Con cuatro vacantes todavía abiertas, la Corte sube la apuesta y reclama más jueces y juzgados a Kicillof
La Suprema Corte bonaerense volvió a mover su agenda institucional y envió al Poder Ejecutivo y a la Legislatura una serie de reclamos para ampliar y reorganizar la estructura judicial. Entre los planteos aparecen la creación de decenas de juzgados y tribunales, la incorporación de 40 magistrados suplentes, cambios en las cámaras Contencioso Administrativas y el avance del proyecto de autonomía presupuestaria y autarquía económico-financiera.
Los pedidos requieren respuestas de distintos poderes. La apertura de nuevas dependencias, la creación de cargos y buena parte de las modificaciones legales necesitan intervención legislativa y recursos presupuestarios, mientras que las designaciones de magistrados involucran al Ejecutivo y al Senado. En paralelo, la Corte volvió a impulsar ante Diputados el anteproyecto que busca darle mayor capacidad para elaborar y administrar su propio presupuesto.
Uno de los datos utilizados por el Tribunal para fundamentar los cambios muestra el crecimiento de la demanda judicial: las causas ingresadas anualmente a las Cámaras de Apelación en lo Contencioso Administrativo pasaron de aproximadamente 3.900 en 2015 a 15.700 en 2025, con un pico cercano a 18.000 expedientes durante 2024.
Un fuero que pasó de 3.900 a 15.700 expedientes
La última iniciativa conocida apunta específicamente a las Cámaras de Apelación en lo Contencioso Administrativo. Mediante la Resolución SC 3103/26, la Corte propuso modificar su conformación y redistribuir las competencias entre las cámaras con asiento en La Plata, San Martín, San Nicolás y Mar del Plata. La propuesta incorpora una sala adicional en cada tribunal y establece una integración de dos magistrados por sala.
El proyecto prevé que la Cámara de La Plata tenga siete integrantes, distribuidos en tres salas de dos jueces y una presidencia común. Para San Martín, San Nicolás y Mar del Plata plantea cinco magistrados, organizados en dos salas más la presidencia.
Eso implicaría crear un nuevo cargo de juez en La Plata y dos en cada una de las otras tres cámaras, además de las secretarías correspondientes. La Corte fundamentó la reforma en el “crecimiento sostenido del ingreso de causas y la carga de trabajo derivada del alza de litigiosidad”.
También propuso trasladar los departamentos judiciales de Mercedes y Trenque Lauquen desde la órbita de la Cámara de San Martín hacia la de San Nicolás. Durante 2025, 559 expedientes ingresados en San Martín provinieron de Mercedes y otros 143 de Trenque Lauquen.
40 magistrados suplentes y vacantes que se duplicaron
El segundo movimiento apunta a los cargos que quedan temporalmente sin cubrir. A través de la Resolución 2918/26, la Corte pidió modificar la Ley 13.837 para ampliar el Cuerpo de Magistrados Suplentes, utilizado cuando un juez deja transitoriamente o definitivamente su puesto por renuncia, fallecimiento, suspensión, destitución o una licencia prolongada.
La propuesta contempla 40 nuevos cargos: 12 para los fueros Civil y Comercial, Familia y Paz; 18 para Penal y Responsabilidad Penal Juvenil; nueve para el fuero Laboral y uno para el Contencioso Administrativo.
El fundamento vuelve a estar apoyado en números. Según el proyecto, el promedio de vacantes aumentó más de 100% desde la última vez que se definió el tamaño del cuerpo de suplentes. Durante ese mismo período, la cantidad total de jueces en funciones creció alrededor del 12%, como consecuencia de la apertura de dependencias y la puesta en funcionamiento de nuevos órganos.
La reforma también reorganiza geográficamente a esos magistrados en nueve regiones, con el objetivo declarado de reducir los traslados entre departamentos judiciales alejados.
El tercer capítulo pasa directamente por la expansión del mapa judicial. Mediante la Resolución 2917/26, el Tribunal solicitó a los poderes Ejecutivo y Legislativo crear nuevos juzgados, tribunales y salas en los fueros Penal, Familia, Laboral, Civil y Comercial y Contencioso Administrativo.
El listado comprende más de 60 nuevas dependencias distribuidas en distintos departamentos judiciales. La mayor expansión está concentrada en Familia, aunque también se requieren juzgados de Garantías, Ejecución Penal y Correccionales, Tribunales Criminales y laborales y nuevas estructuras civiles y administrativas.
Entre los distritos alcanzados aparecen La Plata, La Matanza, Quilmes, Pilar, Moreno-General Rodríguez, Ezeiza, Florencio Varela, Malvinas Argentinas, Merlo, Junín, San Pedro, Pergamino, Chivilcoy, Coronel Rosales, Escobar y Zárate-Campana, entre otros.
La Corte dejó una condición expresamente señalada: las nuevas dependencias deben crearse con infraestructura edilicia, partidas presupuestarias y cargos suficientes para funcionar efectivamente. El planteo busca evitar una situación que ya existe en otros puntos del sistema: organismos sancionados mediante una ley que todavía no pudieron abrir porque faltan jueces, personal, edificios o recursos.
La misma resolución reclamó iniciar o terminar procesos de designación para dependencias ya creadas. La nómina incluye juzgados de Garantías en Avellaneda-Lanús, Mercedes y Malvinas Argentinas; Correccionales en Moreno-General Rodríguez y Pergamino; un Tribunal Criminal y un Juzgado de Ejecución Penal en Moreno-General Rodríguez; y la Sala II de la Cámara Penal de Azul.
También aparecen un juzgado Civil y Comercial en Moreno-General Rodríguez, juzgados de Familia en Tigre y Berazategui, organismos Contencioso Administrativos en Moreno-General Rodríguez y Merlo y Tribunales de Trabajo en La Matanza, Lomas de Zamora, San Miguel y Tigre.
La Corte reiteró además el llamado a concurso para un Tribunal de Trabajo de Moreno-General Rodríguez creado por la Ley 14.864.
El pedido tiene un antecedente directo en el trabajo que los tres poderes venían realizando durante este año. En julio, GRUPOLAPROVINCIA.COM informó que la Comisión Permanente del Mapa Judicial había retomado su actividad para analizar 16 iniciativas vinculadas con la creación y reorganización de juzgados, con una presencia particularmente fuerte de proyectos destinados al fuero de Familia.
En esas reuniones participaron representantes de la Corte, la Procuración, el Ministerio de Justicia y la Legislatura. El objetivo era determinar qué organismos debían abrirse, cuáles necesitaban estructuras complementarias y qué iniciativas podían avanzar parlamentariamente antes de finalizar el año.
La autarquía vuelve justo antes del Presupuesto
La ampliación estructural se cruza ahora con el reclamo financiero que la Corte instaló a comienzos de 2026. El Tribunal volvió a comunicarse con la Cámara de Diputados para pedir avances sobre el anteproyecto de Autonomía Presupuestaria y Autarquía Económico-Financiera presentado en abril y entregado formalmente a las autoridades legislativas en mayo.
En Diputados, el texto está registrado como RO-15/26-27. Tomó estado parlamentario el 28 de mayo y pasó por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia.
La iniciativa propone que sea la propia Suprema Corte, con intervención previa del Ministerio Público, la que elabore el proyecto presupuestario del Poder Judicial. Ese cálculo luego seguiría formando parte del Presupuesto General que debe aprobar la Legislatura.
El planteo vuelve a activarse cuando el Ejecutivo prepara el Presupuesto 2027. En el máximo tribunal buscan que el debate sobre la autonomía financiera quede incorporado a esa discusión.
Sergio Torres viene vinculando ambos conceptos desde la presentación realizada en abril. “No hay independencia real sin autonomía financiera”, sostuvo el presidente del Tribunal al defender la propuesta. Según explicó, la dependencia del Ejecutivo para la definición de los recursos condiciona la capacidad de administración del Poder Judicial.
Los números utilizados por la Corte para justificar el cambio indican que el área recibe históricamente entre 3,5% y 4,5% del gasto provincial.
De ese presupuesto, aproximadamente el 92% se utiliza en salarios, mientras el resto debe cubrir edificios, tecnología, equipamiento y funcionamiento general.
Torres también ubicó la brecha salarial promedio respecto de la Justicia nacional por encima del 50%. “El problema del Poder Judicial no es el exceso de gasto sino su estructura rígida y la falta de herramientas para gestionar sus recursos”, afirmó.
El proyecto contempla además que la Corte pueda establecer escalafones y remuneraciones, en coordinación con la Procuración, y fija un esquema gradual para acercar los salarios bonaerenses a los nacionales.
Tres jueces para un tribunal de siete
La expansión solicitada se produce mientras la propia Suprema Corte continúa incompleta. El cuerpo está integrado actualmente por Sergio Torres, Daniel Soria e Hilda Kogan, cuando su composición legal es de siete miembros.
Torres sostuvo en abril que habían transcurrido 2.292 días desde la primera vacante y casi 800 desde que el Tribunal quedó con menos integrantes de los necesarios para alcanzar por sí solo las mayorías ordinarias. “La labor asignada para siete jueces hoy la realizamos tres”, afirmó.
El presidente de la Corte señaló además que, al necesitar cuatro votos para determinadas decisiones, el Tribunal debe recurrir a jueces ad hoc para completar su integración.
Durante 2025 se realizaron 412 designaciones judiciales, pero Torres indicó que todavía quedaban más de 200 cargos pendientes en el conjunto del sistema. El problema también alcanza a tribunales inferiores y defensorías, mientras las cuatro vacantes de la Corte continúan sujetas a una definición entre el Ejecutivo y el Senado.