Crece la controversia por la Caja de Odontólogos: la Justicia intervino y la Legislatura analiza su reforma
La Caja de Seguridad Social para Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires atraviesa una creciente controversia por el costo de los aportes obligatorios, los haberes jubilatorios y las prestaciones de salud. Los cuestionamientos de profesionales activos y retirados se profundizaron durante las últimas semanas y alcanzaron también al funcionamiento institucional, mientras dos proyectos de reforma previsional permanecen en estudio en la Legislatura bonaerense.
El conflicto sumó un nuevo capítulo el 6 de noviembre, cuando el Colegio de Odontólogos del Distrito II comunicó la suspensión judicial de un acto electoral de la entidad. Paralelamente, integrantes de la conducción defendieron los resultados de su administración y reclamaron cambios a la legislación vigente. La discusión combina el sostenimiento del sistema previsional, las obligaciones de sus afiliados y las condiciones de representación interna.
Aportes elevados y reclamos por jubilaciones
La Caja funciona bajo el régimen establecido por la Ley provincial 8.119, sancionada en 1973, que regula la previsión y seguridad social de los odontólogos matriculados en territorio bonaerense. Su financiamiento se apoya en aportes profesionales obligatorios destinados a sostener jubilaciones, pensiones y otras prestaciones.
Durante las últimas semanas, odontólogos de diferentes distritos cuestionaron los montos exigidos y las dificultades que enfrentan para cumplir con sus obligaciones. Entre los testimonios difundidos aparecen pagos mensuales cercanos a los $500.000, liquidaciones superiores al millón de pesos y situaciones de endeudamiento acumulado.
Una profesional aseguró haber afrontado una liquidación de aproximadamente $1,8 millones, mientras otros afiliados denunciaron deudas millonarias y dificultades para acceder a planes de regularización. Los reclamos se concentran especialmente entre quienes comienzan su actividad, porque deben afrontar simultáneamente matrícula, aportes previsionales y gastos propios del ejercicio odontológico.
La discusión también alcanza a los jubilados. Algunos beneficiarios sostienen que los haberes no guardan relación con los aportes realizados durante su trayectoria profesional. Los cuestionamientos incluyen los mecanismos de actualización, el reconocimiento de los años aportados y la situación de quienes mantienen deudas con la institución.
COMEI, otro foco de controversia entre los afiliados
La cobertura médica constituye otro de los puntos cuestionados. Profesionales activos y jubilados manifestaron dificultades vinculadas con COMEI, el sistema de prestaciones sanitarias asociado a la Caja.
Entre los reclamos aparecen demoras administrativas, inconvenientes para obtener autorizaciones, dificultades con descuentos en medicamentos y cuestionamientos sobre la cobertura de determinados tratamientos.
También se difundieron testimonios de familiares de jubilados que denunciaron problemas para mantener las prestaciones por deudas acumuladas. Uno de ellos relató que una odontóloga de 90 años perdió su cobertura después de inconvenientes con débitos automáticos, pese a haber realizado aportes durante décadas.
La controversia reabrió la discusión sobre la relación entre el costo de las obligaciones previsionales y los servicios efectivamente recibidos, así como sobre los mecanismos de regularización disponibles para los afiliados.
La conducción defiende las jubilaciones y pide actualizar la ley
Frente a las críticas, el secretario de la Caja, Leonardo Fusse, y su vicepresidente, Ángel Garcé, defendieron la administración de la entidad en declaraciones realizadas el 9 de noviembre.
Los funcionarios aseguraron que el haber jubilatorio promedio se ubicaba alrededor de los $900.000 y alcanzaría el millón de pesos durante noviembre. También afirmaron que las prestaciones habían registrado un incremento interanual del 118% y destacaron la evolución de los ingresos de los beneficiarios.
Sobre el funcionamiento financiero, señalaron que existe una relación de tres afiliados activos por cada jubilado y que la morosidad oscila entre el 12% y el 14%. Según explicaron, la institución ofrece mecanismos de regularización con planes de hasta 60 cuotas para profesionales que mantienen obligaciones pendientes.
Respecto de COMEI, defendieron la extensión de sus prestaciones y mencionaron una utilización superior al 92%, además de convenios con centros médicos de alta complejidad y programas gratuitos de prevención.
Fusse y Garcé reconocieron, sin embargo, la necesidad de actualizar el marco normativo. Sostuvieron que la escala de aportes responde a criterios establecidos hace décadas y que los cambios en la expectativa de vida obligan a revisar las condiciones del sistema previsional.
La disputa electoral llegó a la Justicia
El conflicto institucional adquirió mayor dimensión cuando el Colegio de Odontólogos del Distrito II informó el 6 de noviembre que una decisión judicial había suspendido el acto electoral previsto para renovar autoridades de la Caja.
La comunicación se produjo en el marco de una causa promovida por Horacio Compte, vinculada con la impugnación de decisiones administrativas del proceso electoral. Desde el Colegio señalaron presuntas irregularidades en el procedimiento y cuestionaron las condiciones de participación de los matriculados.
Los reclamos tienen antecedentes. En septiembre, la asamblea del Distrito II había advertido que solo 1.142 de sus 2.619 afiliados estaban habilitados para votar, equivalente al 43,6%. También informó porcentajes inferiores al 40% de habilitación en otros distritos y expresó preocupación por los criterios aplicados para conformar los padrones.
El Colegio cuestionó además modificaciones reglamentarias vinculadas con la organización electoral, entre ellas la implementación de una Junta Electoral única y la eliminación del voto presencial.
Por su parte, la conducción de la Caja defendió las competencias de sus órganos internos y publicó las resoluciones adoptadas frente a recursos presentados por listas de los distritos II, IV y VIII.
La controversia permanece abierta entre los cuestionamientos al procedimiento electoral, las decisiones administrativas de la entidad y la intervención judicial.
Dos proyectos buscan modificar el sistema previsional
Mientras se profundizan los reclamos, el Senado bonaerense mantiene en estudio iniciativas para reformar la legislación que regula la Caja.
Una de ellas fue presentada el 31 de agosto por la senadora de Fuerza Patria Malena Galmarini, mediante el expediente E-407/26-27. La propuesta introduce modificaciones en los aportes, el régimen jubilatorio y los mecanismos de fiscalización institucional.
El proyecto contempla una nueva escala de contribuciones basada en Módulos Odonto, con alternativas vinculadas con la antigüedad profesional. También propone crear una Comisión Fiscalizadora integrada por dos afiliados activos y un jubilado, destinada a supervisar los ingresos, egresos y la administración de los recursos.
En materia previsional, mantendría la edad jubilatoria en 60 años, pero elevaría de 30 a 35 los años de ejercicio profesional con aportes computables. Además, contempla modificaciones en la cobertura médica y beneficios adicionales para quienes continúen aportando después de cumplir los requisitos jubilatorios.
La segunda iniciativa corresponde al senador Alex Campbell, quien presentó el 30 de septiembre el expediente E-475/26-27, destinado a modificar tanto la Ley 8.119 como la Ley 12.754, que regula el funcionamiento del Colegio de Odontólogos.
Ambas propuestas fueron giradas a comisiones legislativas y todavía no cuentan con sanción.
El reclamo por participación y el debate nacional
El Colegio de Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires también intervino en la discusión parlamentaria. En septiembre solicitó formalmente una audiencia con los legisladores para aportar información sobre las dificultades económicas de los profesionales y las consecuencias que podrían tener los cambios previsionales.
La entidad reclamó que se contemple especialmente la situación de los afiliados endeudados y de quienes encuentran restricciones para participar en las elecciones internas.
El debate provincial coincide con las propuestas de desregulación profesional impulsadas desde La Libertad Avanza. El presidente de la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de la Provincia de Buenos Aires (FEPUBA), Daniel Delpino, expresó preocupación por una eventual eliminación generalizada de matrículas y aportes obligatorios.
El dirigente defendió la función de las cajas previsionales y los colegios profesionales, aunque admitió que sus regímenes pueden actualizarse. Su posición se concentra en preservar los sistemas de seguridad social y los mecanismos de control del ejercicio profesional.
La Caja de Odontólogos enfrenta así una discusión que excede los montos de las cuotas y las jubilaciones. La continuidad de las controversias institucionales, los reclamos de los afiliados y los proyectos pendientes en el Senado colocan en debate las reglas de financiamiento, representación y funcionamiento de uno de los sistemas previsionales profesionales bonaerenses.