Inseguridad y fondos en disputa: la Provincia le pasa factura a Milei y enfrenta la presión libertaria

El gobierno de Axel Kicillof respondió a la ofensiva nacional por la inseguridad con tres argumentos: defendió la inversión realizada con fondos propios, aseguró que la provincia de Buenos Aires registra el nivel de homicidios más bajo de su historia y vinculó las dificultades operativas con los recursos que la administración de Javier Milei dejó de transferir.

La posición bonaerense fue expresada por el ministro de Seguridad, Javier Alonso, después de las críticas de la senadora nacional y exministra del área Patricia Bullrich. La dirigente libertaria utilizó una serie de hechos violentos ocurridos en el Conurbano para responsabilizar directamente a Kicillof y cuestionar la orientación de su política criminal.

El contrapunto dejó rápidamente el terreno de las redes sociales y llegó a la Legislatura. Los bloques de La Libertad Avanza presentaron un pedido para que Alonso sea interpelado en el Senado y explique la situación delictiva, el despliegue policial, las políticas de prevención y la información estadística disponible.

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Alonso sostuvo que el Gobierno bonaerense mantiene presencia operativa en los 135 municipios y debió reasignar partidas para cubrir inversiones que anteriormente contaban con asistencia nacional. La administración provincial asegura que continuó incorporando móviles, equipamiento, tecnología e infraestructura a pesar de la interrupción de transferencias.

“La inversión en seguridad que su Presidente le negó a la Provincia fue afrontada por nuestro Gobernador, reasignando partidas para sostener los recursos que necesitaban los bonaerenses”, afirmó el ministro. Luego sintetizó su respuesta con una frase dirigida al oficialismo nacional: “Mientras ustedes recortan, nosotros invertimos. Mientras ustedes hablan, nosotros ponemos patrulleros en la calle”.

El reclamo sectorial se incorporó a una disputa financiera mucho más extensa. La gestión de Kicillof calcula que la Nación mantiene compromisos pendientes con Buenos Aires por aproximadamente $19 billones, entre transferencias directas, programas discontinuados y obras paralizadas. Este lunes, el ministro de Gobierno Carlos Bianco informó que si se agregan la caída de los recursos nacionales y la merma de la recaudación provincial atribuida a la recesión, el impacto estimado asciende a $28,4 billones.

Frente a la ofensiva de La Libertad Avanza y al pedido de interpelación contra Alonso, Bianco sostuvo que el Ejecutivo provincial reconoce la gravedad de la inseguridad, pero rechazó el diagnóstico de una Provincia atravesada por un supuesto “baño de sangre”.

“Nadie mejor que nosotros es consciente de cuáles son los problemas de la provincia de Buenos Aires, porque no solo nos preocupan, sino que nos ocupamos”, afirmó Bianco. En ese sentido, aseguró que la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes mantiene una tendencia descendente y señaló que otros indicadores delictivos también registraron reducciones durante los últimos años.

El funcionario cuestionó, además, la contradicción que observa entre las críticas libertarias y los números difundidos por la propia administración nacional. “El Gobierno nacional se mofa de que han mejorado los indicadores de seguridad en la Argentina desde que llegaron ellos, pero la provincia de Buenos Aires es el 40% o el 50% de eso. Después nos dicen a nosotros que hay un baño de sangre. No podrían pasar las dos cosas al mismo tiempo”, planteó.

Bianco aclaró que la mejora estadística no significa desconocer los delitos ni el temor de la población. “Claro que existe delito. Es un desafío que vamos a tener que sostener y que no se va a solucionar con una preocupación o una declaración pública de algún político de la oposición indignado. Se va a solucionar con coordinación y con dotar de recursos a la provincia de Buenos Aires”, remarcó.

En ese punto, dirigió el reclamo hacia la Casa Rosada por la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal, creado durante el gobierno de Alberto Fernández y utilizado por la Provincia principalmente para incorporar tecnología, equipamiento y móviles, además de fortalecer el salario de la Policía Bonaerense. Según explicó, Buenos Aires tenía previsto recibir aproximadamente $750.000 millones durante 2025, pero el dinero “no llegó nunca”. Al actualizar el perjuicio acumulado, el Gobierno provincial calcula que el monto adeudado por ese concepto ronda los $2,5 billones.

El antecedente que expuso las dos versiones

El cruce por la inseguridad comenzó tras un violento episodio frente a una escuela de El Palomar. Bullrich preguntó públicamente dónde estaba Kicillof y sostuvo que los bonaerenses vivían “rodeados de violencia y terror”. También vinculó el caso con la suspensión judicial, por 60 días, del nuevo Régimen Penal Juvenil en territorio provincial.

Alonso le respondió utilizando las propias estadísticas nacionales. Señaló que durante la gestión de Bullrich y bajo la conducción actual de Alejandra Monteoliva, la Casa Rosada presentó a la Argentina como uno de los países más seguros de la región. El ministro remarcó que esos indicadores incorporan el trabajo de las policías provinciales y acusó a la dirigente libertaria de construir dos diagnósticos contradictorios.

“Cuando usted era ministra, sus propias estadísticas mostraban a la Argentina como uno de los países más seguros de la región. Hoy, Monteoliva difunde números similares y, de repente, todo es violencia y terror. ¿En qué quedamos?”, cuestionó.

La Provincia también trasladó parte de la discusión al control de las fronteras, una competencia federal. Alonso planteó que la droga que llega a Buenos Aires atraviesa miles de kilómetros antes de ingresar al territorio y acusó a la Nación de desatender los pasos fronterizos.

Bullrich respondió que el índice de homicidios en municipios del Conurbano duplica los registros del interior provincial y del promedio nacional. Además, afirmó que los robos violentos aumentaron más de un 150% durante el último año. 

La discusión tendrá ahora una derivación institucional. Los bloques libertarios de ambas cámaras solicitaron que Alonso comparezca ante el Senado bonaerense para explicar las medidas implementadas por el Ejecutivo.

El coordinador provincial de LLA, Sebastián Pareja, sostuvo que no existe información pública suficiente sobre la cantidad y distribución del personal policial, las rutas de patrullaje y el mapa del delito. “El delincuente no puede conocer mejor el territorio que la Policía”, expresó.

El presidente del bloque libertario en el Senado, Carlos Curestis, definió a la Provincia como una “zona liberada”, mientras el titular de la bancada en Diputados, Juan Osaba, reclamó que Kicillof “dé la cara”. 

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Los intendentes presionan por respuestas propias

El intercambio entre Nación y Provincia convive con una tercera demanda: la de los municipios. Jefes comunales de diferentes sectores advierten que son quienes reciben directamente los reclamos vecinales, aunque no conducen la Policía Bonaerense ni controlan la política criminal.

Las administraciones locales aportan combustible, reparan móviles, instalan cámaras, sostienen centros de monitoreo y contratan personal para tareas preventivas. Esa participación creció durante los últimos años sin una delimitación uniforme de competencias ni un mecanismo permanente de financiamiento.

El intendente en uso de licencia de José C. Paz, Mario Ishii, reclamó que los municipios dejen de pagar el combustible y el mantenimiento de los patrulleros provinciales. Su planteo abrió un frente interno en el peronismo al cuestionar que las comunas deban financiar tareas correspondientes al Gobierno bonaerense.

En Morón, Lucas Ghi avanzó con una fuerza municipal integrada inicialmente por personal retirado que conserva estado policial. El debate se intensificó después de los ataques registrados en cercanías de establecimientos educativos y derivó en un reclamo para que la Provincia habilite una policía local con armas y atribuciones más amplias.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, la discusión municipal no se limita a sumar agentes. Los intendentes pretenden intervenir en la selección de autoridades, la planificación de recorridos y la definición de prioridades territoriales. La Provincia analiza cambios en la Ley de Seguridad Pública, pero todavía no existe acuerdo sobre quién comandaría esas fuerzas, qué formación recibirían y, principalmente, quién pagaría su funcionamiento.

El Régimen Penal Juvenil, otro foco de tensión

La seguridad bonaerense también quedó atravesada por la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil, cuya aplicación fue suspendida cautelarmente durante 60 días en la Provincia.

Bullrich utilizó esa resolución para acusar al Gobierno provincial y a sectores judiciales de favorecer la impunidad. Sin embargo, la cautelar no fue dictada por el Ejecutivo de Kicillof, sino por la Justicia, ante los cuestionamientos sobre la ausencia de condiciones materiales para aplicar el sistema.

Funcionarios bonaerenses vienen advirtiendo que incorporar una nueva franja etaria exige centros especializados, personal capacitado, dispositivos socioeducativos, infraestructura y coordinación con las áreas de Salud y Educación.

El subsecretario de Responsabilidad Penal Juvenil, José Luis Zerillo, señaló que Buenos Aires concentra cerca del 40% de la población argentina, pero reúne al 63% de los menores de 18 años privados de la libertad. Según explicó, la incorporación de adolescentes de menor edad prácticamente duplicaría la población potencialmente alcanzada por el régimen.

La discusión, por lo tanto, vuelve al presupuesto. La Provincia sostiene que la Nación modificó el sistema sin garantizar los recursos necesarios para aplicarlo; el Gobierno libertario responde que Kicillof utiliza la falta de financiamiento como argumento para resistir una política que no comparte.