La causa ANDIS suma nuevas acusaciones contra Spagnuolo: compras direccionadas, presuntas coimas y millones bajo investigación
La investigación judicial por presuntos hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó este viernes 16 de octubre un nuevo capítulo. El juez federal Ariel Lijo amplió el procesamiento de Diego Spagnuolo, extitular del organismo, por maniobras vinculadas con la adquisición de insumos médicos y ortopédicos del Programa Incluir Salud, en una causa que ya acumula diferencias de precios investigadas por más de $7.833 millones.
La decisión judicial también alcanzó a Daniel Garbellini, exsegundo de Spagnuolo, al operador Miguel Ángel Calvete y a otras personas señaladas por su presunta participación en un mecanismo de contrataciones estatales direccionadas.
La nueva resolución amplía una investigación que inicialmente se había concentrado en la compra de medicamentos y que ahora incorpora procedimientos relacionados con prótesis, elementos de traumatología, implantes auditivos, equipamiento de movilidad y otros insumos destinados a personas con discapacidad.
El magistrado consideró que existen elementos suficientes, con el grado de probabilidad requerido en esta etapa procesal, para sostener que las irregularidades investigadas habrían formado parte de una estructura organizada que operaba tanto dentro como fuera del organismo.
Más de $7.833 millones en diferencias de precios bajo investigación
Uno de los principales elementos incorporados a la causa es un relevamiento técnico realizado por el Ministerio de Salud sobre las contrataciones investigadas.
El análisis identificó diferencias de precios por al menos $1.849.277.963 en operaciones de adquisición de insumos médicos y ortopédicos.
Ese monto se suma a los $5.984.594.394,24 que ya habían sido detectados de manera provisoria en el rubro medicamentos.
De esta manera, la cuantificación conjunta alcanza los $7.833.872.357,24.
La resolución judicial aclara que se trata de una estimación parcial, elaborada sobre aquellas operaciones que pudieron compararse con valores de referencia.
Por lo tanto, la cifra no constituye una determinación definitiva del perjuicio económico al Estado ni representa por sí sola el monto total de las presuntas maniobras ilícitas.
Las compras de insumos examinadas corresponden a seis segmentos: amputaciones, cardiología, implantes auditivos y audífonos, neurocirugía, sillas y andadores, y traumatología.
La investigación busca establecer si las diferencias económicas detectadas fueron consecuencia de procedimientos de compra manipulados para beneficiar a determinados proveedores.
Cómo habría funcionado el mecanismo de contrataciones direccionadas
La hipótesis judicial sostiene que funcionarios, operadores externos y empresarios habrían intervenido de manera coordinada en distintos procedimientos de adquisición del Programa Incluir Salud.
Según la reconstrucción incorporada a la resolución, el mecanismo investigado incluía la selección discrecional de empresas proveedoras, el acceso anticipado a información sobre las compras y la simulación de condiciones de competencia.
También se investiga el presunto direccionamiento de adjudicaciones y la intervención de distintos participantes en la gestión de pagos.
El objetivo de esas maniobras habría sido favorecer económicamente a determinadas firmas mediante decisiones administrativas que no respetaban los mecanismos regulares de contratación pública.
La Justicia también analiza si una parte de los beneficios obtenidos por las empresas investigadas fue posteriormente canalizada hacia funcionarios u otros integrantes de la presunta organización mediante pagos indebidos.
La resolución vincula estos hechos con una estructura que habría funcionado durante la gestión de Spagnuolo al frente de la ANDIS, entre diciembre de 2023 y agosto de 2025.
El juzgado considera que la reiteración de procedimientos cuestionados y los vínculos detectados entre los participantes permiten investigar las operaciones como parte de una misma organización presuntamente delictiva.
Spagnuolo, Garbellini y Calvete, entre los principales acusados
La ampliación del procesamiento alcanza a Diego Spagnuolo, Daniel Garbellini y Miguel Ángel Calvete, quienes ya figuraban entre los principales imputados de la investigación.
También se extendieron las acusaciones contra Andrés Arnaudo y Federico Santich, señalados como integrantes de la presunta estructura.
El nuevo pronunciamiento incorpora, además, el procesamiento sin prisión preventiva de otras 19 personas vinculadas con distintos tramos de la investigación.
Entre los empresarios alcanzados por las medidas judiciales aparecen representantes y personas relacionadas con firmas proveedoras de insumos ortopédicos, medicamentos y equipamiento médico.
La resolución también incluye a personas que habrían desempeñado tareas administrativas relevantes dentro de la ANDIS, especialmente en áreas relacionadas con las invitaciones a proveedores, la coordinación de contrataciones, el manejo de información interna y el seguimiento de pagos.
En otra parte del expediente se investigaron movimientos financieros y comerciales vinculados con el operador Calvete y la sociedad Baires Fly S.A.
Ese tramo derivó en nuevas medidas contra personas investigadas por su presunta participación en operaciones de lavado de activos.
La Justicia también resolvió dictar la falta de mérito de once personas que habían sido indagadas, al considerar que todavía no existían elementos suficientes para procesarlas o sobreseerlas.
La decisión implica que su situación procesal permanece abierta mientras continúa la investigación.
Los delitos investigados y el embargo contra Spagnuolo
La nueva resolución amplía las imputaciones por presuntos delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y defraudación por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública.
En determinados casos también se investigan conductas que podrían configurar lavado de activos agravado.
Estas acusaciones se suman a las actuaciones anteriores de la causa, que ya habían derivado en procesamientos confirmados por la Sala II de la Cámara Federal.
El juez Lijo fijó para Spagnuolo un embargo de $47.100.829.143,44, una medida patrimonial destinada a asegurar eventuales responsabilidades económicas vinculadas con el proceso.
El monto del embargo no debe confundirse con las diferencias de precios identificadas en las contrataciones.
Mientras la cuantificación de $7.833 millones corresponde a operaciones examinadas mediante comparaciones económicas, el embargo constituye una medida judicial de aseguramiento patrimonial.
La ampliación del procesamiento tampoco representa una condena definitiva. Se trata de una resolución que establece la existencia de elementos probatorios suficientes para mantener y extender las acusaciones durante el desarrollo de la causa.
El Programa Incluir Salud, en el centro de las operaciones investigadas
El Programa Incluir Salud tiene como finalidad brindar cobertura sanitaria a personas titulares de pensiones no contributivas que no cuentan con obra social.
A través de este sistema se financian prestaciones y se adquieren medicamentos, insumos y equipamiento destinados a personas que requieren atención médica.
Las operaciones cuestionadas incluyen elementos de alto costo y baja incidencia, utilizados para atender necesidades sanitarias específicas.
Por ese motivo, la investigación se concentra no solamente en los montos abonados, sino también en los procedimientos empleados para seleccionar a las empresas proveedoras y autorizar las contrataciones.
El expediente examina si las decisiones de compra respondieron a criterios regulares de administración o si fueron modificadas para favorecer intereses particulares.
La documentación incorporada permitió identificar comunicaciones, movimientos económicos y vínculos entre funcionarios y particulares que ahora forman parte de las pruebas analizadas por la Justicia.
La investigación continúa bajo la intervención del fiscal Picardi
La causa se encuentra delegada en el fiscal federal Franco Picardi, quien continúa con nuevas medidas para determinar el alcance de las presuntas maniobras y establecer las responsabilidades individuales de los involucrados.
La ampliación del procesamiento representa una nueva instancia dentro de una investigación que ya había registrado resoluciones judiciales sobre la compra de medicamentos y que ahora incorpora otro conjunto de contrataciones.
Uno de los puntos que permanece bajo análisis es la circulación de fondos presuntamente obtenidos mediante las operaciones investigadas y la eventual participación de otras personas.
La pesquisa también deberá profundizar la evaluación de aquellas contrataciones que todavía no pudieron compararse con valores de referencia.
El dato económico más relevante de esta nueva etapa es la identificación de diferencias de precios por más de $7.833 millones entre medicamentos e insumos médicos, aunque el propio juzgado advierte que la estimación es provisoria y parcial.
Con la ampliación de los procesamientos, la Justicia profundiza la investigación sobre el funcionamiento de las contrataciones de la ex Agencia Nacional de Discapacidad y el papel que habrían desempeñado funcionarios, operadores y proveedores privados en las maniobras denunciadas.