Privatización de AySA: extendieron el cronograma por pedido de las empresas interesadas
La presentación y apertura de las ofertas, prevista inicialmente para el 27 de agosto, fue trasladada al 15 de septiembre. El proceso contempla transferir el 90% de las acciones estatales y despierta interés entre grupos locales y operadores internacionales.
Juan Manuel Villarreal
El Gobierno nacional extendió el cronograma de la licitación para privatizar Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa que presta los servicios de agua potable y cloacas a 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense.
La presentación y apertura de las ofertas estaba prevista inicialmente para el jueves 27 de agosto a las 10. Sin embargo, el plazo fue trasladado al 15 de septiembre luego de que las propias compañías que participan del proceso solicitaran más tiempo para preparar sus propuestas.
La apertura de los sobres marcará la primera etapa de la licitación. En esa instancia se analizarán las condiciones técnicas, financieras, patrimoniales y legales de cada oferente.
Una vez concluida esa evaluación, el procedimiento continuará con la precalificación de los participantes, la apertura de las propuestas económicas y la adjudicación. Las estimaciones oficiales indican que entre la recepción de las ofertas y la definición final podrían transcurrir alrededor de 45 días, incluyendo los períodos previstos para impugnaciones e informes administrativos.
El Estado busca transferir el 90% de las acciones
La licitación tiene como objetivo vender y transferir el 90% de las acciones de AySA que actualmente pertenecen al Estado nacional. El 10% restante continuará en poder de los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada.
La Agencia de Transformación de Empresas Públicas tiene a su cargo la conducción del procedimiento, considerado uno de los procesos de privatización más importantes y complejos impulsados por el Gobierno.
El pliego no establece un precio mínimo ni una base pública para la venta. El valor final dependerá de la competencia entre los oferentes, mientras que el Ejecutivo espera obtener alrededor de 500 millones de dólares con la operación.
El contrato de concesión tendrá una duración de 30 años, con la posibilidad de extenderlo durante una década adicional. También contempla inversiones por 1.940 millones de dólares durante los primeros cinco años y un total de 15.040 millones a lo largo de las tres décadas.
El futuro concesionario deberá presentar planes de acción cada cinco años, con objetivos concretos para el mantenimiento, la mejora y la expansión de los servicios. El cumplimiento de las metas quedará sujeto a controles, auditorías y sanciones ante eventuales incumplimientos.
Los grupos interesados en quedarse con AySA
Entre los potenciales participantes aparecen grupos argentinos y operadores internacionales. Los requisitos de experiencia previstos en la licitación llevaron a distintas compañías locales a evaluar acuerdos con firmas extranjeras especializadas en agua potable y saneamiento.
Entre los nombres que avanzaron en conversaciones aparecen el Grupo Roggio y el empresario Mauricio Filiberti. Roggio opera Aguas Cordobesas, mientras que Filiberti es propietario de Transclor, empresa proveedora de cloro de AySA.
También figuran entre los interesados las brasileñas Sabesp y Águas do Rio. La primera presta servicios de agua y saneamiento en el estado de San Pablo, mientras que la segunda opera en distintos municipios de Río de Janeiro.
La chilena Aguas Andinas y la multinacional francesa Veolia también fueron mencionadas durante las primeras etapas, aunque las versiones recogidas en el sector indican que finalmente no presentarían ofertas.
La constructora JCR y la empresa estatal israelí Mekorot participaron, además, de instancias de consulta. No obstante, la conformación definitiva de los competidores se conocerá recién cuando se presenten formalmente las propuestas.
Un servicio que alcanza a 14 millones de personas
El futuro operador deberá sostener el equilibrio económico y financiero de la empresa sin subsidios del Tesoro. El esquema también prevé revisiones tarifarias cada cinco años y planes progresivos para ampliar la cobertura.
Entre los objetivos informados aparecen la instalación de 100.000 medidores por año y la renovación, en cada ciclo, de 500 kilómetros de redes de agua y 125 kilómetros de cloacas.
La postergación del cronograma les otorga a los interesados casi tres semanas adicionales para completar sus propuestas. El 15 de septiembre quedará definido qué empresas siguen formalmente en carrera para controlar la principal compañía de agua y saneamiento del país.
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