“Un breve y magro paso de Nación”: el agro denuncia el retiro del Gobierno de Milei y exige obras por las inundaciones
La emergencia hídrica que golpeó al oeste bonaerense volvió a abrir un reclamo directo al Gobierno de Javier Milei. La Sociedad Rural de 9 de Julio denunció que la participación de Nación en la Mesa de Emergencia creada para enfrentar las inundaciones tuvo apenas “un breve y magro paso”, pese a que los problemas sobre caminos, canales y áreas productivas todavía no fueron completamente resueltos.
El planteo fue realizado por el presidente de la entidad, Hugo Enríquez, durante la 129ª Exposición Rural del distrito. “La crisis que atravesamos es el resultado de la falta de planificación técnico-económica, compromiso equitativo y políticas públicas de muchos años”, afirmó el dirigente, que volvió a reclamar respuestas coordinadas de los tres niveles del Estado.
La Rural sostiene que más del 75% de los problemas que dejó la emergencia todavía requiere intervención, especialmente en materia vial. El reclamo no implica que tres cuartas partes del distrito continúen hoy bajo agua: el porcentaje utilizado por la entidad refiere al volumen de problemas pendientes de resolución sobre caminos y territorio luego de la crisis.
La denuncia llega cuando 9 de Julio todavía permanece alcanzado por una emergencia agropecuaria provincial vigente desde el 1° de mayo hasta el 31 de octubre de 2026, declarada mediante el Decreto 1270/26. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, durante los meses más críticos el distrito llegó a registrar aproximadamente 200.000 hectáreas productivas bajo agua, cerca de la mitad de su superficie agropecuaria.
La Nación llegó a la mesa y después dejó de participar
La Mesa de Emergencia había sido conformada con representantes de las entidades rurales, productores, el Municipio de 9 de Julio y funcionarios provinciales. Nación se incorporó posteriormente y comprometió la participación de equipos técnicos. Según reconstruyeron la Sociedad Rural y medios locales, esa presencia se mantuvo durante un período reducido y luego dejó de formar parte regularmente del ámbito.
Enríquez describió esa intervención como “un breve y magro paso de la Nación” y remarcó que la emergencia todavía no terminó. El antecedente se remonta a 2025, cuando la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, llegó a 9 de Julio junto con funcionarios nacionales para recorrer las zonas inundadas, reunirse con productores e intendentes y anunciar asistencia.
“Hemos decidido, a partir de la situación que sufren los productores agropecuarios, las familias trabajadoras de una gran zona de la provincia de Buenos Aires, poner recursos nacionales”, sostuvo Bullrich al anunciar el operativo. Nación también informó que instalaría un centro de operaciones en 9 de Julio.
Posteriormente se comunicó una asistencia de $1.900 millones para municipios afectados, acompañada por maquinaria vial y participación de organismos nacionales.
La letra chica generó críticas entre los productores: el monto sería distribuido entre aproximadamente 20 municipios, y no sólo entre los cinco distritos que habían participado inicialmente de las conversaciones con Bullrich.
Patricia Gorza, productora de 9 de Julio y dirigente de Federación Agraria, resumió entonces el malestar: “Nos parece una tomada de pelo”. La asistencia material incluía una retroexcavadora, una motopala, una motoniveladora y dos camiones volcadores de Vialidad Nacional, además de vehículos y equipamiento del Ejército.
200.000 hectáreas bajo agua y una caída productiva cercana al 50%
El impacto que dejó la crisis hídrica aparece en distintos relevamientos. Durante los meses más comprometidos 9 de Julio llegó a registrar unas 200.000 hectáreas productivas bajo agua, mientras el Gobierno bonaerense terminó declarando la emergencia para todo el partido.
Enríquez agregó ahora otro cálculo: los estudios elaborados durante el último año por la Sociedad Rural estimaron que la inundación provocó un recorte productivo cercano al 50%. Se trata de una estimación realizada por la entidad rural sobre el impacto de la emergencia.
A los campos anegados se sumó el deterioro de la red vial. Un relevamiento difundido por la propia Sociedad Rural a comienzos de 2026 había analizado 28 trazas y encontrado 75% de caminos intransitables, 25% en mal estado y ninguno en buenas condiciones.
“Un camino intransitable reduce la producción, afecta la economía del distrito y daña el tramado social de toda la ruralidad”, había advertido la entidad.
El problema excede al traslado de granos y hacienda: por esas mismas trazas circulan docentes, estudiantes, ambulancias, trabajadores, transportistas y familias que viven en establecimientos alejados de los centros urbanos.
Dos propuestas para cambiar la gestión de los caminos
La última reunión de la Mesa de Emergencia se realizó el 24 de septiembre. Allí, los productores llevaron dos iniciativas: la creación de un consorcio de caminos y la puesta en marcha de una comisión vial para administrar y monitorear el estado de la red rural.
La segunda alternativa ya viene siendo trabajada junto con el Ejecutivo municipal, representantes del Concejo Deliberante, entidades agropecuarias y la Cámara de Comercio e Industria.
El esquema recibió respaldo de organizaciones como Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria, Coninagro, la Sociedad Rural local y productores independientes. “Esto puso en claro que las entidades del agro y los productores estamos alineados en una necesidad básica y real: solucionar este problema”, afirmó Enríquez.
La propuesta prevé además incorporar a otros usuarios de la red: vecinos rurales, escuelas, transportistas, contratistas, Bomberos y Patrulla Rural.
El segundo capítulo del reclamo es hidráulico. La Sociedad Rural pidió acelerar las intervenciones sobre los canales El Gato, Cañada de Saladillo, La Sofía, San Emilio Sur y El Mercante, entre otros cursos que intervienen en el drenaje de la región.
La entidad también reclamó una solución para el Nodo Bragado, considerado estratégico para el manejo del agua en distintos distritos del oeste bonaerense.
“Somos parte de distintas cuencas y las mismas atraviesan límites políticos. Necesitamos sentido común y trabajo en equipo entre los municipios, la Provincia y la Nación”, sostuvo Enríquez. A esos pedidos se suma la obra del río Salado. La Rural exige liberar recursos para terminar el tramo 4, una intervención que forma parte del esquema de obras hídricas reclamado desde hace años por productores y gobiernos bonaerenses.
La pelea por las obras se cruza con otra controversia: el destino de los recursos nacionales específicamente recaudados para infraestructura hídrica. La diputada bonaerense Silvina Vaccarezza obtuvo mediante un pedido de Acceso a la Información Pública datos sobre $354.197 millones del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica.
Según la respuesta oficial citada en aquella presentación, $303.370 millones estaban colocados en Letras del Tesoro Nacional, $50.779 millones permanecían disponibles en una cuenta y otros $47,2 millones estaban depositados en un plazo fijo de reserva de liquidez.
Vaccarezza cuestionó esa situación mientras seguían pendientes distintas intervenciones en territorio bonaerense. “La plata destinada a obras hídricas tiene que estar en las obras, no en la timba financiera”, afirmó la legisladora.
El Presupuesto nacional 2027 volvió a colocar el fondo bajo análisis: las planillas oficiales prevén $113.130 millones destinados al aumento de la inversión financiera, algo más del 22% de los $510.724 millones proyectados para ese mecanismo durante el próximo ejercicio.
Una crisis que ya había llegado a todo el interior
El cuadro de 9 de Julio forma parte de un problema más amplio. GRUPOLAPROVINCIA.COM reconstruyó reclamos de productores de distintos puntos bonaerenses donde las inundaciones dejaron caminos cortados, puentes dañados, cosechas sin poder salir de los establecimientos y familias rurales aisladas.
En el sudeste bonaerense, algunos sectores acumularon entre 240 y 400 milímetros de lluvia en pocas semanas, mientras productores de Necochea reportaron dificultades para ingresar a los campos incluso después de que el agua superficial comenzara a retirarse.
“Hay gente que directamente está aislada”, había advertido Agustina Balsategui, integrante de la Comisión Hídrica de Productores Agropecuarios de Necochea.
En 9 de Julio, la posición de la Sociedad Rural quedó sintetizada en una frase de Enríquez: “La emergencia no concluyó”. La entidad sostiene que todavía deben resolverse problemas viales, completar obras hidráulicas y definir un esquema estable de mantenimiento.
En la Expo Rural, el dirigente pidió que ese trabajo no dependa de cada cambio de administración. “Hoy propongo dar vuelta la página y mirar hacia adelante de una forma diferente la política vial e hidráulica, para que realmente sea una política de Estado”, concluyó.