Privatización de AySA: la Justicia pone límites y crece el rechazo bonaerense

La privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) abrió un nuevo frente de tensión en la provincia de Buenos Aires. Mientras el Gobierno nacional mantiene en marcha el proceso para desprenderse del 90% de las acciones estatales, la Justicia ratificó una cautelar que impide retrocesos en las condiciones actuales del servicio y organizaciones de los 26 municipios bonaerenses alcanzados por la concesión profundizaron su ofensiva política e institucional contra la venta.

La decisión judicial fue adoptada por la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata, que confirmó la medida solicitada por el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino. La resolución impide que AySA modifique, reduzca, limite, suspenda o altere sus obligaciones vinculadas con el acceso al agua potable, la salud pública, la protección ambiental y la adecuada prestación del servicio.

El pronunciamiento, sin embargo, no implica por sí mismo la cancelación de la licitación. La Cámara resolvió además que la cuestión de fondo deberá continuar en la Justicia federal, mientras desde la empresa sostienen que el proceso de privatización seguirá su curso. El expediente deberá ser remitido al fuero federal de La Plata.

La cautelar y una discusión que pasa al fuero federal

El conflicto judicial se originó a partir de una presentación de la Defensoría del Pueblo contra modificaciones introducidas en el esquema de concesión. El planteo advirtió sobre la posibilidad de que el nuevo marco implicara menores estándares en materia sanitaria, ambiental y de protección de los usuarios.

Al ratificar la cautelar, la Cámara puso el foco en el carácter esencial del acceso al agua y en los principios preventivo y precautorio que rigen en materia ambiental. Al mismo tiempo, consideró que el fondo de la controversia corresponde a la órbita federal por involucrar el marco regulatorio nacional y a una compañía cuyo 90% del capital pertenece actualmente al Estado nacional.

La resolución se conoció a pocos días de una instancia clave del cronograma dispuesto por Nación. El proceso privatizador se apoya en la autorización incluida en la Ley Bases y avanzó posteriormente con la decisión de vender el paquete accionario estatal y el llamado a licitación pública nacional e internacional. El plazo previsto para la presentación de propuestas vence el 15 de septiembre.

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La cautelar, por lo tanto, establece límites sobre las condiciones en las que puede prestarse el servicio mientras la discusión de fondo continúa, pero convive por ahora con una licitación que el Ejecutivo nacional no dio por suspendida.

El reclamo llegó al Senado bonaerense

En paralelo al expediente judicial, organizaciones vecinales, socioambientales, sindicales y de defensa de los consumidores llevaron el conflicto a La Plata. Representantes del Espacio Intercuencas mantuvieron reuniones en el Senado bonaerense, la Defensoría del Pueblo y otras dependencias provinciales para reclamar un posicionamiento contra la privatización.

En la Cámara alta fueron recibidos, entre otros, por los senadores Fernando Coronel, Germán Lago y Marcos Pisano. Las organizaciones plantearon su preocupación por el impacto que podría tener un cambio de operador sobre la calidad del agua, el saneamiento, las obras de infraestructura y las tarifas en los municipios del Gran Buenos Aires.

Coronel sostuvo que la discusión involucra consecuencias sociales, económicas y sanitarias y advirtió que una eventual privatización podría trasladarse al costo que pagan los usuarios. Lago, por su parte, vinculó la defensa de la empresa con la necesidad de garantizar la accesibilidad de servicios básicos.

Pisano también reclamó que la Legislatura tome posición. El senador de Fuerza Patria destacó que al menos 11 concejos deliberantes ya aprobaron pronunciamientos contra la venta y cuestionó que el Estado nacional avance sobre una compañía que considera estratégica por su incidencia en la provisión de agua potable y saneamiento.

AySA presta servicios en la Ciudad de Buenos Aires y en 26 municipios bonaerenses, entre ellos La Matanza, Lomas de Zamora, Quilmes, Avellaneda, Lanús, Moreno, Merlo, Morón, Tigre, San Isidro, San Fernando y Vicente López. Ese alcance territorial convierte a la discusión nacional en un conflicto con impacto directo sobre buena parte del Conurbano.

Del reclamo institucional a las calles

La protesta ya comenzó a trasladarse fuera de la Legislatura. Vecinos del Conurbano se movilizaron en La Plata y entregaron documentación en la Gobernación, mientras mantuvieron encuentros con la Defensoría para respaldar el reclamo judicial. Uno de los ejes expuestos por representantes de Lomas de Zamora fue la paralización de proyectos de extensión de redes de agua potable y cloacas.

Las organizaciones sostienen que el retiro de la inversión pública podría afectar especialmente a los barrios que todavía no cuentan con cobertura completa. En Lomas de Zamora, referentes territoriales señalaron que amplias zonas permanecen sin conexión cloacal y expresaron temor a que un esquema privado priorice la rentabilidad sobre la expansión de las redes.

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El Espacio Intercuencas anunció además nuevas jornadas de protesta. El 11 de septiembre habrá una acción en Lomas de Zamora y el 15, fecha prevista para la instancia de apertura del proceso licitatorio, las organizaciones convocaron a concentrarse frente al Ministerio de Economía.

Así, la discusión por AySA llegará a esa fecha atravesada por tres frentes simultáneos: una cautelar ratificada por la Justicia bonaerense, una causa que deberá continuar en el fuero federal y una creciente articulación de organizaciones y legisladores provinciales que busca frenar políticamente la venta mientras el Gobierno nacional mantiene vigente su cronograma.