Caputo y Bausili, bajo una nueva denuncia: piden sus detenciones por operaciones millonarias con el oro
El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, quedaron alcanzados por un pedido de detención presentado por el abogado Gregorio Dalbón en una causa que investiga operaciones financieras con reservas de oro realizadas durante 2025. La solicitud también incluye a Juan Curutchet, director del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y titular de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias.
La presentación judicial es una ampliación de una denuncia penal que cuestiona operaciones con derivados financieros vinculados al oro. El planteo se apoya en un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), que identificó un resultado negativo equivalente a US$1.023 millones durante el ejercicio 2025.
El abogado solicitó que se investigue la posible comisión de delitos contra la administración pública y reclamó medidas destinadas a preservar pruebas y documentación vinculada con las transacciones.
El pedido de detención todavía debe ser resuelto por la Justicia y no implica que exista una orden de arresto contra los funcionarios. Tampoco constituye una determinación judicial de responsabilidad penal.
Qué delitos denuncia Dalbón contra Caputo y Bausili
La ampliación de la denuncia plantea que las operaciones financieras deberían investigarse bajo distintas figuras del Código Penal.
Entre las calificaciones mencionadas se encuentran la defraudación en perjuicio de la administración pública, el abuso de autoridad y el incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El abogado también planteó la posibilidad de investigar una eventual asociación ilícita, sujeta a lo que pueda establecerse durante la investigación.
Las acusaciones se relacionan con la forma en que se decidieron, contrataron y ejecutaron las operaciones con derivados financieros respaldados por las reservas de oro. El escrito busca determinar quiénes intervinieron en esas decisiones, cuáles fueron los criterios utilizados para contratar los instrumentos y qué controles internos se aplicaron.
En particular, reclama establecer si existieron responsabilidades individuales por el resultado financiero de las transacciones y si las decisiones adoptadas estuvieron debidamente justificadas. Respecto de Caputo, la presentación solicita investigar su eventual participación en la definición o coordinación de las operaciones, pese a que el Banco Central cuenta con autonomía institucional.
En cuanto a Bausili y Curutchet, el planteo apunta a determinar sus respectivas intervenciones en la autorización, supervisión y ejecución de los instrumentos cuestionados. Se trata de hipótesis planteadas por el denunciante que requieren investigación y valoración judicial.
El informe de la AGN que originó la controversia
El nuevo pedido judicial está relacionado con los resultados de una auditoría sobre los estados contables del Banco Central correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025. El organismo de control identificó que las operaciones con derivados financieros sobre el oro registraron un resultado negativo de $1.469.155 millones, equivalente a US$1.023 millones.
La cifra incluye aproximadamente US$960,2 millones correspondientes a resultados negativos por opciones y US$62,8 millones vinculados con primas de esos instrumentos. Las operaciones se realizaron utilizando el oro como activo subyacente y se liquidaron en dólares.
Los derivados son instrumentos financieros cuyo valor depende de otro activo, en este caso el metal precioso. Pueden utilizarse para cubrir riesgos ante movimientos desfavorables del mercado, aunque también generan costos y resultados negativos bajo determinadas condiciones.
El presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, cuestionó la estrategia aplicada por la autoridad monetaria y sostuvo que las operaciones habían producido pérdidas significativas. Sin embargo, la auditoría general sobre los estados contables consideró razonable la información patrimonial del Banco Central. La controversia se concentró en el resultado y la justificación económica de las operaciones específicas con derivados.
Como informó recientemente Grupo La Provincia, la auditoría sobre las operaciones con oro ya había abierto un fuerte cruce entre la AGN y el Banco Central, después de que ambas instituciones presentaran interpretaciones diferentes sobre el resultado financiero.
Qué medidas pidió el abogado a la Justicia
Además de solicitar las detenciones, Dalbón reclamó distintas medidas para asegurar la conservación de elementos de prueba y reconstruir las operaciones cuestionadas.
Entre ellas figura la incorporación de contratos, actas del directorio del Banco Central, informes de riesgo, comunicaciones oficiales, registros de liquidaciones y documentación relacionada con los intermediarios financieros.
El denunciante también pidió identificar las entidades que participaron de las operaciones, las comisiones abonadas y los criterios utilizados para seleccionar los instrumentos contratados. La presentación solicita que se examine la correspondencia entre las decisiones administrativas, la finalidad declarada de las operaciones y los resultados obtenidos.
Asimismo, planteó medidas alternativas a las detenciones, entre ellas restricciones para salir del país y limitaciones de acceso a dependencias donde se encuentra documentación vinculada con la investigación.
El argumento expuesto por el abogado es que la permanencia de los funcionarios en sus cargos podría representar un riesgo para la conservación de pruebas o para la producción de testimonios.
Ese planteo deberá ser evaluado por el juzgado interviniente. La existencia de documentación bajo la órbita de los organismos involucrados no determina, por sí sola, que se hayan configurado los riesgos procesales alegados. La causa se encuentra bajo la intervención del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita.
La respuesta del Banco Central: sostiene que ganó US$2.505 millones
Frente a los cuestionamientos de la Auditoría General de la Nación, el Banco Central defendió las operaciones realizadas durante 2025 y aseguró que formaron parte de una estrategia financiera destinada a proteger el valor de sus reservas.
La entidad conducida por Bausili sostuvo que las operaciones con derivados no deben analizarse de manera aislada, sino junto con la evolución del valor del oro. Según su explicación, los instrumentos financieros funcionaron como una cobertura frente a posibles caídas en la cotización internacional del metal.
El BCRA reconoció el resultado negativo de esos contratos, pero señaló que la suba del precio del oro generó una valorización superior en las tenencias. Por ese motivo, afirmó que la posición total en oro registró un resultado neto positivo de US$2.505 millones durante 2025. La diferencia entre ambas interpretaciones constituye uno de los puntos centrales de la controversia.
Mientras la AGN identificó el resultado negativo de las operaciones con derivados y su conducción cuestionó la estrategia, el Banco Central sostuvo que ese costo debe evaluarse dentro del rendimiento general de sus reservas.
La investigación judicial deberá determinar si las operaciones estuvieron debidamente autorizadas y justificadas y si existieron conductas que puedan constituir delitos.
El traslado del oro y las investigaciones pendientes
La controversia también se relaciona con los cuestionamientos sobre el traslado de reservas físicas de oro al exterior. Ese asunto es objeto de otra auditoría de la AGN, diferente del examen de los estados contables de 2025 que dio lugar al actual pedido judicial.
La revisión sobre los movimientos del metal busca establecer las condiciones de las transferencias, el destino de las reservas y los mecanismos de control utilizados.
En la nueva presentación, Dalbón reclamó incorporar documentación que permita reconstruir tanto las decisiones financieras como las responsabilidades de los funcionarios que participaron en su aprobación y ejecución. La distinción entre ambas investigaciones es importante porque los resultados de las operaciones con derivados no determinan automáticamente las condiciones en las que se realizaron los movimientos físicos del oro.
Por ahora, la principal novedad es la solicitud de detención presentada contra Caputo, Bausili y Curutchet, que deberá ser examinada por la Justicia.
El avance de la causa dependerá de las medidas de prueba que se autoricen y de la evaluación judicial sobre las acusaciones y los riesgos procesales planteados por el denunciante.