El RIGI bajo la lupa: el Estado resignaría casi US$8.500 millones y crecen las dudas sobre las inversiones

Un estudio privado calculó cuánto dejaría de recaudar el Estado por los beneficios impositivos otorgados a 23 proyectos. La investigación también reveló qué porcentaje de las inversiones debería concretarse exclusivamente gracias al régimen para compensar su costo fiscal y cómo se distribuye ese esfuerzo entre Nación y provincias.

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El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una de las principales herramientas económicas impulsadas por el gobierno de Javier Milei para atraer capitales, volvió a quedar en el centro de la discusión por su impacto sobre las cuentas públicas. Un estudio de la consultora EcoGo estimó que los beneficios tributarios concedidos a los 23 proyectos aprobados representan unos US$8.493 millones, calculados a valor presente.

La cifra equivale aproximadamente al 25% de la inversión computable comprometida por esos emprendimientos y refleja la diferencia estimada entre los impuestos que pagarían bajo el régimen general y los que tributarían con las condiciones especiales del RIGI.

Sin embargo, el cálculo no implica que el Estado vaya a perder automáticamente esa cantidad de recursos. El resultado fiscal dependerá de cuántas inversiones se concreten efectivamente gracias a los incentivos y cuántas se habrían realizado incluso sin las ventajas impositivas.

La investigación, elaborada por la consultora vinculada a Marina Dal Poggetto y Sebastián Menescaldi, incorporó esa distinción para evaluar la conveniencia fiscal del esquema.

El RIGI acumula 23 proyectos aprobados por más de US$39.000 millones

Hasta el 1 de octubre de 2026, el régimen contaba con 23 proyectos formalmente aprobados y publicados en el Boletín Oficial.

Esos emprendimientos reúnen compromisos de inversión por US$39.429 millones, de los cuales US$33.837 millones corresponden a inversión computable.

El universo de anuncios vinculados al RIGI es considerablemente mayor. Si se incluyen iniciativas que permanecen en evaluación y proyectos anunciados oficialmente, el volumen informado alcanza los US$209.247 millones.

La diferencia es importante porque no todos esos emprendimientos cuentan con aprobación administrativa ni presentan el mismo nivel de avance.

Para calcular el impacto tributario, EcoGo concentró su evaluación principal en los 23 proyectos aprobados y comparó su desempeño económico bajo dos escenarios: uno con el régimen impositivo general y otro con los incentivos especiales.

Entre los beneficios se encuentran la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 25%, las amortizaciones aceleradas y tratamientos preferenciales para determinadas operaciones de exportación, importación y financiamiento.

Cuánto mejora la rentabilidad de las empresas

Las ventajas tributarias también tienen efectos sobre la rentabilidad proyectada de las inversiones. Según las estimaciones del estudio, la Tasa Interna de Retorno (TIR) de los emprendimientos pasa del 10,6% bajo las condiciones generales al 13,4% con los beneficios del RIGI.

Al mismo tiempo, el régimen incrementa en US$8.493 millones el Valor Actual Neto de los proyectos considerados. La mejora refleja el impacto de la menor carga impositiva sobre los flujos financieros esperados por las empresas.

Desde el punto de vista fiscal, esa diferencia representa recursos potenciales que el Estado no percibiría respecto de un escenario en el que las mismas inversiones se realizaran bajo las reglas tributarias ordinarias.

El estudio también proyecta que el costo fiscal anual aumentaría a medida que los emprendimientos ingresen en producción, hasta alcanzar un máximo cercano a US$1.600 millones en 2035, equivalente al 0,25% del Producto Interno Bruto bajo los supuestos utilizados.

La condición para que el RIGI compense los impuestos resignados

Uno de los resultados centrales de la investigación es el porcentaje de inversión adicional necesario para que el régimen tenga un resultado fiscal favorable.

EcoGo calculó que los 23 proyectos aprobados generarían una recaudación de US$17.499 millones a valor presente bajo las condiciones del RIGI.

A partir de esos ingresos y del valor de los incentivos tributarios, estableció que el 32,7% de las inversiones debe ser genuinamente adicional para compensar fiscalmente las ventajas otorgadas.

Esto significa que aproximadamente uno de cada tres dólares invertidos tendría que corresponder a proyectos o desembolsos que no se habrían concretado sin el régimen.

Si la proporción de inversiones adicionales supera ese umbral, el resultado fiscal neto sería positivo según el modelo. Si queda por debajo, el Estado resignaría recursos respecto del escenario alternativo considerado.

La diferencia es relevante porque el monto total de inversiones anunciadas no permite determinar, por sí solo, si los beneficios tributarios generan actividad económica que de otro modo no existiría.

Ese aspecto adquiere especial importancia en sectores como la minería y los hidrocarburos, donde las decisiones de inversión también dependen de la disponibilidad de recursos naturales, los precios internacionales y las perspectivas de rentabilidad.

Nación y provincias: quién asume la mayor parte del costo fiscal

El estudio también identificó diferencias en la distribución de los beneficios y los recursos tributarios resignados entre los distintos niveles del Estado. De los US$8.493 millones estimados, aproximadamente US$6.231 millones corresponden a ingresos que dejaría de percibir el Gobierno nacional.

La explicación está vinculada con los impuestos alcanzados por el régimen, entre ellos tributos nacionales, derechos de exportación y aranceles de importación.

Las provincias donde se desarrollan los proyectos, en cambio, mantienen recursos vinculados con regalías y otros tributos propios, además de participar de la distribución de ingresos coparticipables.

Por esa razón, el porcentaje de inversión adicional requerido para compensar fiscalmente los incentivos también es diferente según la jurisdicción. Para la Nación, el estudio establece un umbral del 38,5%, mientras que para las provincias receptoras de los proyectos lo ubica en el 17,7%.

La diferencia muestra que el esfuerzo fiscal no se distribuye de la misma manera que los ingresos potenciales asociados a la actividad de los emprendimientos.

Como informamos en Grupo La Provincia, el impacto tributario del RIGI ya había ingresado en el debate político bonaerense, después de que la diputada provincial Mayra Mendoza utilizara las estimaciones de EcoGo para cuestionar las prioridades presupuestarias nacionales en medio de los reclamos por obras hídricas pendientes.

Qué pasaría si se incorporan más proyectos

La consultora amplió su simulación a 39 iniciativas identificadas, incluyendo emprendimientos que todavía no cuentan con toda la documentación pública necesaria para un análisis individual.

En ese escenario, los beneficios tributarios estimados alcanzan los US$24.175 millones a valor presente, mientras que la recaudación proyectada bajo el régimen asciende a US$50.542 millones.

El porcentaje de inversión adicional necesario para alcanzar el equilibrio fiscal se mantiene prácticamente estable, en el 32,4%.

No obstante, las diferencias entre Nación y provincias se amplían.

Para el Gobierno nacional, la proporción necesaria asciende al 44,4%, mientras que para las provincias receptoras desciende al 13,7%.

Este resultado responde, entre otros factores, al mayor peso relativo de los proyectos hidrocarburíferos dentro de la cartera ampliada.

La evolución futura del régimen dependerá de la ejecución efectiva de los emprendimientos, los precios internacionales, los plazos de puesta en funcionamiento y la capacidad de los incentivos para atraer inversiones adicionales.

El estudio no determina que el RIGI produzca necesariamente un resultado fiscal negativo. Sí establece las condiciones que deberían cumplirse para que los ingresos generados por nuevas inversiones compensen los impuestos resignados.

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Con proyectos que involucran miles de millones de dólares, la discusión ya no pasa únicamente por cuánto capital se anuncia, sino por cuánto se invertirá efectivamente gracias a los incentivos y cuál será el resultado fiscal para el Estado.