El agua sube y las obras no llegan: el peronismo endurece el reclamo a Milei por los fondos hídricos

El reclamo del peronismo bonaerense al gobierno de Javier Milei por las obras hídricas volvió a escalar en un escenario en el que conviven proyectos pendientes, recursos nacionales con ejecución parcial y pedidos de autorización para acceder a financiamiento internacional.

Por un lado está el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, que se nutre con una parte de lo recaudado por el impuesto a los combustibles y tiene como destino específico obras para prevenir inundaciones y mejorar infraestructura. Por otro, aparecen créditos negociados por la Provincia con organismos multilaterales que requieren el aval soberano del Estado nacional para avanzar.

El nuevo capítulo lo abrió la diputada bonaerense de Fuerza Patria Mayra Mendoza, quien volvió a reclamar por el financiamiento de las intervenciones estructurales previstas en la cuenca de los arroyos San Francisco y Las Piedras, donde viven más de un millón de personas y existen proyectos destinados a reducir los anegamientos en Quilmes, Avellaneda, Almirante Brown, Florencio Varela y Presidente Perón.

“Hay fondos que habrían alcanzado para realizar diez veces las obras de los arroyos San Francisco-Las Piedras”, sostuvo la legisladora, que vinculó el reclamo con decisiones económicas adoptadas por la administración nacional.

Entre estos dos datos, uno sobre una decisión de beneficiar aún más a los ricos y otro que habla de la inutilidad de los actuales funcionarios, hay fondos que habrían alcanzado para realizar ¡10 veces! las obras de los arroyos San Francisco-Las Piedras, a cuya vera viven más de un millón de personas y que ayudarían a mitigar inundaciones en Quilmes, Avellaneda, Almirante Brown, Florencio Varela y Presidente Perón (lo que se vuelve especialmente sensible en la cercanía del fenómeno del Niño). La ideología del gobierno de @JMilei y la pésima formación de su equipo cuestan derechos, tranquilidad, bienestar y, muchas veces, vidas de muchos argentinos y argentinas, en especial de la provincia de Buenos Aires.

— Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) October 8, 2026

Una obra para más de un millón de personas

La cuenca San Francisco-Las Piedras concentra uno de los principales proyectos hidráulicos pendientes en el sur del Conurbano. El plan fue desarrollado a partir de estudios técnicos y contempla canalizaciones, reservorios, estaciones de bombeo, nuevos puentes, sistemas de monitoreo y obras complementarias. La intervención integral está estimada en aproximadamente US$350 millones.

El componente de mayor escala es un túnel aliviador de 11 kilómetros de extensión y seis metros de diámetro, proyectado para derivar excedentes hacia el Río de la Plata. Su costo fue calculado en alrededor de US$224 millones. A ese trabajo se agregan conductos aliviadores por unos US$80 millones y otras intervenciones ambientales y de saneamiento.

Los municipios ya realizaron tareas de limpieza, apertura y readecuación de canales, extracción de residuos y sedimentos y desobstrucción de sectores críticos. Las obras estructurales, sin embargo, requieren una escala de financiamiento que las administraciones locales no pueden afrontar individualmente.

En 2024, la Legislatura bonaerense convirtió en ley la creación del Comité de la Cuenca Hídrica Arroyo San Francisco-Las Piedras, impulsado originalmente por Mariano Cascallares. El organismo fue pensado para coordinar políticas entre las jurisdicciones involucradas y gestionar recursos para las intervenciones necesarias.

Durante julio de este año, equipos de los municipios y funcionarios provinciales volvieron a reunirse en Almirante Brown para revisar los pronósticos meteorológicos, el mantenimiento de los cursos de agua y los planes de contingencia. Allí también respaldaron las gestiones para conseguir financiamiento para los trabajos estructurales.

La administración de Axel Kicillof sostiene que para avanzar con esas obras necesita financiamiento internacional y que uno de los pasos pendientes es la autorización nacional. En junio, el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, informó que Buenos Aires tenía 12 proyectos esperando definiciones del Gobierno nacional. Entre ellos mencionó expresamente el túnel aliviador y los conductos de la cuenca San Francisco-Las Piedras.

La lista incluía además proyectos sobre el Río Salado, Río Areco, Río Luján, arroyo San Juan, arroyo Duppy y sistema Presa Roggero, junto con obras de agua y saneamiento. Según informó entonces el Ejecutivo bonaerense, Nación había aprobado 18 créditos internacionales por US$1.973 millones para diez provincias, mientras Buenos Aires no había recibido autorizaciones para ese grupo de proyectos. Se trata de información difundida por el Gobierno provincial.

“Sabemos que no nos darán el dinero, pero necesitamos los avales para poder ejecutar nosotros las obras”, planteó Katopodis. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el reclamo ya había llevado a la Provincia a cuestionar que proyectos con financiamiento externo disponible quedaran sujetos a una autorización de Nación.

Existe además un antecedente judicial. En junio, la Justicia Federal emplazó al Ministerio de Economía a responder sobre otro crédito por US$270 millones del Banco Mundial solicitado para obras de saneamiento en la cuenca del Río de la Plata. Nación posteriormente rechazó autorizar esa operación y argumentó que la Provincia podía recurrir a fuentes propias y que el Estado nacional no está obligado a priorizar todos los pedidos subnacionales de financiamiento.

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El Fondo Hídrico: cuánto se recaudó y cuánto llegó a obras

El segundo capítulo del conflicto tiene números propios. Un análisis publicado por Chequeado a partir de información oficial determinó que entre 2024 y mayo de 2026 el Gobierno nacional recibió alrededor de $375.400 millones provenientes del impuesto a los combustibles con destino a infraestructura hídrica. De ese monto, se habían ejecutado aproximadamente $116.000 millones, equivalentes al 31%.

En junio, el Fondo mantenía además más de $290.000 millones colocados en Letras del Tesoro y alrededor de $49.000 millones en depósitos, según el mismo relevamiento.

Otro análisis realizado por el mismo medio determinó que desde 2023 habían comenzado 24 obras financiadas con ese fideicomiso: 15 aparecían canceladas o suspendidas, ocho continuaban en ejecución y sólo una había finalizado.

GRUPOLAPROVINCIA.COM profundizó ese seguimiento a partir de una respuesta oficial obtenida mediante un pedido de acceso a la información pública presentado por la diputada radical Silvina Vaccarezza.

El relevamiento mostró $354.197 millones acumulados: $303.370 millones colocados en Letras del Tesoro Nacional, $50.779 millones en una cuenta a la vista y $47,2 millones en un plazo fijo utilizado como reserva de liquidez.

La normativa permite que los recursos líquidos del fideicomiso tengan colocaciones financieras transitorias. Por eso, el punto de discusión no es que toda inversión financiera esté prohibida, sino qué proporción termina efectivamente destinada a infraestructura y durante cuánto tiempo permanecen acumulados los recursos frente a las obras pendientes.

Los balances mostraron además que en 2024 el Fondo tuvo $98.538,5 millones de ingresos corrientes y $12.709 millones de gastos de capital. En 2025, los ingresos alcanzaron $235.945,1 millones y los gastos de capital fueron $43.069,9 millones.

La plata para prevenir inundaciones está en la timba financiera. Se trata de un total de $354.197 millones que corresponden al Fondo Hídrico: 🔹 $303.370 Millones en Letras del Tesoro 🔹 $47,2 Millones en un Plazo Fijo 🔹 $50.779 Millones en Cuenta a la vista Mientras Caputo y @JMilei siguen especulando, se acerca “El Niño”, el interior bonaerense espera obras y el río Salado sigue paralizado.

— Silvina Vaccarezza (@SilVaccarezza) September 4, 2026

El nuevo reclamo y los US$8.500 millones del RIGI

Mendoza incorporó ahora otro elemento al debate. La diputada tomó como referencia una estimación elaborada por EcoGo, consultora dirigida por Marina Dal Poggetto, sobre el costo tributario de los proyectos incorporados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.

Según ese cálculo privado, los 23 proyectos aprobados hasta comienzos de octubre pagarían alrededor de US$17.500 millones en impuestos bajo el RIGI, frente a aproximadamente US$26.000 millones bajo el régimen general. La diferencia sería de unos US$8.500 millones.

El cálculo generó una discusión pública. El ministro Luis Caputo y economistas cercanos al Gobierno cuestionaron que esos US$8.500 millones puedan contabilizarse directamente como pérdida de recaudación, porque argumentan que parte de las inversiones no se hubiera concretado sin los incentivos. 

La legisladora sumó además otro dato: una observación de la Auditoría General de la Nación sobre operaciones financieras realizadas por el Banco Central durante 2025 con instrumentos derivados vinculados con sus reservas de oro. Según la información citada en su planteo, esas operaciones tuvieron un resultado negativo equivalente a aproximadamente US$1.023 millones.

El Banco Central salió este jueves a responder esa lectura. La entidad informó que, considerando conjuntamente la valorización del metal y las operaciones utilizadas como cobertura, su posición total en oro obtuvo durante 2025 un resultado neto positivo de US$2.505 millones. Sostuvo que las pérdidas registradas en los derivados deben analizarse como el costo de una cobertura frente a eventuales bajas del activo y no de manera separada de la ganancia del oro.

Sobre esa discusión económica, Mendoza sostuvo que las decisiones del Gobierno tienen consecuencias directas sobre las posibilidades de financiar infraestructura. “La ideología de Milei y la pésima formación de su equipo cuestan derechos, tranquilidad, bienestar y, muchas veces, vidas de muchos argentinos”, afirmó.

El Salado, la otra gran obra en disputa

El reclamo hídrico bonaerense excede al Conurbano. Uno de los principales focos está en el Plan Maestro Integral de la Cuenca del Río Salado, que atraviesa 59 municipios, comprende alrededor de 170.000 kilómetros cuadrados, alcanza a más de 1,5 millones de habitantes e involucra unos 17 millones de hectáreas productivas.

El conflicto está concentrado especialmente en la Etapa 2 del Tramo IV, integrada por tres subtramos que suman alrededor de 33,4 kilómetros. Según la Provincia, esas intervenciones comenzaron en 2023 y quedaron prácticamente paralizadas por la interrupción del financiamiento nacional. El segmento es considerado central porque mantiene una sección menor que el resto del cauce ya intervenido y funciona como un cuello de botella para el escurrimiento.

Buenos Aires, mientras tanto, avanzó sobre las etapas 1 y 2 del Tramo V, con una obra de 60,26 kilómetros que atraviesa Alberti, Bragado y Chacabuco. La inversión prevista es de US$138 millones, de los cuales US$110 millones corresponden a financiamiento del Banco Europeo de Inversiones y el resto al Tesoro provincial. El proyecto contempla además cinco puentes viales, dos ferroviarios y permitiría recuperar unas 400.000 hectáreas productivas.

La discusión había llegado incluso a los municipios antes de este nuevo cruce. A fines de 2025, intendentes del centro y oeste bonaerense presentaron ante Luis Caputo un pedido para reactivar la canalización y aportar recursos extraordinarios ante las inundaciones. En aquella presentación advirtieron: “La magnitud del daño supera la capacidad presupuestaria de los municipios”.