Deuda familiar en la Provincia: la mora escala y las financieras concentran los casos más críticos

El endeudamiento de los hogares bonaerenses sumó en agosto una nueva señal de deterioro. El último Mapa de la Deuda, elaborado por el Centro de Estudios para la Ciudad (CEC) a partir de información de la Central de Deudores del Banco Central, ubicó la tasa general de mora de la provincia de Buenos Aires en 22,9%, mientras que el 28,02% de las personas endeudadas registraba atrasos.

El cuadro se vuelve mucho más severo fuera de los bancos tradicionales. Entre quienes tienen obligaciones con financieras, el 57,1% de los deudores está en mora y el 53,4% del volumen financiado presenta irregularidades. Apenas cuatro meses antes, en abril, esos registros eran de 50,7% y 44,6%, respectivamente.

La diferencia según quién presta el dinero permite dimensionar el problema. En agosto, la tasa de mora alcanzó el 56,8% en el sector comercial, frente al 31,3% de las fintech, el 25,2% de los bancos privados y el 14,4% de los públicos. El deterioro se concentra así en los circuitos a los que suelen recurrir quienes tienen menos posibilidades de obtener financiamiento bancario tradicional. 

El fenómeno tampoco se limita a unos pocos municipios. Entre quienes tomaron préstamos con financieras aparecen registros especialmente elevados en Coronel Rosales, con 66,9%; General Alvear y Saladillo, con 65,3%; Morón, con 61%; Tapalqué y Roque Pérez, con 60,8%; y San Martín y Avellaneda, con 60,3%. Ensenada alcanzó el 59,8% y Tres de Febrero, el 58,8%.

Del crédito como consumo al crédito para sostener gastos básicos

Los datos bonaerenses de agosto profundizan una tendencia que ya aparecía en el sistema bancario nacional. En julio, el Banco Central registró que el 12,9% de los créditos de las familias se encontraba en situación irregular. En noviembre de 2023 ese indicador era de 2,7%: el aumento acumulado fue de 10,2 puntos porcentuales.

El salto más fuerte aparece precisamente en los instrumentos asociados al consumo. La irregularidad de los préstamos personales pasó de 4,2% en noviembre de 2023 a 16,7% en julio de 2026, mientras que en las tarjetas de crédito avanzó de 1,7% a 12,8%. Los prendarios subieron de 2,7% a 8,1% y los hipotecarios tuvieron un incremento mucho menor, de 1,2% a 1,6%. 

Ese recorrido coincide con el diagnóstico que viene difundiendo el ministro de Economía bonaerense, Pablo López. Para el funcionario, el deterioro laboral y de los ingresos está llevando a una parte creciente de las familias a financiar consumos básicos y, una vez tomada la deuda, a encontrar cada vez más dificultades para cancelarla.

Los gráficos difundidos por López permiten ver además que el problema excede a los bancos. En proveedores no financieros de crédito, el último dato oficial utilizado en su serie mostraba una irregularidad del 28,6% en febrero, mientras una estimación elaborada con información preliminar de CENDEU-BCRA ubicaba el indicador en 32,5% para julio.

La Provincia viene utilizando esos números para cuestionar la lectura del Gobierno nacional sobre el endeudamiento de los hogares. López sostiene que no se trata solamente de contratos entre particulares, sino de un fenómeno asociado con la evolución del empleo, los salarios y la capacidad de compra.

La discusión adquiere otra dimensión cuando se observa para qué se pide el dinero. Un relevamiento de la Defensoría del Pueblo bonaerense, realizado sobre 1.408 respuestas de 97 municipios, mostró que el 56,6% había solicitado un préstamo en los doce meses anteriores y que, entre esas personas, el 73,5% todavía mantenía la obligación pendiente.

El dato más sensible está en el destino: 56,9% dijo haber usado el préstamo para comprar alimentos. Además, cuatro de cada diez hogares endeudados destinaban más de la mitad de sus ingresos al pago de cuotas.

El presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, sintetizó ese desplazamiento meses atrás: “La gente paga con crédito la compra de la comida”. La entidad acumuló durante 2026 más de 100.000 operaciones de refinanciación por encima de los $390.000 millones, con planes que pueden extenderse hasta 72 meses. 

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La Provincia busca intervenir antes y después de la mora

El deterioro ya produjo una reacción legislativa. A fines de septiembre, la Cámara de Diputados bonaerense dio media sanción a cuatro proyectos destinados a regular la contratación de créditos, la renegociación de obligaciones, las cobranzas extrajudiciales y los procedimientos para personas sobreendeudadas. Ahora deberán ser tratados por el Senado.

Una de las iniciativas, impulsada por Facundo Tignanelli junto con el defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, crea un Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento. Su principal herramienta es una instancia prejudicial obligatoria y gratuita que permitirá reunir a todos los acreedores para intentar reorganizar las obligaciones.

El proyecto establece un límite: la suma de las cuotas de un acuerdo no podrá superar el 30% de los ingresos netos mensuales del deudor. La propuesta deberá combinar alternativas como extensión de plazos, reducción de intereses o quitas.

Otro texto crea un procedimiento judicial específico para personas sobreendeudadas. El juez podrá convocar a los acreedores, revisar intereses y cláusulas, ordenar nuevas modalidades de pago y detener determinados mecanismos de cobro mientras se intenta alcanzar una solución integral.

Un tercer proyecto pone límites a las agencias de cobranzas. Los reclamos deberán realizarse entre las 9 y las 20 de días hábiles y no podrán contactar a familiares, empleadores o terceros para presionar al deudor, ni utilizar números ocultos, mecanismos intimidatorios o bloqueos unilaterales de cuentas donde se perciben salarios, jubilaciones y prestaciones alimentarias.

El cuarto apunta al momento previo a la contratación. Bancos, plataformas digitales y prestamistas deberán informar con claridad el costo financiero total, la tasa efectiva anual, las cuotas, seguros y penalidades. También se busca evitar que aplicaciones o billeteras presenten un préstamo como si se tratara de dinero disponible sin explicitar que deberá ser devuelto.

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El mapa de agosto agrava una discusión que ya estaba abierta

Los nuevos registros llegan cuando ese paquete todavía espera tratamiento en el Senado. Y muestran que el problema avanzó más rápido que el trámite legislativo.

En mayo, registros utilizados durante el debate parlamentario ubicaban en 17,8% la irregularidad de los créditos otorgados a familias bonaerenses y en 28,5% la proporción de personas con incumplimientos cuando se sumaban fintech, billeteras y otros proveedores no financieros. El mapa de agosto coloca ahora la mora general provincial en 22,9% y expone niveles superiores al 50% en determinados segmentos.

La comparación exige distinguir las metodologías y universos de cada indicador, pero todos describen una misma tendencia: más hogares utilizan distintas formas de financiamiento y una proporción creciente encuentra dificultades para sostener los pagos.

Los datos bancarios muestran el avance en tarjetas y préstamos personales; el mapa territorial expone una situación todavía más complicada entre quienes recurren a financieras; y la encuesta bonaerense muestra que una parte importante del endeudamiento ya no está vinculada con compras extraordinarias, sino con alimentación y gastos corrientes.

Mientras las cuatro leyes aguardan su discusión en el Senado, permanece además pendiente una quinta propuesta para crear un programa específico de desendeudamiento a través del Banco Provincia. El proyecto no llegó al recinto junto con el resto del paquete y continuará en estudio.

El dato de agosto vuelve a poner presión sobre ese debate: en Buenos Aires, más de uno de cada cuatro deudores ya registra mora y, entre quienes recurrieron a financieras, la proporción supera ampliamente la mitad.