Fondos, delito y patrulleros: el trasfondo de la disputa entre Nación y Provincia por la seguridad
El ataque a balazos contra un custodio de la ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva, en González Catán volvió a encender el cruce entre la Casa Rosada y el gobierno de Axel Kicillof por la inseguridad en la provincia de Buenos Aires.
Patricia Bullrich, senadora nacional de La Libertad Avanza y exministra del área, responsabilizó al mandatario bonaerense por la situación del Conurbano. La respuesta llegó de parte del ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, que defendió la gestión, reclamó recursos y apuntó contra Javier Milei.
El episodio ocurrió en La Matanza y tuvo como víctima al suboficial mayor Farías, integrante de la Policía Federal Argentina y custodio de Monteoliva. Bullrich utilizó el caso para cuestionar a Kicillof y sostuvo que “la seguridad en el Conurbano bonaerense es un desastre”. También pidió que el gobernador “se despierte” y lo acusó de estar concentrado en una eventual carrera presidencial.
Alonso salió al cruce y planteó que la Provincia enfrenta el delito con recursos propios, en medio de una disputa presupuestaria más amplia con Nación. El funcionario aseguró que el gobierno bonaerense está “haciendo un esfuerzo impresionante” y reclamó los fondos que, según la administración provincial, la Casa Rosada dejó de transferir.
El reclamo por los recursos
El ministro de Seguridad bonaerense sostuvo que Nación le quitó a la Provincia unos $750.000 millones que estaban previstos para políticas de seguridad. Ese monto corresponde al Fondo de Fortalecimiento Fiscal, utilizado por Buenos Aires para equipamiento, móviles, tecnología y fortalecimiento salarial de la Policía Bonaerense.
“A nosotros nos dejan solos”, advirtió Alonso. Luego fue más allá y vinculó la falta de recursos con la propia situación del Ministerio de Seguridad nacional. “El Presidente no le da recursos al Ministerio de Seguridad, está con las manos atadas”, dijo sobre Monteoliva.
El reclamo se suma a una disputa financiera que el gobierno de Kicillof viene sosteniendo desde hace meses. La Provincia calcula que Nación mantiene compromisos pendientes por aproximadamente $19 billones, entre transferencias directas, programas discontinuados y obras paralizadas. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, elevó el impacto a $28,4 billones si se incorporan la caída de recursos nacionales y la merma de recaudación provincial atribuida a la recesión.
En ese marco, Bianco rechazó el diagnóstico libertario de una Provincia atravesada por un “baño de sangre” y sostuvo que la administración bonaerense reconoce los problemas de seguridad, pero también reclama condiciones materiales para sostener las políticas públicas.
“No se va a solucionar con una preocupación o una declaración pública de algún político de la oposición indignado. Se va a solucionar con coordinación y con dotar de recursos a la provincia de Buenos Aires”, remarcó.
La Provincia defiende sus números
Alonso reconoció que La Matanza tiene una intensidad delictiva superior al promedio provincial, pero marcó una diferencia entre los hechos que generan conmoción pública y la evolución de determinados indicadores. En particular, señaló que los datos de la Procuración muestran una disminución del robo automotor con arma de fuego en ese distrito.
El funcionario también destacó que la Policía Bonaerense detuvo a los dos motochorros acusados de participar en el ataque contra el custodio de Monteoliva. La propia ministra nacional informó que los responsables estaban identificados y detenidos, y que quedaron a disposición de la Justicia.
La Provincia sostiene, además, que la tasa de homicidios registra una tendencia descendente. Los datos del Sistema Nacional de Información Criminal correspondientes a 2025 muestran 775 víctimas de homicidios dolosos en territorio bonaerense, contra 820 en 2024, con una baja del 5,5% y una tasa de 4,4 víctimas cada 100.000 habitantes.
El mapa del delito, sin embargo, exhibe diferencias territoriales fuertes. La Matanza volvió a concentrar la mayor cantidad de víctimas de homicidio, con 149 casos, seguida por Lomas de Zamora, Moreno, General San Martín, General Pueyrredón, Quilmes y Almirante Brown. En delitos contra la propiedad, los robos totales bajaron cerca del 15% durante 2025, aunque crecieron los robos agravados por lesiones o muerte.
Otro dato que alimenta la discusión es la modalidad de motochorros. Entre enero y agosto de 2026, los casos registrados en la Provincia aumentaron 23,54% respecto del mismo período del año anterior. El comportamiento fue dispar según el municipio: algunos distritos del Conurbano mostraron bajas, mientras otros tuvieron subas marcadas.
Bullrich, la Legislatura y los intendentes
El cruce actual no aparece aislado. Semanas atrás, otro episodio violento frente a una escuela de El Palomar había derivado en un intercambio entre Bullrich y Alonso. La senadora libertaria preguntó públicamente dónde estaba Kicillof y habló de bonaerenses “rodeados de violencia y terror”. El ministro le respondió que no fuera “contradictoria” y contrapuso ese diagnóstico con las estadísticas difundidas por la propia Nación.
La discusión tuvo también una derivación legislativa. Los bloques de La Libertad Avanza pidieron que Alonso sea interpelado en el Senado bonaerense para explicar la situación delictiva, el despliegue policial, las políticas de prevención y la información estadística disponible.
El coordinador provincial libertario, Sebastián Pareja, reclamó datos sobre la cantidad y distribución del personal policial, las rutas de patrullaje y el mapa del delito. “El delincuente no puede conocer mejor el territorio que la Policía”, sostuvo.
El presidente del bloque libertario en el Senado, Carlos Curestis, definió a la Provincia como una “zona liberada”, mientras que el titular de la bancada en Diputados, Juan Osaba, pidió que Kicillof “dé la cara”.
A esa presión se suma el planteo de los municipios. Intendentes de distintos espacios advierten que reciben el reclamo vecinal de manera directa, aunque no conducen la Policía Bonaerense ni definen la política criminal. Las comunas aportan combustible, reparan móviles, instalan cámaras, sostienen centros de monitoreo y contratan personal para tareas preventivas.
El intendente en uso de licencia de José C. Paz, Mario Ishii, reclamó que los municipios dejen de pagar el combustible y el mantenimiento de los patrulleros provinciales. Morón avanzó con una fuerza municipal integrada inicialmente por personal retirado con estado policial. La Provincia analiza cambios en la Ley de Seguridad Pública, pero aún resta definir quién comandaría esas fuerzas, qué formación recibirían y cómo se financiaría su funcionamiento.
El debate también quedó atravesado por el nuevo Régimen Penal Juvenil, cuya aplicación fue suspendida cautelarmente por 60 días en territorio bonaerense. Bullrich cuestionó la medida, aunque la resolución fue dictada por la Justicia. En la Provincia advierten que incorporar una nueva franja etaria exige centros especializados, personal capacitado, infraestructura y coordinación con Salud y Educación.
El subsecretario de Responsabilidad Penal Juvenil, José Luis Zerillo, señaló que Buenos Aires concentra cerca del 40% de la población argentina y el 63% de los menores de 18 años privados de la libertad. Ese dato volvió a ubicar la discusión en el mismo punto que marca la respuesta bonaerense: sin recursos, sostienen en la gestión de Kicillof, no hay política de seguridad que pueda ampliarse de manera seria.