El Gobierno enfrenta una doble pulseada en Diputados: fondos universitarios y una sesión clave por el DNU 70/2023
La oposición reclamará modificar el Presupuesto 2027 para garantizar el financiamiento universitario y preservar recursos destinados a discapacidad. Mientras el oficialismo negocia apoyos para aprobar la ley de gastos, los bloques que buscan rechazar el DNU 70/2023 deberán reunir 129 diputados para abrir una sesión clave.
El gobierno de Javier Milei enfrenta una semana de negociaciones en la Cámara de Diputados, donde la oposición exigirá modificaciones al proyecto de Presupuesto 2027 para garantizar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y revisar los cambios previstos en materia de discapacidad. En paralelo, distintos bloques buscan reunir el quórum necesario para una sesión especial destinada a rechazar el DNU 70/2023.
La discusión presupuestaria comenzará este martes 13 de octubre, cuando el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, concurra al mediodía a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para defender el proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo.
La reunión, encabezada por el diputado Bertie Benegas Lynch, estará atravesada por los cuestionamientos de Unión por la Patria y de sectores que mantienen conversaciones con el oficialismo, como la UCR, Provincias Unidas y Argentina Federal.
Los reclamos se concentran en el financiamiento de las universidades nacionales, las prestaciones destinadas a personas con discapacidad y los recursos solicitados por las provincias para obras públicas y cajas jubilatorias.
Universidades: la oposición exige cumplir la ley de financiamiento
El financiamiento universitario será uno de los principales puntos de discusión durante la presentación del proyecto oficial.
Los bloques opositores consideran que las partidas previstas para 2027 deben adecuarse a las obligaciones establecidas en la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario.
El diputado nacional Guillermo Michel, de Unión por la Patria, informó que su bancada envió una nota al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch, para reclamar el cumplimiento de una resolución judicial vinculada con esa normativa.
La presentación solicita que el jefe de Gabinete garantice el cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 y que Hacienda incremente los recursos destinados a las universidades.
La propuesta de Unión por la Patria consiste en compensar el aumento de las partidas universitarias mediante una reducción de los fondos contemplados en la Jurisdicción 91, correspondiente a Obligaciones a Cargo del Tesoro, sin modificar el resultado financiero proyectado para 2027.
La iniciativa busca dar respuesta al reclamo presupuestario sin alterar la meta fiscal general del proyecto.
Según las cifras difundidas en la cobertura de este martes, el Gobierno contempla $7,7 billones para las universidades, mientras que los rectores solicitan aproximadamente $11 billones.
La diferencia expone el desacuerdo entre los recursos previstos por el Ejecutivo y las necesidades presupuestarias planteadas por las autoridades universitarias.
El pedido de cumplimiento de la ley también cuenta con planteos de sectores de la UCR, Provincias Unidas y Argentina Federal, cuyos respaldos resultan relevantes para las negociaciones que lleva adelante el oficialismo.
El fallo judicial que también condiciona el debate
La discusión por las partidas universitarias tiene una derivación judicial que agrega presión al tratamiento legislativo.
Como informó recientemente Grupo La Provincia, la Justicia concedió la apelación presentada por el Gobierno contra el fallo que ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, pero mantuvo vigente la medida cautelar vinculada con salarios y becas.
La intervención de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal todavía debe resolver la cuestión de fondo, mientras que determinadas obligaciones establecidas por la medida cautelar continúan vigentes.
Ese escenario explica parte de los reclamos que la oposición llevará al debate presupuestario.
La discusión no se limita al monto total destinado al sistema universitario, sino que también comprende la forma en que el Poder Ejecutivo deberá cumplir con las obligaciones legales y judiciales vinculadas al financiamiento.
Discapacidad: los artículos que la oposición busca modificar
El segundo punto de conflicto está relacionado con las disposiciones incluidas en el proyecto de Presupuesto 2027 sobre la emergencia en discapacidad.
El texto oficial incorporó cuatro artículos que modifican aspectos centrales de la Ley 27.793, una decisión cuestionada por bloques opositores y sectores aliados al Gobierno.
Frente a esos reparos, La Libertad Avanza analiza retroceder con algunas de las modificaciones y promover, junto con otras bancadas, una iniciativa para preservar determinadas disposiciones de la normativa.
Uno de los ejes del desacuerdo es la denominación y el alcance de las pensiones no contributivas. La oposición reclama mantener la Pensión No Contributiva por Discapacidad, en lugar de reemplazarla por una prestación definida bajo el criterio de invalidez laboral.
También existen cuestionamientos a los cambios relacionados con el artículo 14 de la Ley 27.793, que establece el principio de nomenclador único nacional para las prestaciones del sistema.
La propuesta oficial genera diferencias porque afectaría la uniformidad de los aranceles aplicables a esas prestaciones.
De acuerdo con los cálculos difundidos, un dictamen promovido por La Libertad Avanza, Fuerzas del Cambio y Argentina Federal tendría un impacto fiscal estimado en $600.000 millones para 2027.
Esos fondos deberían contemplarse dentro del Presupuesto si la iniciativa obtiene respaldo legislativo.
Mientras el oficialismo busca un acuerdo para tratar el asunto la próxima semana, la oposición pretende avanzar con una prórroga de la emergencia en discapacidad durante la sesión especial solicitada para este jueves.
DNU 70/2023: la oposición necesita 129 diputados para abrir el recinto
La discusión presupuestaria coincide con otra negociación en la Cámara baja.
Los bloques que impulsan el rechazo del DNU 70/2023 solicitaron una sesión especial para el jueves 15 de octubre, con la intención de avanzar contra el decreto dictado por el presidente Javier Milei al comienzo de su gestión.
Para iniciar la reunión deberán reunir 129 diputados presentes, una cifra que obliga a negociar respaldos más allá de las bancadas que promueven la convocatoria.
La sesión también incluye iniciativas vinculadas con discapacidad y endeudamiento familiar.
El Senado ya rechazó el DNU 70/2023 en marzo de 2024. Por lo tanto, una decisión en el mismo sentido de la Cámara de Diputados completaría el procedimiento parlamentario de rechazo establecido por la legislación vigente.
La Libertad Avanza busca impedir ese desenlace mediante negociaciones con sectores dialoguistas y aliados.
Entre los puntos que atraviesan la disputa figura la derogación de la Ley de Tierras Rurales, incluida en el decreto.
Las posiciones frente a ese asunto adquirieron mayor relevancia después de la reciente intervención de la Corte Suprema, que resolvió una cuestión procesal vinculada con la legitimación de una de las organizaciones que impugnaron la derogación, sin pronunciarse sobre su constitucionalidad.
El oficialismo también convocó una sesión especial para el miércoles 21 de octubre, con una agenda propia relacionada con discapacidad y endeudamiento familiar.
De esta manera, las dos convocatorias expresan estrategias parlamentarias diferentes alrededor del decreto y de otras iniciativas que siguen pendientes de tratamiento.
Una semana de negociaciones entre el Presupuesto y el quórum
El Gobierno necesita acuerdos para avanzar con el Presupuesto 2027 y, al mismo tiempo, evitar que la oposición reúna los diputados suficientes para tratar el DNU 70/2023.
Las conversaciones presupuestarias incluyen pedidos de fondos para las universidades, las prestaciones de discapacidad, las obras públicas y las cajas jubilatorias provinciales.
Los bloques que mantienen diálogo con el oficialismo tienen un papel relevante en esas negociaciones, aunque sus posiciones sobre cada asunto no necesariamente coinciden.
La discusión sobre las partidas universitarias se desarrolla, además, en la misma semana en que está convocada la quinta Marcha Federal Universitaria para el jueves 15 de octubre frente al Congreso.
La movilización reclamará recursos para el sistema, recomposición salarial y cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
El martes estará marcado por la presentación del Presupuesto y los pedidos de modificaciones, mientras que el jueves la atención se trasladará al recinto, donde la oposición deberá demostrar si consiguió los 129 legisladores necesarios para abrir la sesión sobre el DNU.
El resultado de esas negociaciones determinará tanto el avance inicial de la discusión presupuestaria como la posibilidad de tratar una de las principales medidas de desregulación económica del Gobierno.