Crece el debate por las policías locales: autonomía, armas y responsabilidades en disputa

La inseguridad volvió a poner sobre la mesa una discusión que la política bonaerense posterga desde hace años: qué responsabilidad deben asumir los municipios, qué facultades están dispuestos a cederles la Provincia y la Policía Bonaerense y quién financiará una eventual fuerza local armada.

El último impulso llegó desde Morón, después de que un hombre fuera baleado durante un robo a pocos metros de una escuela. El episodio llevó al intendente Lucas Ghi a reclamar una ley provincial que habilite a las comunas a contar con personal armado bajo su jurisdicción.

El planteo excede la respuesta puntual del Municipio. En la Legislatura ya conviven proyectos del kicillofismo, el Frente Renovador y el PRO, mientras el Ministerio de Seguridad prepara una reforma integral de la Ley 12.154 de Seguridad Pública. Todos reconocen que los gobiernos locales asumieron un papel creciente en la prevención, pero difieren sobre el nivel de autonomía que deberían tener.

La disputa también atraviesa al oficialismo. Mientras algunos intendentes peronistas reclaman mayor control sobre los efectivos desplegados en sus distritos, el senador Sergio Berni rechaza la fragmentación del sistema y propone concentrar los esfuerzos en una reforma profunda de la Policía Bonaerense.

A esa discusión se sumó Mario Ishii, quien pidió que los municipios dejen de pagar el combustible y las reparaciones de los patrulleros provinciales. Tras un crimen ocurrido en José C. Paz, la comuna reclamó directamente a Kicillof que asuma la “total y completa responsabilidad” en materia de seguridad.

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El caso que aceleró una discusión pendiente

El episodio que reavivó el debate ocurrió este jueves por la mañana cuando un hombre fue baleado cerca de una escuela en El Palomar. Ese mismo día, a pocas cuadras, una mujer que trasladaba a sus hijos fue interceptada por delincuentes armados que intentaron robarle el vehículo.

Los hechos se produjeron mientras Morón avanza con la puesta en marcha de la nueva Policía Municipal. El nuevo cuerpo comenzaría a operar en diciembre con una primera promoción integrada por 130 agentes, seleccionados entre unos 2.200 postulantes.

Los elegidos son exintegrantes de distintas fuerzas que se retiraron voluntariamente, pero conservan estado policial. Antes de salir a la calle atravesarán cuatro meses de reentrenamiento y recibirán equipamiento de baja letalidad provisto por la comuna.

La situación presenta una limitación central: la legislación vigente no permite que los municipios entreguen armas de fuego a sus agentes. Quienes mantienen estado policial pueden portar legalmente sus armas personales y utilizarlas ante una situación extrema, pero el gobierno local no está habilitado para proporcionarles armamento reglamentario.

Por eso, después de los ataques, Ghi reclamó una norma que amplíe las facultades municipales. “Se está trabajando con la Provincia para que exista una ley provincial que nos permita tener personal armado bajo nuestra jurisdicción”, explicó el intendente.

La seguridad pública está organizada bajo conducción provincial. La Policía Bonaerense depende del Ministerio de Seguridad y los intendentes no tienen mando integral sobre los efectivos que trabajan en sus distritos.

Los municipios, sin embargo, dejaron de ser actores secundarios. Actualmente financian centros de monitoreo, cámaras, alarmas, corredores seguros, lectores de patentes, móviles de prevención, sistemas de comunicación y personal destinado a tareas de vigilancia urbana.

También aportan combustible, reparan patrulleros, ceden edificios y complementan el equipamiento de la Bonaerense. Esa participación creció sin que se modificara de manera equivalente el marco legal. El resultado es una zona gris: los intendentes invierten recursos y reciben el reclamo directo de los vecinos, pero no controlan la totalidad de las fuerzas ni pueden tomar todas las decisiones operativas.

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Dos modelos distintos dentro del peronismo

La Legislatura bonaerense tiene al menos dos propuestas del oficialismo para regular las fuerzas municipales. Aunque comparten el objetivo de ampliar la presencia territorial, plantean estructuras diferentes.

El diputado massista Carlos Puglelli impulsa un modelo de policías comunales con mayor dependencia orgánica y operativa de cada municipio. El esquema les otorgaría a los intendentes una capacidad más amplia para organizar la fuerza, definir prioridades y conducir el despliegue local.

El proyecto del diputado Leonardo Moreno, dirigente vinculado al intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, propone una Policía Municipal de Proximidad con una descentralización más moderada. La Provincia conservaría mayores facultades de coordinación, formación y control.

La diferencia toca el núcleo de la discusión: si la nueva fuerza responderá directamente al intendente o si formará parte de un sistema provincial con intervención municipal.

El PRO también presentó una propuesta para crear una nueva estructura destinada a reforzar la presencia policial en los distritos. El interés opositor muestra que el debate cruza a las fuerzas políticas, aunque no existe consenso sobre la cadena de mando.

La principal resistencia dentro del peronismo llegó desde Sergio Berni. El exministro de Seguridad y actual jefe de la bancada de Fuerza Patria en el Senado considera que la inseguridad no se resolverá multiplicando policías municipales, sino reformando integralmente la Bonaerense.

Su posición introduce una advertencia sobre la fragmentación. Si cada distrito conforma una fuerza con protocolos, salarios, equipamiento y capacidades diferentes, la calidad del servicio podría depender de los recursos económicos de cada municipio.

Las comunas con mayor recaudación estarían en condiciones de incorporar más agentes, tecnología y móviles. Los distritos con cuentas débiles podrían quedar relegados o aumentar tasas para financiar la estructura.

También aparecen dificultades vinculadas con la coordinación. El delito atraviesa límites municipales y requiere compartir información, realizar investigaciones y desplegar operativos entre distintas jurisdicciones. Una descentralización sin reglas comunes podría complicar esas tareas.

Quienes defienden las policías locales sostienen, en cambio, que el conocimiento territorial permite detectar conflictos, identificar zonas críticas y responder más rápido. Además, plantean que la centralización actual tampoco garantiza resultados homogéneos entre los 135 municipios.

Ishii profundizó el reclamo por las responsabilidades

El debate adquirió una dimensión política más delicada después del asesinato de David Elías Ojeda Vázquez, un joven atacado por motochorros que le robaron la motocicleta en José C. Paz. La Municipalidad reclamó a Kicillof un refuerzo inmediato y sostuvo que “es el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires quien debe asumir la total y completa responsabilidad” por la seguridad.

La comuna está encabezada interinamente por Lorena Espina, aunque Mario Ishii continúa siendo su principal conductor político mientras ocupa una banca en el Senado bonaerense.

José C. Paz aseguró que sostiene con fondos propios más de 250 agentes, 70 móviles de la Patrulla Urbana, cámaras y el Centro de Operaciones Municipal. También afirmó que paga combustible y reparaciones de vehículos pertenecientes a la Policía Bonaerense.

Ishii llevó ese conflicto al plano legislativo con una propuesta para impedir que los municipios deban afrontar la nafta y el mantenimiento de los patrulleros provinciales. Su argumento es que esos gastos corresponden al gobierno de Buenos Aires y que las comunas terminan financiando una competencia que no controlan.

El planteo golpea un punto sensible para Kicillof. Si la seguridad es una responsabilidad provincial, los intendentes exigen que también lo sea su financiamiento. Si la Provincia necesita el aporte municipal, los jefes comunales reclaman participación efectiva en las decisiones.

El movimiento de Ishii, además, se inscribe en una secuencia de desacuerdos con el Ejecutivo bonaerense. El senador ya había reclamado emergencias alimentaria y sanitaria y cuestionado medidas provinciales vinculadas con la asistencia social. La seguridad agregó ahora un tema de fuerte impacto territorial a esa tensión.

Los intendentes quieren convertir gastos en poder de decisión

El reclamo no pertenece solamente a Morón o José C. Paz. Intendentes peronistas, radicales, macristas y vecinalistas coinciden en que sus municipios tienen cada vez más obligaciones prácticas y muy pocas herramientas formales.

En mayo se reunieron en Escobar jefes comunales de distintos espacios con el ministro Javier Alonso. Entre otros, participaron Ariel Sujarchuk, Ramón Lanús, Federico Achával, Leonardo Boto, Federico Otermín y Federico Susbielles. Allí, el Ministerio de Seguridad distribuyó un documento para comenzar a discutir una reforma.

Los intendentes plantearon que ya invierten en móviles, tecnología, infraestructura y personal. Lo que buscan ahora es que ese esfuerzo tenga una correspondencia institucional: más intervención en la selección de autoridades, la planificación de patrullajes y la evaluación de resultados.

Alonso reconoció entonces que la legislación actual no refleja el trabajo realizado por las comunas. También sostuvo que el retiro de recursos nacionales limitó la capacidad de inversión bonaerense, introduciendo otro actor en la discusión sobre el financiamiento.

La reforma que prepara la Provincia

Kicillof anunció durante la apertura de sesiones ordinarias que enviaría una modificación integral de la Ley de Seguridad Pública, vigente desde 1998. Antes de ingresar el proyecto, la Provincia abrió foros con intendentes, legisladores y especialistas.

En uno de esos encuentros, realizado en Bolívar, los jefes comunales reclamaron una distribución más equilibrada de las responsabilidades y los fondos. El intendente radical de General Alvear, Ramón Capra, explicó que las comunas destinan recursos al mantenimiento de vehículos, equipamiento e infraestructura policial. Su planteo resumió una demanda compartida: cualquier cambio debe reconocer cuánto aporta cada distrito y garantizar una fuente estable de financiamiento.

La Provincia evalúa darles mayor representación a los alcaldes dentro del Consejo Provincial de Seguridad. También trabaja en una nueva ley de formación policial. Sin embargo, todavía falta conocer el texto definitivo y el grado de autonomía que aceptará conceder.