La causa $LIBRA suma un nuevo giro judicial para Milei
La causa $LIBRA sumó un nuevo capítulo judicial que vuelve a poner bajo discusión el cierre de la investigación vinculada al presidente Javier Milei. La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal aceptó por mayoría una queja presentada por personas que denunciaron perjuicios económicos tras el derrumbe de la criptomoneda y buscan recuperar su participación como querellantes.
La resolución, conocida el miércoles 4 de noviembre, permite avanzar en la revisión de las decisiones que habían impedido a los denunciantes continuar interviniendo formalmente en el expediente. El tribunal todavía no resolvió su reincorporación definitiva ni modificó los sobreseimientos dictados a favor de Milei, su hermana Karina y otros nueve investigados. Sin embargo, la apertura del recurso habilita una instancia que podría permitir a los damnificados cuestionar judicialmente el cierre de la causa.
La decisión adquiere relevancia porque el expediente había sido clausurado en primera instancia después de que el fiscal Eduardo Taiano considerara que los hechos denunciados no configuraban un delito.
Qué resolvió Casación en la causa $LIBRA
La decisión fue adoptada por los jueces Alejandro Slokar y Ángela Ledesma, quienes votaron a favor de admitir el recurso de casación presentado por los denunciantes. El tercer integrante de la Sala II, Guillermo Yacobucci, votó en disidencia y consideró que la queja debía declararse inadmisible.
El planteo se originó después de que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi apartara del expediente a personas que habían solicitado intervenir como querellantes. Esa decisión fue posteriormente respaldada por la Cámara Federal porteña, que también rechazó habilitar el acceso a Casación mediante la vía ordinaria.
Ante ese escenario, los denunciantes recurrieron directamente al máximo tribunal penal mediante un recurso de queja. La mayoría de Casación consideró que correspondía admitir el planteo para examinar el fondo de la controversia. En particular, Ledesma entendió que existía una cuestión federal suficiente para justificar la intervención del tribunal.
La resolución no significa que los damnificados hayan recuperado automáticamente su condición de querellantes. El tribunal deberá analizar si corresponde permitirles nuevamente su participación formal en la investigación.
Quiénes buscan reincorporarse como querellantes
Entre quienes presentaron los recursos aparecen Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo, además de los denunciantes Vladislav Andreevich Lapchenko y Sviatlana Vitalievna Krasutskaya. Los reclamantes cuestionaron su apartamiento de la causa y sostuvieron que la decisión afectaba su derecho a intervenir en un proceso judicial en el que denunciaron haber sufrido perjuicios económicos.
El conflicto procesal se concentra en determinar si existen fundamentos suficientes para que puedan actuar como parte acusadora particular. La condición de querellante resulta relevante porque habilita a impulsar medidas probatorias, realizar planteos judiciales y recurrir determinadas resoluciones.
Por eso, una eventual reincorporación les permitiría fortalecer sus recursos contra los sobreseimientos y participar nuevamente en la discusión sobre la continuidad del expediente. Sin embargo, la admisión de los querellantes no implicaría por sí misma la reapertura de la investigación ni la revocación de las decisiones anteriores. Esas cuestiones requieren resoluciones judiciales específicas.
El sobreseimiento de Milei y los argumentos del juez
El expediente se originó a partir de la promoción de la criptomoneda $LIBRA realizada por Javier Milei en su cuenta de X el 14 de febrero de 2025. El mandatario difundió el activo digital como parte de una iniciativa destinada a financiar emprendimientos privados argentinos.
Después de esa publicación, el valor de la criptomoneda registró una fuerte suba y posteriormente se desplomó, lo que dio lugar a denuncias de inversores que afirmaron haber sufrido importantes pérdidas económicas. La investigación buscó determinar si existió una maniobra delictiva vinculada con el lanzamiento, la difusión y las operaciones financieras realizadas alrededor del activo.
El 23 de octubre de 2026, el juez Marcelo Martínez de Giorgi dictó el sobreseimiento de Javier Milei, Karina Milei y otros nueve investigados, a partir del criterio presentado por el fiscal Eduardo Taiano. El representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que los elementos reunidos no permitían acreditar una estafa penalmente relevante.
El magistrado consideró que las operaciones se habían realizado sobre un activo de elevada volatilidad y que no existían pruebas suficientes para demostrar los delitos denunciados. La resolución fue cuestionada posteriormente mediante distintas presentaciones judiciales que plantearon la necesidad de revisar las conclusiones y profundizar determinadas medidas probatorias.
La Fiscalía Anticorrupción también cuestionó el cierre de la causa
La intervención de Casación se produce mientras otro organismo del Ministerio Público Fiscal mantiene cuestionamientos al cierre del expediente. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), encabezada por el fiscal Sergio Rodríguez, presentó una apelación para que se revise la decisión judicial y se profundicen aspectos de la investigación.
Entre las medidas que el organismo considera pendientes aparecen peritajes relacionados con la trazabilidad de fondos, análisis forenses de teléfonos secuestrados y requerimientos de cooperación internacional con Estados Unidos. La procuraduría sostiene que esos elementos resultan necesarios para determinar si existieron conductas delictivas vinculadas con los hechos investigados.
Como informó recientemente Grupo La Provincia, la Fiscalía Anticorrupción cuestionó el sobreseimiento de los hermanos Milei y solicitó profundizar la investigación. La presentación de la PIA y el recurso de los damnificados son actuaciones diferentes, aunque ambas ponen bajo discusión distintos aspectos del cierre judicial de $LIBRA.
Mientras la procuraduría cuestiona la valoración de las pruebas y la necesidad de continuar investigando, los denunciantes buscan recuperar su capacidad de intervenir formalmente en el proceso.
Los próximos pasos de la investigación
Tras aceptar el recurso de queja, la Cámara Federal de Casación Penal solicitó el expediente digital para examinar los argumentos de las partes. El tribunal deberá analizar si corresponde reconocer la participación de los denunciantes como querellantes y establecer el alcance de esa eventual intervención.
Si finalmente son admitidos, podrán avanzar con las impugnaciones correspondientes y cuestionar los sobreseimientos, aunque la revisión no garantiza que esas decisiones sean modificadas.
En paralelo, continúa la discusión judicial impulsada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas sobre las pruebas que considera pendientes. Por el momento, los sobreseimientos dictados en primera instancia no fueron revocados por esta resolución.
La decisión de Casación abre una nueva instancia procesal en una causa que involucra al Presidente y a otros investigados, pero deja pendiente la definición sobre la participación de los denunciantes y el futuro de las impugnaciones contra el cierre del expediente.