El cierre de la obra social de las Fuerzas Armadas golpea a la Provincia: despidos, delegaciones en riesgo y miles de afiliados afectados

El Gobierno de Javier Milei avanza con la disolución de la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) y crece la preocupación en la provincia de Buenos Aires por los despidos, el posible cierre de delegaciones y la continuidad de las prestaciones médicas. La medida afecta a una entidad que brinda cobertura a cientos de miles de afiliados en todo el país y atraviesa una profunda crisis financiera, con deudas millonarias y servicios suspendidos en distintas localidades.

El impacto ya se siente en distritos como La Plata, Tandil, Punta Alta y Punta Indio, donde trabajadores y afiliados reclaman precisiones sobre la continuidad de las oficinas, las farmacias propias y los centros de atención. Mientras tanto, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) advierte que alrededor de 1.450 puestos laborales podrían quedar afectados por el proceso de reorganización y reclama garantías para el personal que no sea incorporado a la nueva estructura.

La controversia se profundizó después de que el Ejecutivo publicara, el 28 de octubre, el Decreto de Necesidad y Urgencia 1286/2026, que modificó las condiciones de transferencia de trabajadores hacia la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA). A diferencia del esquema inicial, que contemplaba un traspaso integral, la normativa habilita al nuevo organismo a seleccionar únicamente los puestos que considere necesarios para su funcionamiento.

Qué establece el decreto y por qué genera preocupación

La reorganización de la cobertura sanitaria de las Fuerzas Armadas comenzó en febrero, cuando el Gobierno dispuso dividir el sistema en dos entidades: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), bajo la órbita del Ministerio de Defensa, y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional.

La decisión implicó iniciar la disolución y posterior liquidación del IOSFA, que hasta entonces reunía la cobertura del personal militar y de determinadas fuerzas federales. Sin embargo, el esquema original establecía una transferencia de personal más amplia. Esa situación cambió con el nuevo decreto, que otorgó al directorio de OSFA la facultad de determinar su dotación y decidir qué trabajadores serán incorporados.

La normativa establece que “el Directorio de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) determinará, conforme su estructura vigente y las necesidades operativas del organismo, los puestos de trabajo requeridos y su dotación necesaria”. Para quienes no resulten transferidos, el administrador de IOSFA deberá evaluar cada situación y adoptar las medidas correspondientes según el régimen laboral aplicable. En el caso del personal de planta permanente con estabilidad, el decreto contempla que pueda permanecer en disponibilidad dentro del Ministerio de Defensa hasta su reubicación o baja, de acuerdo con la legislación vigente.

El Gobierno justificó el cambio en la necesidad de evitar un desequilibrio presupuestario y señaló que la nueva obra social debe destinar como máximo el 8% de sus recursos a gastos administrativos y de funcionamiento. También sostuvo que la separación de los afiliados de Gendarmería y Prefectura hacia otra entidad redujo la población que deberá cubrir OSFA, motivo por el cual considera necesario adecuar la cantidad de empleados.

La Plata: 35 trabajadores y más de 8.000 afiliados bajo incertidumbre

Uno de los principales focos del conflicto se encuentra en La Plata, donde la delegación de la obra social funciona en la zona de diagonal 77 y calle 6, a pocos metros de Plaza Italia. La oficina cuenta con 35 empleados, que expresaron su preocupación ante la posibilidad de que el establecimiento deje de funcionar y se produzcan desvinculaciones antes de diciembre.

La delegación platense tiene bajo su jurisdicción alrededor de 8.000 afiliados, incluidos beneficiarios de localidades como Verónica, Magdalena, Chascomús, Lobos y Junín. Los trabajadores advirtieron que los problemas económicos del organismo ya habían provocado restricciones en la atención médica durante el último año y medio, por lo que una eventual eliminación de la oficina podría agravar las dificultades existentes.

También cuestionaron la posibilidad de reemplazar la atención personalizada por mecanismos exclusivamente digitales, al advertir que muchos beneficiarios son adultos mayores que necesitan asistencia para gestionar autorizaciones, reintegros y tratamientos.

La situación también se agravó en Tandil, donde trabajadores de la delegación local denunciaron que comenzaron a recibir notificaciones vinculadas con su continuidad laboral. De acuerdo con la información publicada por La Voz, siete empleados fueron notificados de cambios en su situación contractual, en un contexto en el que el proceso de reorganización amenaza a una dotación de 14 agentes técnico-administrativos.

El conflicto tiene un componente adicional: los trabajadores afectados sostienen que el organismo desconoce su pase a planta permanente, dispuesto en 2023, y vuelve a considerarlos personal contratado. La medida genera preocupación por la estabilidad laboral, pero también por la continuidad de los servicios que se prestan a 6.248 afiliados de Tandil y su zona de influencia, entre integrantes de las Fuerzas Armadas, trabajadores civiles y sus familias.

Desde ATE Tandil-Benito Juárez advirtieron que las dificultades para acceder a prestaciones médicas comenzaron antes de las últimas disposiciones oficiales, en medio de los problemas financieros y las demoras en los pagos a profesionales y establecimientos sanitarios. El sindicato presentó una nota ante el Concejo Deliberante para solicitar un pronunciamiento institucional contra el cierre de la sede y comenzó a evaluar alternativas gremiales y judiciales. Además, convocó a coordinar acciones con representantes de otras delegaciones bonaerenses, particularmente de Mar del Plata, Punta Alta y Verónica, con el objetivo de construir una respuesta conjunta frente a la reorganización.

Punta Alta y Punta Indio: farmacias, centros médicos y más empleos en riesgo

La reestructuración también genera preocupación en Punta Alta, una ciudad estrechamente vinculada con la actividad naval y militar, donde la obra social cuenta con instalaciones sanitarias y una farmacia propia. Según los relevamientos difundidos por ATE, 83 trabajadores podrían verse afectados por los cambios previstos para la farmacia y el policonsultorio local. El sindicato advierte que la eventual eliminación de estas dependencias reduciría las posibilidades de atención directa para afiliados que ya enfrentan dificultades para acceder a consultas, medicamentos y tratamientos.

El conflicto se extiende al partido de Punta Indio, donde la delegación ubicada en Verónica quedó alcanzada por los planes de reorganización. Allí, la seccional Magdalena-Punta Indio de ATE solicitó la intervención del Concejo Deliberante para rechazar el cierre y reclamar garantías sobre los puestos de trabajo.

De acuerdo con la presentación gremial, más de 2.800 afiliados utilizan los servicios de esa dependencia, donde se gestionan reintegros, internaciones, traslados sanitarios, afiliaciones, autorizaciones y coberturas especiales. La entidad advirtió que el cierre de la oficina no implicaría únicamente la pérdida de atención administrativa, sino también mayores dificultades para personas con enfermedades crónicas o tratamientos que requieren seguimiento.

“Queda claro el daño irreparable que genera a los más de 2.800 afiliados y afiliadas de Punta Indio”, sostuvo ATE en el documento dirigido a los concejales, donde también expresó preocupación por una posible mayor demanda sobre los hospitales públicos. La situación adquiere especial relevancia en un distrito donde existen otros reclamos vinculados con el futuro de instalaciones militares, entre ellas la histórica Base Aeronaval. 

ATE advierte por 1.450 puestos de trabajo y profundiza las protestas

Frente al avance de la reorganización, ATE inició una serie de movilizaciones y medidas de fuerza para rechazar los despidos y exigir precisiones sobre el futuro de los trabajadores. El sindicato sostiene que, de una dotación aproximada de 2.450 empleados, alrededor de 1.000 serían incorporados a la nueva estructura, mientras que los restantes 1.450 quedarían expuestos a distintas medidas laborales, entre ellas la finalización de contratos y el pase a disponibilidad.

El secretario general nacional de ATE, Rodolfo Aguiar, cuestionó la decisión del Ejecutivo y apuntó contra la contradicción que, según su interpretación, existe entre el discurso oficial sobre las Fuerzas Armadas y las consecuencias de la reestructuración.

“Se sacan fotos con los uniformados, les hacen hacer de mozos en Olivos y después les cierran la obra social”, expresó el dirigente, quien también reclamó garantías para la continuidad de la cobertura médica.

La protesta tuvo uno de sus puntos centrales el 29 de octubre, cuando trabajadores de distintas dependencias se movilizaron frente al Ministerio de Defensa. Desde ATE Buenos Aires, su secretario general, Claudio Arévalo, también rechazó la medida y sostuvo que el ajuste no debe recaer sobre los empleados. “Vamos a estar las veces que tengamos que estar para defender la IOSFA”, afirmó durante la jornada de protesta.