La privatización de AySA abre otro frente bonaerense: denuncias por el precio, tarifas y obras
La privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) entró en una etapa decisiva y volvió a enfrentar al Gobierno de Javier Milei con organismos y dirigentes bonaerenses. La apertura de las ofertas económicas, realizada el jueves 8 de octubre, dejó al consorcio Rowing-Arcos-Transclor-PHX como principal candidato para adquirir el 90% de la compañía, por US$340,2 millones. Sin embargo, el precio quedó por debajo de las expectativas oficiales y provocó nuevos cuestionamientos sobre la transparencia de la operación.
El defensor del Pueblo Adjunto General de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello, denunció dificultades para acceder a información sobre la valuación de la empresa, sus pasivos ambientales y las condiciones de la licitación. También advirtió que la revisión tarifaria en preparación podría generar ingresos adicionales para el futuro operador, mientras millones de usuarios todavía desconocen cómo cambiarán sus facturas.
La controversia alcanza directamente al territorio bonaerense. AySA opera en 26 municipios de la Provincia y en la Ciudad de Buenos Aires, una concesión que comprende más de 15,2 millones de habitantes. Al reclamo de Martello se suma una disputa judicial impulsada por la Defensoría del Pueblo provincial, que ya obtuvo una medida cautelar para preservar las obligaciones de prestación, infraestructura y protección ambiental.
Una oferta por debajo de lo esperado y nuevas denuncias
La licitación impulsada por el Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo, recibió dos propuestas económicas. El consorcio integrado por Rowing, Arcos Saneamento, Transclor y PHX presentó la mayor oferta, por US$340,2 millones, mientras que el grupo encabezado por Roggio ROAS ofreció US$285 millones.
Ambas cifras quedaron por debajo de los aproximadamente US$450 millones que el Gobierno esperaba obtener. La diferencia fue uno de los principales cuestionamientos de Martello, quien recordó que el procedimiento se realizó sin establecer un precio mínimo.
"Fue una licitación sin base, no había base para la oferta", sostuvo el funcionario en una entrevista reciente. También advirtió que el monto presentado por el grupo mejor posicionado resulta aproximadamente un 25% inferior a las estimaciones previas.
El defensor adjunto cuestionó especialmente las restricciones para acceder a la documentación. Según explicó, la información contenida en el denominado Data Room estuvo reservada a los oferentes privados, pese a los pedidos formulados por el organismo bonaerense.
"Nos presentamos en la Justicia para abrir esta posibilidad, hicimos un pedido de acceso a la información pública que no nos respondieron", afirmó.
La Defensoría recurrió a la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública y promovió un amparo colectivo ante la Justicia Federal para obtener la valuación de AySA y el inventario de sus pasivos ambientales.
Los vínculos empresariales del consorcio mejor posicionado también quedaron bajo cuestionamiento. Rowing integra el holding Equo Capital, presidido por el empresario Walter Román. Martello señaló que, según registros de la Cámara Nacional Electoral, dos compañías del mismo grupo, Direct Group y Lógico, aportaron $20 millones cada una a la campaña de La Libertad Avanza en 2025.
El funcionario pidió que la Justicia Electoral examine esos aportes para determinar si se ajustaron a la legislación sobre financiamiento partidario. Los señalamientos no implican, por sí mismos, que se haya acreditado una irregularidad.
Otro integrante del consorcio es Mauricio Filiberti, propietario de Transclor, empresa proveedora de insumos químicos para la potabilización de agua de AySA desde 2009. El empresario también participa en Edenor, distribuidora eléctrica que mantiene una relación comercial relevante con la compañía sanitaria.
Las objeciones llegaron además al Congreso nacional. El presidente del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, cuestionó la falta de información pública sobre el proceso. Legisladores peronistas también presentaron una denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas para reclamar acceso a documentación vinculada con las privatizaciones.
Tarifas y cobertura: qué está en juego en 26 municipios bonaerenses
El impacto de la privatización sobre los hogares y las localidades del Conurbano constituye otro foco de controversia.
De acuerdo con los registros oficiales de AySA correspondientes a su reporte de sustentabilidad de 2024, el área de concesión comprende 15.228.521 habitantes, de los cuales 11.473.228 reciben agua potable y 9.664.009 cuentan con servicio de desagües cloacales.
La cobertura alcanza a distritos como La Matanza, Lomas de Zamora, Quilmes, Avellaneda, Lanús, Almirante Brown, Esteban Echeverría, Moreno, Merlo, Morón, Tigre, San Isidro, San Fernando y Vicente López, entre otros. La empresa también recibe efluentes cloacales en bloque del municipio de Berazategui.
La prestación abarca tanto zonas consolidadas como barrios donde persisten necesidades de extensión de redes, ampliación de conexiones domiciliarias y mantenimiento de infraestructura.
En paralelo con la licitación, el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) convocó a una audiencia pública para el 26 de octubre, a las 10, destinada a discutir una nueva zonificación tarifaria.
La propuesta de AySA contempla reemplazar las actuales once categorías por cinco niveles, definidos a partir de características socioeconómicas y urbanísticas de las distintas áreas.
Según las estimaciones presentadas, el 55% de los usuarios tendría aumentos, con una variación promedio del 23%. Otro 25% mantendría sus facturas sin cambios y el 20% restante recibiría reducciones promedio del 18,1%.
Entre los usuarios residenciales, la proporción alcanzada por incrementos subiría al 60%. Para evitar que las diferencias se apliquen de una sola vez, la empresa propuso limitar los ajustes a un 5% mensual acumulativo hasta llegar a los nuevos valores.
Martello vinculó directamente esta modificación con las condiciones económicas de la privatización. El funcionario aseguró que, de acuerdo con información del ente regulador, la nueva categorización podría generar US$93 millones adicionales por año para el futuro operador.
Ese posible ingreso representa uno de los puntos que la Defensoría reclama transparentar antes de la adjudicación definitiva. La empresa, por su parte, fundamentó la revisión en la necesidad de actualizar una estructura tarifaria que considera desactualizada y vincular los recursos adicionales con la sostenibilidad del servicio y la Tarifa Social.
La Justicia bonaerense y la disputa por las obras
La controversia sobre las tarifas se suma al frente judicial que encabeza el defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, quien acudió a los tribunales para impedir que la privatización derive en una reducción de las obligaciones de AySA.
En junio, el Juzgado Contencioso Administrativo N°2 de La Plata dictó una medida cautelar para preservar los compromisos de la compañía relacionados con el acceso al agua potable, el saneamiento, la salud pública y la protección ambiental.
La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata confirmó posteriormente esa protección, aunque dispuso remitir la causa al fuero federal.
Lorenzino cuestionó la decisión sobre la competencia judicial y presentó un recurso extraordinario. El 2 de octubre, la Cámara concedió ese planteo, por lo que la Suprema Corte de Justicia bonaerense deberá pronunciarse sobre la continuidad del expediente en los tribunales provinciales.
La cautelar mantiene las obligaciones existentes, pero no constituye una prohibición definitiva de privatizar la empresa.
El reclamo bonaerense también llegó a los municipios. El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, presentó acciones judiciales para cuestionar las condiciones del proceso y exigir garantías de inversión, extensión de redes y continuidad del servicio.
Organizaciones vecinales, ambientales, sindicales y de consumidores trasladaron sus preocupaciones al Senado provincial. Los legisladores Fernando Coronel, Germán Lago y Marcos Pisano participaron de encuentros donde se discutieron las consecuencias sanitarias, ambientales y económicas de la operación.
Durante esas reuniones, Pisano informó que al menos once concejos deliberantes habían aprobado pronunciamientos contrarios a la privatización.
La discusión sobre las obras constituye uno de los principales puntos de conflicto. En distritos como Lomas de Zamora y Esteban Echeverría persisten reclamos por ampliaciones de redes de agua y cloacas, mientras los representantes territoriales piden que el eventual cambio de operador no postergue las inversiones pendientes.
Frente a esas objeciones, el Gobierno nacional defiende la incorporación de capital privado como una herramienta para ampliar la cobertura y reducir la dependencia de recursos del Tesoro.
El Ministerio de Economía sostiene que AySA recibió más de US$13.400 millones en transferencias estatales entre 2006 y 2023 y que las pérdidas de agua no contabilizada alcanzan el 42%.
Además, anunció que el futuro concesionario tendrá que ejecutar un Plan de Acción por $2,89 billones entre 2027 y 2031, a valores de diciembre de 2025 y sin IVA. El programa comprende aproximadamente $1,13 billones para obras, $1,15 billones para mantenimiento y recursos adicionales destinados a mejoras y operación.
El nuevo contrato prevé metas progresivas de expansión del servicio durante una concesión inicial de 30 años. La administración nacional asegura que el operador privado deberá cumplir esos compromisos bajo supervisión estatal.
La privatización contempla transferir el 90% de las acciones actualmente pertenecientes al Estado nacional, mientras que el 10% restante continuará en manos de los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada.
La adjudicación definitiva todavía requiere la evaluación final de las ofertas. En paralelo, el 26 de octubre se realizará la audiencia pública virtual del ERAS, donde se debatirá el esquema tarifario propuesto para los usuarios de AySA.