AySA, a un paso de pasar a manos privadas: quiénes ganaron la puja y cuánto ofrecieron
La privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) dio este jueves 8 de octubre un paso decisivo. El Gobierno nacional abrió las ofertas económicas para transferir el 90% de las acciones de la compañía y el consorcio integrado por Rowing, Arcos, Transclor y PHX Aqua presentó la propuesta más alta: US$340,2 millones, con la participación de los empresarios Walter Román y Mauricio Filiberti.
La oferta superó los US$285 millones presentados por el grupo Roggio, el otro competidor que había logrado superar la evaluación técnica. La diferencia entre ambas propuestas fue de US$55,2 millones, lo que dejó al consorcio encabezado por Rowing en condiciones de avanzar hacia la adjudicación de la empresa.
Sin embargo, la operación todavía debe completar los procedimientos administrativos correspondientes antes de formalizar el traspaso. La Comisión de Evaluación deberá analizar las propuestas y continuar con las instancias previstas en la licitación.
El monto ofertado también quedó por debajo de las expectativas que se habían difundido durante el proceso, ubicadas entre US$450 millones y US$500 millones. La convocatoria no estableció un precio mínimo de venta y la definición económica quedó determinada por las propuestas de los dos oferentes precalificados.
Como informó Grupo La Provincia el 6 de octubre, dos consorcios habían superado la evaluación técnica y quedaron habilitados para competir por el 90% de AySA. La apertura de sobres se realizó este jueves a las 10, tal como estaba previsto.
Quiénes integran el consorcio que busca quedarse con AySA
La propuesta más alta fue presentada por una alianza de empresas argentinas y extranjeras que combina capital financiero, experiencia en infraestructura y participación en el negocio de los servicios públicos.
El fondo de inversión vinculado a PHX Aqua, de origen neerlandés, concentra el 55% del consorcio. La firma Rowing, vinculada al empresario Walter Román y dedicada a obras de ingeniería y construcción, participa con el 20%.
El 15% corresponde a Arcos Saneamento e Participações, empresa brasileña vinculada a la operación de servicios de agua y saneamiento en Río de Janeiro. El 10% restante del grupo pertenece a Transclor, compañía de Mauricio Filiberti que abastece insumos utilizados por AySA para potabilizar el agua.
Filiberti también participa en el negocio energético a través de su vinculación con Edenor y Metrogas, donde mantiene asociaciones empresarias con José Luis Manzano y Daniel Vila. Esas participaciones son independientes de la composición del consorcio que compite por AySA.
Del otro lado quedó Roggio, grupo con experiencia en servicios públicos y responsable de la operación de Aguas Cordobesas, que participó en la licitación junto con otras empresas del sector.
Qué inversiones deberá realizar el nuevo operador
La privatización comprende la transferencia del 90% de las acciones actualmente pertenecientes al Estado nacional. El 10% restante continuará en manos de los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada.
El futuro operador administrará los servicios de agua potable y saneamiento en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense, donde AySA alcanza a aproximadamente 14 millones de habitantes.
El contrato establece una concesión inicial de 30 años, con posibilidad de una extensión adicional de hasta una década.
Uno de los compromisos centrales será la ejecución de un programa de inversiones y mantenimiento. El Ministerio de Economía informó que el Plan de Acción para 2027-2031 contempla $2,89 billones, calculados a valores de diciembre de 2025 y sin IVA.
El programa incluye aproximadamente $1,13 billones destinados a obras, $1,15 billones a mantenimiento, $315.761 millones a mejoras y $296.166 millones a tareas operativas.
Las obligaciones comprenden la renovación de infraestructura, el sostenimiento de la calidad del servicio y la ampliación de la cobertura de agua potable y desagües cloacales.
Cuánto deberá ampliarse la cobertura de agua y cloacas
Las metas de expansión constituyen uno de los aspectos centrales del nuevo esquema de concesión.
Para 2031, el contrato prevé alcanzar una cobertura del 75,3% en agua potable y del 63,9% en cloacas. Al finalizar los 30 años iniciales, los niveles mínimos exigidos deberán llegar al 90% y al 75%, respectivamente.
Esto significa que el contrato no establece la universalización de ambos servicios dentro del período inicial de concesión. Una proyección de AySA recogida por elDiarioAR ubica la posibilidad de alcanzar el 100% de cobertura de agua potable en 40 años y la de cloacas en 45 años, plazos que exceden la duración original del contrato.
La diferencia entre las metas contractuales y la cobertura universal mantiene abierto el debate sobre los tiempos de expansión de la infraestructura, especialmente en las zonas que todavía no cuentan con conexiones a las redes.
Los cuestionamientos que acompañan la privatización
El avance de la licitación también se produce mientras continúan las objeciones judiciales y políticas al proceso.
Distintos sectores opositores y organizaciones vinculadas al acceso al agua cuestionaron las condiciones de la privatización, reclamaron mayores garantías de inversión y advirtieron sobre posibles consecuencias para los usuarios.
Entre los planteos se encuentran las obligaciones de continuidad de las obras, los controles sobre la calidad del agua y las condiciones tarifarias que regirán durante la nueva concesión.
El Gobierno, por su parte, sostiene que la incorporación de capital privado permitirá financiar inversiones, mejorar la infraestructura y reducir las transferencias del Tesoro Nacional a la compañía.
La definición de la oferta económica más alta constituye un avance sustancial en ese proceso, aunque el cambio de control de AySA todavía depende de la adjudicación formal y del cumplimiento de las condiciones previstas en la licitación.