado el intento de la defensa por frenar la elevación, el expediente por la Audi Q8 deberá ahora ser sorteado entre los tribunales orales federales de San Martín para avanzar hacia el debate público.