Legislativas Por: Mariana Portilla06 de octubre de 2026

Una nueva pelea por los fondos: el PRO apunta al esquema escolar de Kicillof

El senador Pablo Petrecca impulsa dos proyectos para establecer actualizaciones automáticas en el Servicio Alimentario Escolar y el transporte rural. Las propuestas buscan que prestaciones clave dejen de depender de ajustes discrecionales y queden atadas por ley a la evolución de los precios y los costos.
El PRO impulsa dos proyectos para establecer actualizaciones automáticas en el Servicio Alimentario Escolar y el transporte rural.

El PRO llevó al Senado bonaerense dos proyectos para cambiar la forma en que se actualizan los recursos destinados a servicios vinculados con la asistencia a clases: el Servicio Alimentario Escolar (SAE) y el Transporte Escolar Rural. La propuesta de Pablo Petrecca apunta a dejar establecidas por ley fórmulas automáticas para que los montos acompañen la evolución de los precios y de los costos de cada prestación.

Las iniciativas llegan mientras el Ejecutivo bonaerense trabaja sobre el Presupuesto 2027 y después de que Axel Kicillof solicitara una prórroga para su presentación. En ese contexto, el presidente del bloque PRO reclamó incorporar ambos mecanismos a la discusión presupuestaria.

“Preocuparse es reaccionar cuando el problema ya apareció. Ocuparse es anticiparse y generar herramientas para evitarlo”, sostuvo Petrecca al presentar los textos. Luego agregó: “La idea es simple: prever hoy para que el año que viene los chicos no se queden sin transporte ni alimentos por falta de previsibilidad”.

La propuesta involucra dos prestaciones con estructuras diferentes. El SAE tiene alcance provincial, llega a más de 2,5 millones de estudiantes y funciona en unas 11.700 escuelas públicas de los 135 municipios. El transporte rural, en cambio, responde a recorridos específicos destinados a garantizar la llegada de alumnos que viven alejados de los establecimientos educativos.

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El SAE: una actualización cada tres meses

El primer proyecto establece un marco permanente para el Servicio Alimentario Escolar y propone que las partidas se actualicen automáticamente cada tres meses. La fórmula tomaría como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor del Gran Buenos Aires que publica el INDEC. El incremento aplicado a los recursos no podría ser inferior a esa evolución.

El esquema también mantiene una ejecución descentralizada a través de los Consejos Escolares y de los municipios que adhieran mediante convenio y contempla disposiciones sobre calidad, cantidad y valor nutricional de los alimentos.

El planteo aparece sobre una política que durante 2026 ya tuvo distintas actualizaciones. En abril, el Gobierno bonaerense anunció una suba del 30% y elevó la inversión mensual de $41.000 millones a $54.000 millones. En julio informó otro incremento del 15%, con vigencia desde agosto. Según los números oficiales, la recomposición acumulada durante el año llegó así al 49,58%. Con ese último movimiento, la inversión mensual pasó a $70.400 millones, es decir, $16.400 millones adicionales por mes. La proyección anual informada por la Provincia asciende a $588.850 millones.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el alcance del SAE creció durante los últimos años. Actualmente, más de 2,5 millones de chicos y chicas reciben desayuno o merienda en establecimientos públicos y alrededor de 900.000 almuerzan diariamente dentro del sistema educativo bonaerense. Desde 2020, además, fueron construidos, ampliados o refaccionados más de 400 comedores, lo que permitió incorporar a más de 500.000 alumnos al servicio de almuerzo.

La directora provincial de Nutrición, Lucía Cacciutto, dimensionó el programa con una cifra: “Más de dos millones y medio de chicos y chicas desayunan y meriendan en las escuelas, y 900 mil almuerzan todos los días”.

En paralelo, el Ejecutivo provincial reclama al Gobierno nacional una deuda superior a $220.800 millones vinculada al SAE y sostiene que la participación federal en el sostenimiento del programa cayó al 14,5%. 

Transporte rural: el valor del kilómetro

El segundo proyecto cambia de fórmula. Para el Transporte Escolar Rural Gratuito, Petrecca propone que el financiamiento tenga una actualización periódica vinculada con el costo efectivo de prestar el servicio.

El texto toma como referencia la estructura de costos por kilómetro utilizada por la Secretaría de Transporte de la Nación para el transporte automotor de pasajeros, o el indicador oficial que eventualmente la reemplace.

Entre las variables previstas aparecen combustibles, lubricantes, neumáticos, reparaciones, mantenimiento de los vehículos, salarios y cargas sociales, seguros, amortizaciones, impuestos, tasas y gastos administrativos.

A diferencia del SAE, donde se fija expresamente una actualización trimestral, en el transporte el mecanismo propuesto sigue la evolución de los componentes de la estructura de costos.

La iniciativa también busca declarar el servicio como una política pública provincial de carácter permanente, destinada a estudiantes de establecimientos estatales que necesitan traslado por las condiciones geográficas o de movilidad del lugar donde viven.

Pablo Petrecca, senador del PRO.

El argumento presentado por Petrecca apunta a los conflictos que se registran cuando el monto reconocido por los recorridos no acompaña los gastos de los transportistas. “Es el momento de contemplar estos mecanismos y convertirlos en ley”, afirmó el senador al vincular los proyectos con la discusión del próximo presupuesto.

El legislador sostiene que las diferencias entre las tarifas acordadas y los costos pueden generar demoras en el comienzo de los servicios o interrupciones durante el ciclo lectivo. Esa situación fue mencionada durante el año por distintos municipios y consejos escolares del interior.

En Rauch, por ejemplo, el municipio otorgó en marzo un subsidio de $2,51 millones al Consejo Escolar para cubrir parte de gastos vinculados con el transporte rural. El decreto municipal mencionó recorridos utilizados para asegurar la presencialidad de estudiantes de establecimientos alejados.

La discusión también apareció en General Arenales, donde autoridades municipales plantearon ante representantes del sistema educativo provincial la necesidad de sostener y fortalecer los traslados para alumnos que residen en zonas rurales.

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Una agenda que el PRO busca instalar en el Senado

Los dos nuevos proyectos llevan la firma del presidente de la bancada del PRO en un momento de reacomodamiento interno del espacio en la Cámara alta. Guillermo Montenegro solicitó una licencia extraordinaria para volver a ejercer la intendencia de General Pueyrredon. Si el Senado aprueba su apartamiento y asume la primera suplente, María Luján Fiego, el PRO quedará temporalmente con cuatro bancas, mientras La Libertad Avanza sumará una integrante.

En ese escenario, Petrecca continúa al frente del bloque amarillo y mantiene una agenda legislativa propia. Durante 2026 impulsó, entre otras iniciativas, cambios en la Verificación Técnica Vehicular, propuestas vinculadas con bienestar y violencia escolar, transporte, seguridad y políticas productivas.

En septiembre, el Senado aprobó por unanimidad un proyecto suyo para pedir la revisión y modernización del sistema de VTV. La nueva presentación pone ahora el foco en dos gastos educativos cuya ejecución atraviesa tanto a la Provincia como a los municipios.

Petrecca continúa al frente del bloque amarillo con una agenda legislativa propia.

Las iniciativas fueron presentadas mientras Provincia y oposición comienzan a ordenar sus posiciones para la próxima ley de gastos y recursos. Kicillof pidió una extensión del plazo de presentación del Presupuesto 2027 con el argumento de evaluar las proyecciones macroeconómicas nacionales, el flujo de recursos y las variables incorporadas al proyecto presupuestario enviado por el Gobierno de Javier Milei al Congreso.

Petrecca utilizó esa prórroga para reclamar que las dos fórmulas sean discutidas dentro del próximo esquema financiero. “Hoy la Provincia está pidiendo una prórroga para el Presupuesto. Este es el momento de contemplar estos mecanismos y convertirlos en ley”, afirmó.

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