“Durante nueve días en Argentina hubo un festín”: piden investigar compras de tierras con información privilegiada
El diputado nacional de Unión por la Patria Eduardo Valdés reclamó investigar si durante el período en que quedaron sin efecto las restricciones de la Ley de Tierras se concretaron operaciones con información privilegiada y pidió determinar quiénes compraron propiedades rurales entre el fallo de la Corte Suprema del 29 de septiembre y la nueva resolución del máximo tribunal del 9 de octubre.
“Queremos saber quiénes tuvieron información privilegiada y compraron tierras en los nueve días que dio la Corte”, afirmó el legislador, quien volvió sobre las advertencias que había formulado apenas se conoció la primera sentencia.
Valdés sostuvo que el expediente estuvo durante dos años y medio bajo análisis y cuestionó lo ocurrido inmediatamente después de aquella decisión. “La Corte tuvo el expediente dos años y seis meses. Para sorpresa de todos, el 29 de septiembre dictaminó la liberación de la venta de tierras y durante nueve días en Argentina hubo un festín”, señaló.
Del fallo del 29 de septiembre a la cautelar del 9 de octubre
La secuencia comenzó el 29 de septiembre, cuando la Corte Suprema revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley 26.737.
La decisión se fundó en una cuestión procesal: los jueces entendieron que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) no tenía legitimación para impulsar aquella acción colectiva. La Corte no resolvió en esa causa si la derogación de la Ley de Tierras era constitucional.
El efecto de la sentencia fue que el artículo 154 del decreto volvió a quedar operativo y, durante ese período, dejaron de aplicarse las restricciones establecidas por la norma sancionada en 2011.
Diez días después, el 9 de octubre, el propio máximo tribunal intervino en otro expediente y suspendió de manera interina los efectos de ese artículo hasta que la Justicia Federal de Bariloche resuelva sobre la legitimación de los demandantes y el pedido cautelar correspondiente. Con esa resolución volvieron a regir provisoriamente las restricciones de la Ley 26.737.
Valdés había planteado sus sospechas desde los primeros días posteriores al fallo inicial. El 2 de octubre, en una entrevista radial, se preguntó: “¿Quiénes son los que están comprando las escrituras que se están haciendo en estas horas?”.
Ahora, luego de la restitución provisoria de las restricciones, el diputado insistió con avanzar sobre las operaciones que pudieron producirse durante ese intervalo y reclamó saber si existieron compradores que dispusieron anticipadamente de información sobre el cambio de escenario.
Valdés presentó además el 1° de octubre un proyecto de ley para derogar específicamente el artículo 154 del DNU 70/23 y restituir la plena vigencia de la Ley de Tierras. La iniciativa, expediente 5217-D-2026, fue girada a las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Agricultura y Ganadería.
Casi 3.000 hectáreas, un lago y publicaciones dirigidas a inversores extranjeros
Entre los casos que Valdés puso sobre la mesa aparece el de Loma Alta Propiedades, una firma que fue relevada por el Observatorio de Tierras del Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria de la Facultad de Ciencias Económicas.
Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el Observatorio detectó la promoción de un establecimiento de 2.943 hectáreas en Alto Río Pico, Chubut, presentado comercialmente con acceso a un lago, una laguna y alrededor de 16 kilómetros de costa sobre el río Pico.
El informe del organismo señala que el perfil de Instagram utilizado por la firma fue creado el 26 de septiembre, tres días antes de la primera sentencia de la Corte.
El 30 de septiembre, ya dentro del período en que las restricciones habían quedado sin efecto, apareció una publicación en castellano e inglés promocionando un campo con costa de lago, laguna y río. El 3 de octubre, otra publicación estuvo dirigida específicamente a potenciales compradores extranjeros bajo la consigna “¿Por qué invertir en la Patagonia?”.
El Observatorio también registró mensajes que señalaban que había vuelto el interés extranjero por los campos argentinos y que ofrecían conectar a los interesados con abogados y escribanos para verificar las condiciones vigentes al momento de concretar una operación.
Valdés se refirió específicamente a ese episodio. “Dos días antes del fallo ofrecía 3 mil hectáreas de tierra con un lago adentro en un aviso en inglés y en español. Queremos saber quiénes compraron tierras en esos nueve días con información privilegiada”, afirmó.
El relevamiento documenta la existencia de las publicaciones y las ofertas, pero no acredita por sí mismo que ese establecimiento haya sido finalmente vendido a un comprador extranjero. Precisamente ese tipo de operaciones es el que los legisladores reclaman identificar mediante información oficial.
Otro pedido llegó formalmente al Congreso
El diputado nacional Sebastián Galmarini, de Unión por la Patria, presentó el 9 de octubre un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre la aplicación de la Ley 26.737 y las operaciones realizadas durante ese período. El proyecto ingresó formalmente a la Cámara baja como expediente 5414-D-2026.
Galmarini sintetizó el interrogante de la siguiente manera: “¿Había operaciones frenadas en el Registro Nacional de Tierras Rurales esperando que cayera la ley? ¿Alguna se escrituró en esa ventana? ¿Cuántas? ¿Dónde? ¿Quién compró?”.
El pedido busca conocer las transferencias realizadas a personas físicas o jurídicas extranjeras, las superficies involucradas, los precios declarados y si existieron operaciones que hubieran superado los límites establecidos por la Ley de Tierras.
También apunta a establecer si había solicitudes pendientes ante el Registro Nacional de Tierras Rurales antes del fallo del 29 de septiembre y si alguna de ellas avanzó después de esa fecha.
Qué controles establece la Ley de Tierras
La Ley 26.737 establece un máximo del 15% para la titularidad o posesión extranjera de tierras rurales tanto a nivel nacional como en cada provincia, municipio o división administrativa equivalente.
Dentro de ese porcentaje, una misma nacionalidad extranjera no puede concentrar más del 30% del cupo habilitado. Además, un mismo titular extranjero tiene un máximo de 1.000 hectáreas en la denominada zona núcleo, o su superficie equivalente según la localización.
La legislación también impide que extranjeros sean titulares o poseedores de inmuebles rurales que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes, además de establecer reglas específicas para las zonas de seguridad de frontera.
El Registro Nacional de Tierras Rurales debe llevar los datos sobre propiedades en manos extranjeras, controlar el cumplimiento de los límites y expedir los certificados de habilitación necesarios para las transferencias alcanzadas por la norma.
Los últimos datos disponibles del Registro Nacional de Tierras Rurales, obtenidos mediante pedidos de acceso a la información, muestran que en agosto de 2026 había 13,3 millones de hectáreas rurales en manos de personas físicas o jurídicas extranjeras en las 23 provincias. Esa superficie representa cerca del 5% del total rural del país.
En 2018 eran aproximadamente 12,5 millones. La diferencia representa unas 781.000 hectáreas adicionales, un incremento del 6,25% en ocho años. Aunque el promedio nacional se mantiene por debajo del límite del 15%, el relevamiento identificó 31 departamentos que superaban ese porcentaje.
Durante la gestión de Javier Milei, el Ministerio de Justicia informó además que se emitieron 111 certificados de habilitación para adquisiciones de tierras por extranjeros: 35 durante 2024, 29 en 2025 y 47 durante 2026 hasta el momento del relevamiento realizado en agosto.