Apuestas online en Buenos Aires: Atanasof expuso en Diputados y crece el debate por su regulación
La discusión por las apuestas online en la provincia de Buenos Aires abrió este lunes 19 de octubre dos caminos legislativos diferentes: profundizar los controles sobre un mercado ya habilitado o avanzar hacia su prohibición. Mientras el presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, Gonzalo Atanasof, expuso ante diputados sobre el crecimiento del juego clandestino y sus consecuencias sociales, el senador Federico Fagioli impulsó una iniciativa para terminar con las apuestas digitales autorizadas en territorio bonaerense.
Ambas propuestas responden a la preocupación por la ludopatía, especialmente entre adolescentes, pero plantean respuestas distintas. En Diputados, Micaela Olivetto y Facundo Tignanelli buscan sumar respaldo a un régimen integral de 64 artículos que incluye identificación biométrica, límites de conexión, restricciones publicitarias y herramientas judiciales. En el Senado, la denominada Ley Lula plantea derogar las disposiciones que permitieron otorgar licencias a las plataformas.
Las advertencias de Lotería: jóvenes, publicidad y juego ilegal
Atanasof fue recibido en la Sala 30 de la Cámara baja por la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía, presidida por Olivetto. El funcionario vinculó la expansión de las apuestas digitales con la disponibilidad permanente de las aplicaciones y señaló que la pandemia aceleró una transformación que volvió más difícil separar la actividad recreativa de las conductas problemáticas.
Durante el encuentro se presentó un dato sobre la exposición juvenil: el 60% de los chicos conoce a alguien que realizó apuestas. Un relevamiento de Kids Online Argentina, desarrollado por UNICEF y UNESCO y citado en debates previos, registró que el 24% de los adolescentes de 12 a 17 años consultados había apostado dinero por internet alguna vez.
Otro punto fue la dimensión del circuito clandestino. Según estimaciones de la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA) mencionadas durante la reunión, el 80% del juego sería ilegal, frente a un 20% correspondiente al circuito autorizado. Atanasof advirtió que denunciar a los operadores no siempre alcanza para conseguir respuestas judiciales rápidas y reclamó una intervención coordinada de los tres poderes del Estado.
El presidente de Lotería también puso sobre la mesa el desplazamiento del juego presencial hacia las plataformas digitales, sus consecuencias sobre los puestos de trabajo y las diferencias entre las obligaciones tributarias de ambas actividades. A eso sumó la necesidad de revisar la publicidad, una de las principales vías de promoción de las apuestas entre usuarios jóvenes.
La exposición incorporó la posición del organismo encargado de controlar el mercado, pero no cerró las negociaciones sobre el texto en discusión. Olivetto destacó que escuchar a las autoridades de Lotería permite avanzar en el tratamiento y sumar herramientas para prevenir consumos problemáticos y combatir plataformas ilegales.
Un régimen de 64 artículos que todavía busca consensos
El expediente D-3634/26-27, presentado a fines de septiembre por Tignanelli y Olivetto, propone mantener la actividad bajo regulación provincial, pero endurecer los requisitos para las empresas. Entre ellos figura el reconocimiento biométrico facial para verificar la identidad de los usuarios al ingresar, depositar o retirar dinero, junto con cuentas personales e intransferibles.
El articulado también establece alertas después de 30 minutos de uso y el cierre automático de la sesión tras 60 minutos consecutivos, con una hora de espera antes de poder volver a entrar. Prevé límites de depósitos, mecanismos de autoexclusión y dispositivos de acompañamiento para personas con problemas de apuestas y sus familias.
En materia publicitaria, la iniciativa restringe campañas y patrocinios y busca eliminar incentivos de captación como los bonos de bienvenida. Otro capítulo plantea crear una Fiscalía Especializada en Apuestas Ilegales en Línea, con facultades para investigar operadores clandestinos y solicitar medidas de bloqueo de páginas, aplicaciones y circuitos de pago.
La propuesta incorpora instrumentos de financiamiento para políticas sanitarias y comunitarias. Uno de ellos contempla aportes de los operadores vinculados con el gasto en publicidad, cuya distribución reservaría un 70% para los municipios y un 30% para Salud. También propone recursos para clubes y organizaciones deportivas.
Las coincidencias sobre la necesidad de intervenir todavía no se tradujeron en un acuerdo definitivo. El radical Diego Garciarena reclamó más restricciones publicitarias y cuestionó que la persecución del negocio clandestino quede concentrada en una única fiscalía. Propuso distribuir esas competencias entre varias estructuras especializadas. Desde Unión y Libertad se expresó acompañamiento al objetivo general de la regulación.
La Ley Lula propone directamente prohibir las apuestas
En paralelo, Fagioli, senador de Fuerza Patria, presentó la llamada Ley Lula, que plantea derogar el Título VIII de la Ley 15.079, la normativa que regula el juego online bonaerense. En lugar de fijar nuevas condiciones a las empresas habilitadas, el proyecto busca impedir las apuestas deportivas y los juegos de casino por internet, incluidos tragamonedas, ruleta, póquer y blackjack.
La iniciativa mantendría permitidas las loterías, quinielas y determinados sorteos, pero impediría que los operadores alcanzados por la prohibición reciban nuevos depósitos. También dispone un proceso de cierre de las plataformas: en diez días deberían cesar las nuevas sesiones y retirar la publicidad; dentro de los treinta días tendrían que devolver los saldos de los usuarios e informar las operaciones pendientes al Instituto de Lotería.
La prohibición alcanzaría además promociones, patrocinios, bonificaciones y campañas difundidas mediante influencers o códigos comerciales. El planteo es distinto del proyecto de Diputados porque cuestiona que un sistema de licencias y controles sea suficiente para proteger la salud pública.
La divergencia no coincide exactamente con una división partidaria. Tanto Fagioli como los impulsores de la regulación pertenecen a Fuerza Patria. Tignanelli incluso manifestó que personalmente favorecería una prohibición, aunque señaló que para aplicarla eficazmente se necesitaría una legislación nacional. La diferencia está, por ahora, en la herramienta legislativa elegida y en el alcance territorial de la respuesta.
El mercado clandestino y el debate que sigue pendiente
Buenos Aires cuenta con siete plataformas habilitadas, identificables por dominios terminados en .bet.ar. Fuera de ese sistema funcionan operadores clandestinos que eluden los controles provinciales. En relevamientos anteriores se informaron más de 800 denuncias contra sitios ilegales y el bloqueo judicial de 537 páginas, además de actuaciones por promociones realizadas por influencers.
Ese escenario atraviesa las dos propuestas. Regular con controles más exigentes requiere mejorar la fiscalización de las plataformas autorizadas, mientras una prohibición plantea el desafío de impedir que los usuarios continúen accediendo a sitios que operan desde otras jurisdicciones. También quedan por resolver el alcance de las restricciones publicitarias y la capacidad de intervención judicial.
El proyecto de Tignanelli y Olivetto no figura entre los asuntos previstos para la sesión de Diputados de este martes 20 de octubre, convocada a las 15. El expediente sigue con trámites pendientes en Legislación General y Presupuesto e Impuestos y no registra todavía un despacho definitivo en su recorrido parlamentario.
Después de la exposición de Atanasof, la discusión conserva un punto de acuerdo y otro todavía abierto: existe coincidencia sobre la necesidad de atender la ludopatía y el juego ilegal, pero no una respuesta legislativa única sobre qué hacer con las apuestas online. Entre controles reforzados y prohibición, el próximo avance dependerá de los acuerdos que consigan los bloques y del tratamiento de ambos proyectos en sus respectivas cámaras.