La reforma de Salud Mental abre otra grieta con Milei: los reparos de la Provincia y la pulseada en el Senado
El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, rechazó la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental impulsada por el Gobierno de Javier Milei y aseguró que todas las provincias coincidieron en cuestionar el proyecto. Además, reclamaron un plan nacional para responder al aumento de las adicciones, los suicidios y los padecimientos psíquicos.
La discusión se produjo durante una reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA) convocada después de reiterados pedidos de los ministros provinciales. Allí, las autoridades analizaron los cambios propuestos sobre la Ley 26.657 y expusieron sus reparos ante el titular de la cartera sanitaria nacional, Mario Lugones.
“El rechazo fue unánime de todas las provincias”, afirmó Kreplak luego del encuentro. La versión de la Casa Rosada fue menos confrontativa. El Ministerio de Salud nacional presentó el COFESA como una instancia de intercambio y anunció que incorporará sugerencias provinciales durante el debate parlamentario. También informó que comenzó a trabajarse en un plan para el período 2027-2031.
Los cuatro puntos objetados por la Provincia
El primer cuestionamiento se dirige a la participación obligatoria de un médico psiquiatra en la evaluación de las internaciones. Para Kreplak, esa exigencia puede convertirse en una barrera en ciudades y localidades donde no existen suficientes especialistas.
La última versión nacional intenta responder a esa dificultad al permitir que el profesional intervenga mediante una consulta sincrónica a distancia cuando no pueda estar presente. También contempla que, ante una emergencia, un médico ordene provisoriamente la internación y que la decisión sea revisada por un equipo interdisciplinario dentro de las 48 horas.
El segundo reparo está vinculado con el papel de las familias. La Provincia cuestiona que el alta de una persona internada contra su voluntad pueda quedar condicionada a la existencia de familiares o de una red capaz de acompañarla.
“Puede generar internaciones prolongadas para quienes no tengan familia”, advirtió Kreplak. Nación aclaró posteriormente que las responsabilidades asignadas al entorno no reemplazan las obligaciones del Estado cuando esa red no existe, aunque las autoridades bonaerenses consideran necesario que esa garantía quede expresada sin ambigüedades.
El tercer conflicto aparece alrededor del seguimiento judicial posterior al alta. El ministro sostuvo que esa intervención puede sumar burocracia, complicar los tratamientos ambulatorios y reproducir una mirada que vincula los padecimientos mentales con el delito.
La administración nacional señaló que las medidas judiciales serían excepcionales, tendrían un plazo máximo y estarían reservadas para cuadros graves o casos previamente judicializados. También negó que la intención sea criminalizar a los pacientes.
El cuarto punto, y uno de los más sensibles, está relacionado con las instituciones monovalentes. Kreplak advirtió que la propuesta puede habilitar el regreso de prácticas manicomiales que vulneren la autonomía de las personas.
El texto presentado por Nación sostiene que no podrán crearse nuevos manicomios y exige que los establecimientos especializados incorporen al menos dos dispositivos ambulatorios. Sin embargo, las provincias piden preservar con mayor claridad el modelo comunitario e interdisciplinario establecido por la legislación vigente.
Qué busca cambiar el proyecto nacional
La reforma comenzó a debatirse en el COFESA de abril y posteriormente fue enviada al Congreso. Su tratamiento deberá pasar por las comisiones de Salud y Legislación General del Senado.
Entre otros puntos, propone reemplazar el criterio de “riesgo cierto e inminente” para disponer una internación involuntaria por el de “riesgo grave de daño”. Además, introduce directivas anticipadas, nuevos mecanismos de seguimiento y modificaciones en la intervención de los equipos médicos, las familias y el Poder Judicial.
Nación sostiene que las internaciones continuarán siendo excepcionales y que el objetivo es mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones críticas. También plantea que los planes de alta deberán comenzar a diseñarse desde el diagnóstico y que el órgano de revisión intervendrá automáticamente cuando una internación supere los 180 días.
Lugones se comprometió a trasladar al Senado las observaciones formuladas por las jurisdicciones. La discusión quedará concentrada ahora en determinar si las correcciones alcanzan para construir un acuerdo o si Buenos Aires y el resto de las provincias mantienen el rechazo denunciado por Kreplak.
Una crisis que excede la discusión legislativa
Para la Provincia, la controversia normativa se produce mientras aumenta la demanda y el sistema público absorbe pacientes que perdieron cobertura o ya no pueden afrontar consultas y medicamentos.
Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, Kreplak ya había relacionado el deterioro sanitario con el ajuste aplicado por Milei. Durante el Congreso Federal de Salud realizado en La Plata, ante alrededor de 1.500 trabajadores, profesionales, investigadores y organizaciones, sostuvo que la retirada nacional obliga a hospitales bonaerenses y municipales a cubrir prestaciones que antes tenían financiamiento federal.
Ese impacto no se limita al área de salud mental. Entre 2023 y 2026, el presupuesto real del programa Remediar cayó un 72%, mientras la cantidad de tratamientos distribuidos se redujo un 52% entre 2022 y 2025. Para amortiguar esa retracción, Buenos Aires destinó $24.500 millones al programa Medicamentos Bonaerenses, que alcanza a los 135 municipios.
En distritos como Benito Juárez, el gasto mensual destinado a remedios llegó a superar los $35 millones, el doble de lo que afrontaba anteriormente. El escenario se repite, con diferentes escalas, en municipios del interior y el Conurbano que reciben cada vez más consultas y cuentan con recursos limitados.
Ese antecedente explica por qué Kreplak insiste en que no alcanza con modificar una ley. Las provincias reclaman fondos, profesionales, dispositivos comunitarios y una planificación que permita intervenir antes de que las crisis terminen en una guardia, una internación o un expediente judicial.