Adorni llega a una semana clave por su patrimonio bajo una renovada presión política y judicial
A casi tres meses de haber dejado la Jefatura de Gabinete, Manuel Adorni sigue utilizando una camioneta oficial y mantiene una custodia de fuerzas federales. La situación volvió a poner al exfuncionario en el centro de la escena justo cuando se acerca otra fecha relevante: el martes 22 de septiembre vence la prórroga que obtuvo para responder un requerimiento judicial sobre su evolución patrimonial.
El vehículo es una Toyota SW4 modelo 2022 perteneciente al Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur). El organismo había otorgado en enero de 2025 un permiso de uso a la Jefatura de Gabinete para los traslados oficiales de su titular y su comitiva. Adorni asumió esa función en noviembre de 2025 y dejó el cargo el 27 de junio de este año.
La camioneta, sin embargo, continuó ligada a su movilidad después de su salida. Registros e imágenes obtenidos durante esta semana permitieron documentar su presencia en inmediaciones del domicilio del exjefe de Gabinete. Su sucesor, Diego Santilli, no utiliza ese vehículo.
Por qué Adorni sigue utilizando un vehículo del Estado
Desde Inprotur indicaron que el permiso sigue formalmente otorgado a la Jefatura de Gabinete y que, a partir de esa cesión, la administración y utilización del Toyota quedaron bajo responsabilidad de esa jurisdicción. Fuentes del Gobierno dieron otra precisión: afirmaron que actualmente el vehículo cumple funciones dentro del Ministerio de Seguridad y que esa cartera define su utilización.
Ese punto se vincula con otro beneficio que Adorni conserva tras abandonar el cargo: la custodia. El Ministerio de Seguridad explicó que funcionarios y exfuncionarios de alto rango pueden mantener protección durante seis meses sobre la base de una evaluación de riesgo y que, cumplido ese período, la cobertura puede continuar si las condiciones lo justifican.
Durante su etapa en el Gobierno, Adorni había mencionado públicamente amenazas y un episodio de violencia en la vía pública para explicar la necesidad de contar con seguridad. En julio, la vocería presidencial ya había informado que mantendría la custodia luego de dejar la función, aunque entonces no había trascendido que también seguiría utilizando una camioneta estatal.
Las multas y una cuenta que todavía tiene interrogantes
La situación del vehículo sumó otro capítulo por las infracciones de tránsito. Una revisión de registros públicos identificó más de 50 multas, principalmente por exceso de velocidad, por un monto acumulado superior a los $10 millones. Parte de esas faltas corresponde al período posterior a la salida de Adorni de la Jefatura.
Los registros, además, tuvieron cambios durante los últimos días. En la Ciudad de Buenos Aires llegaron a aparecer 144 infracciones asociadas al dominio de la camioneta, por unos $61 millones. De ese conjunto, 41 correspondían al período posterior a la salida de Adorni y superaban los $8 millones. Poco después, esas 144 multas dejaron de visualizarse en la consulta pública y luego aparecieron cuatro nuevas, de fines de agosto y principios de septiembre, por alrededor de $1,8 millones.
En territorio bonaerense, en cambio, figuraban 27 infracciones, ocho de ellas posteriores al 27 de junio, por aproximadamente $1,3 millones. No está determinado en el material disponible si las infracciones que desaparecieron del registro porteño fueron abonadas, anuladas o regularizadas por otra vía. Desde la administración de la Ciudad señalaron que los vehículos pertenecientes a flotas del Estado nacional deben pagar las multas mediante el CUIT correspondiente.
Desde Inprotur sostuvieron, por su parte, que los gastos vinculados con la camioneta están a cargo de la Jefatura de Gabinete. La definición cobra relevancia porque el organismo turístico continúa siendo el titular registral del Toyota y, por lo tanto, las notificaciones llegan a su nombre.
Veinte preguntas y un plazo que vence el martes
El otro frente que concentra la atención está en Comodoro Py. Este martes 22 de septiembre vence la prórroga otorgada a Adorni para responder las 20 preguntas formuladas por el fiscal federal Gerardo Pollicita en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito que tramita ante el juez Ariel Lijo. Hasta la información disponible al cierre, no se había solicitado una nueva extensión.
La fiscalía busca aclarar movimientos registrados entre diciembre de 2023, cuando Adorni ingresó a la función pública, y junio de 2026. Según la información surgida de la investigación, Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, registraron ingresos por $229,7 millones y gastos por $272,8 millones, una diferencia de poco más de $43 millones cuya justificación forma parte del requerimiento judicial.
También se analizan desembolsos por unos US$402.578 vinculados, entre otros conceptos, con inmuebles, refacciones y mobiliario que, de acuerdo con las actuaciones citadas por fuentes judiciales, requieren explicación sobre su correspondencia con los ingresos comprobados.
El expediente también incluye preguntas sobre operaciones con criptomonedas, préstamos atribuidos a familiares, la adquisición de inmuebles, refacciones y la compra de un vehículo. Una vez recibidas las respuestas y la documentación, Pollicita deberá evaluar si las explicaciones alcanzan para despejar los interrogantes; de no considerarlas suficientes, podría solicitarse una declaración indagatoria.
La discusión judicial coincidió esta semana con la sanción en el Senado de Inocencia Fiscal II, aprobada por 44 votos contra 22. Durante el debate, legisladores peronistas la denominaron “ley Adorni” y reclamaron excluir expresamente del régimen a personas políticamente expuestas y sus familiares. La propuesta de modificación fue rechazada. Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, sostuvo en cambio que los funcionarios públicos quedaban fuera de los beneficios.
Mientras esa discusión política sigue abierta, el expediente tiene un plazo concreto: el martes vencerá la prórroga y la fiscalía quedará en condiciones de analizar las respuestas de Adorni y su esposa sobre los puntos patrimoniales que motivaron el requerimiento.