La trama detrás de AySA: Legislatura, municipios y Justicia frente al avance privatizador
La privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) abrió un frente cada vez más amplio en la provincia de Buenos Aires. Mientras el Gobierno nacional avanza con la evaluación de las dos ofertas presentadas para quedarse con el 90% de las acciones estatales, la discusión comenzó a acumular proyectos en la Legislatura, pronunciamientos de concejos deliberantes, acciones judiciales y reclamos desde los municipios alcanzados por el servicio.
El último movimiento llegó desde la Cámara de Diputados. Christian Castillo, del Frente de Izquierda-Unidad, presentó una iniciativa para repudiar el proceso y reclamar su suspensión inmediata. Su argumento central apunta al carácter del servicio: “El agua no puede estar sometida a la lógica de la rentabilidad empresarial”, sostuvo al fundamentar el proyecto.
Pero el expediente de Castillo no aparece sobre terreno vacío. La privatización ya había ingresado formalmente en la agenda legislativa bonaerense y había provocado movimientos tanto en Diputados como en el Senado.
En la Cámara baja ya tramita el expediente D-3085/26-27, presentado por las diputadas Cintia Romero y Ayelén Rasquetti, que expresa repudio y rechazo al proceso de privatización impulsado por Nación. El proyecto tomó estado parlamentario el 27 de agosto y fue girado a la Comisión de Servicios Públicos el 2 de septiembre.
En el Senado ocurre algo similar. El senador Fernando Coronel, de Fuerza Patria, presentó el expediente F-877/26-27, que declara el rechazo a la privatización. La iniciativa ingresó el 2 de septiembre y desde el 17 permanece en estudio en la Comisión de Obras y Servicios Públicos.
Existe incluso un antecedente anterior: Malena Galmarini, expresidenta de AySA y actual senadora provincial, presentó en julio un proyecto de declaración para expresar beneplácito por la decisión judicial que había condicionado el avance de la privatización. Ese expediente también continúa en estudio en Obras y Servicios Públicos.
A esos movimientos institucionales se sumó el pronunciamiento del bloque de senadores de Fuerza Patria, que expresó un “rechazo categórico” al proceso y planteó cuestionamientos sobre tarifas, inversiones, acceso al servicio y el carácter estratégico del recurso.
De los municipios al Senado
La discusión no quedó limitada a los bloques parlamentarios. A comienzos de septiembre, representantes de asociaciones de consumidores, organizaciones socioambientales, entidades sindicales y vecinos de los municipios incluidos en la concesión llegaron hasta el Senado bonaerense. Allí fueron recibidos, entre otros, por Fernando Coronel, Germán Lago y Marcos Pisano.
Los reclamos se concentraron en cuatro puntos: tarifas, calidad del agua, continuidad de las obras y expansión de las redes hacia barrios que todavía no poseen cobertura completa.
Lago vinculó el problema directamente con la posibilidad de extender servicios básicos. Advirtió que estos procesos pueden terminar dificultando las condiciones para desarrollar nuevos proyectos de distribución y garantizar la accesibilidad.
Pisano puso el foco en la dimensión territorial. “Es una preocupación de todos nosotros esta decisión de privatizar lo que funciona”, afirmó después del encuentro. El senador destacó además que al menos 11 concejos deliberantes ya habían aprobado pronunciamientos contra el proceso.
Entre los distritos donde organizaciones territoriales reportaron resoluciones o declaraciones contrarias a la venta aparecen Quilmes, Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora y Almirante Brown, entre otros.
Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, ese movimiento municipal terminó desembarcando en La Plata y convirtió una decisión tomada por Nación en una discusión con impacto directo sobre buena parte del Conurbano.
Gray llevó el reclamo un paso más allá
Entre los intendentes, Fernando Gray, de Esteban Echeverría, fue quien avanzó con mayor profundidad institucional. Primero pidió a Axel Kicillof que analizara la posibilidad de que Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) participara como oferente. Después presentó acciones judiciales para cuestionar las condiciones de la licitación y reclamar garantías respecto de las inversiones, la expansión del sistema y la continuidad del suministro.
El eje de su planteo es territorial. Esteban Echeverría forma parte de los municipios donde todavía existen sectores sin cobertura integral de agua y cloacas. “Esta medida pone en riesgo las inversiones que se necesitan para expandir el agua potable y las cloacas”, sostuvo Gray al presentar uno de sus reclamos.
El intendente cuestionó también que, según su interpretación del pliego, las empresas públicas provinciales no pudieran competir en igualdad de condiciones y llevó ese punto a los tribunales federales de La Plata. También objetó la posibilidad de interrupción del suministro residencial después de determinados períodos de mora y reclamó garantías para que las obras de extensión no queden postergadas.
El temor por la expansión de las redes tiene un antecedente concreto. En 2023, AySA había presentado ante intendentes y funcionarios bonaerenses el Plan de Mejoras, Operación, Expansión y Mantenimiento 2024-2028. En aquella reunión participaron jefes comunales de Ezeiza, Florencio Varela, Ituzaingó, Moreno y Pilar, además de representantes de Lomas de Zamora, Almirante Brown, San Martín y Esteban Echeverría.
El intendente de Pilar, Federico Achával, destacó que aquella planificación permitía trabajar conjuntamente en “el mantenimiento de la red y la expansión”.
Ese esquema sirve como referencia para entender una parte del actual reclamo municipal: no sólo está en discusión quién será propietario de las acciones, sino qué ritmo tendrán a partir de ahora las obras que requieren coordinación entre la empresa y los gobiernos locales.
La Justicia ya puso límites
La discusión legislativa y municipal corre en paralelo con un expediente judicial iniciado por la Defensoría del Pueblo bonaerense. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata confirmó una cautelar que impide que AySA reduzca, limite o altere sus obligaciones vinculadas con el acceso al agua potable, la salud pública, la protección ambiental y la correcta prestación del servicio. Al mismo tiempo, determinó que la discusión de fondo debe continuar en la Justicia federal.
El alcance de aquella resolución requiere una precisión: no anuló la privatización ni dejó sin efecto la licitación. Con la privatización todavía en marcha, el expediente continuó su recorrido bajo el marco definido por Nación. La operación había sido habilitada por la Ley Bases; posteriormente, el Decreto 494/2025 autorizó el procedimiento y la Resolución 704/2026 abrió la licitación pública nacional e internacional para transferir el 90% del capital social actualmente en manos del Estado nacional. El 10% restante pertenece a los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada.
El 15 de septiembre se abrieron las ofertas técnicas y quedaron en evaluación dos propuestas. Una corresponde al consorcio encabezado por Rowing S.A., junto con Arcos, Transclor y PHX. La otra fue presentada por Roggio ROAS S.A.U. y sus socios. La Comisión de Evaluación debe determinar ahora si cumplen los requisitos técnicos, jurídicos, patrimoniales y financieros antes de la instancia económica.
De acuerdo con el acta difundida por el sindicato de trabajadores sanitarios, había 17 participantes registrados en el proceso, pero solamente dos presentaron ofertas en esta etapa.