Empleo público en el Presupuesto 2027: quiénes ganan cargos, dónde se reducen y qué reclaman los gremios
El proyecto de Presupuesto 2027 que envió Axel Kicillof a la Legislatura combina un crecimiento mínimo de los cargos presupuestados con cambios significativos dentro del Estado bonaerense. Mientras algunas dependencias mantienen sus dotaciones, otras muestran aumentos, reducciones o modificaciones entre puestos permanentes y temporarios.
A ese esquema se suma la previsión de 1.000 cargos para Salud y otros 1.000 para el Servicio Penitenciario Bonaerense, dos áreas señaladas como prioritarias para las nuevas incorporaciones.
La discusión excede la cantidad de puestos. También incluye cómo se distribuyen, qué modalidades laborales se utilizan y qué lugar tendrán los compromisos de regularización. Los sindicatos estatales llevaron esos reclamos al debate presupuestario antes de que ingresara el proyecto, con pedidos de estabilidad, recategorizaciones y carrera administrativa.
Según los relevamientos publicados sobre los anexos del proyecto, el total asciende a 549.369 cargos, frente a los 548.869 presupuestados para 2026. La diferencia neta es de 500 puestos, equivalente a aproximadamente 0,09%.
Ese número reúne dos universos. La Administración Central, los organismos descentralizados y las instituciones de Previsión Social pasan de 530.922 a 531.425 cargos, con un aumento de 503. Los organismos descentralizados no consolidados, entre ellos Banco Provincia, IOMA y Lotería y Casinos, bajan de 17.947 a 17.944, una reducción de tres.
Salud y cárceles: los refuerzos previstos
El proyecto contempla la creación de 1.000 cargos destinados al sistema sanitario y otros 1.000 al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). En Salud, el objetivo informado es reforzar la atención en hospitales y establecimientos sanitarios. En el sistema carcelario, la previsión está vinculada con las nuevas unidades y la ampliación de la infraestructura de alojamiento.
Desde Economía describieron la política de creación de puestos como “estrictamente austera”. Bajo ese criterio, las incorporaciones se concentran en la atención hospitalaria y el funcionamiento de las nuevas dependencias penitenciarias.
El Poder Judicial figura entre las áreas con mayor aumento absoluto en las planillas: pasa de 31.564 a 32.064 cargos, una diferencia de 500. De ese incremento, 496 corresponden a la Administración de Justicia y cuatro al Ministerio Público.
El Astillero Río Santiago presenta otra variación importante: de 2.295 a 2.725 cargos, con 430 puestos adicionales, equivalentes a un aumento del 18,7%. La totalidad de la dotación proyectada para el organismo aparece como personal permanente.
En el caso del complejo naval, la ampliación de la previsión presupuestaria sobresale dentro de una estructura provincial de escasa expansión global. Sin embargo, tampoco permite establecer cuántas incorporaciones se realizarán ni en qué plazos: ese dato requiere las decisiones administrativas y la ejecución correspondientes.
En sentido contrario aparece el Ministerio de Economía, cuya dotación prevista baja de 6.160 a 5.500 cargos. La diferencia es de 660 puestos, aproximadamente un 10,7%. El movimiento describe una reducción presupuestaria de la estructura, sin acreditar por sí mismo una disminución equivalente de trabajadores ocupados.
Las redistribuciones que quedan detrás del total
Otros organismos muestran aumentos de menor magnitud. Infraestructura y Servicios Públicos pasa de 1.813 a 1.914 cargos; el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), de 327 a 362; y Transporte, de 813 a 842. El Ministerio de Gobierno, en cambio, reduce su previsión de 1.285 a 1.266 puestos.
La distribución por modalidades también cambia. Al sumar los conjuntos de organismos, el proyecto contempla 380.852 cargos permanentes y 168.517 temporarios. Frente a las planillas de 2026, son 31 permanentes menos y 531 temporarios más.
Esas variaciones tampoco son uniformes. IOMA, por ejemplo, conserva sus 2.858 cargos totales, pero eleva los permanentes de 2.445 a 2.536 y reduce los temporarios de 413 a 322. El caso muestra cómo una dotación estable puede contener cambios en su composición interna.
La Dirección General de Cultura y Educación mantiene 245.812 cargos. El Ministerio de Seguridad proyecta 108.185 y Salud, 61.313. En conjunto, las tres áreas reúnen 415.310 puestos, aproximadamente el 75,6% del total relevado.
A esa distribución se agrega otra unidad de contabilización: 3.548.056 horas cátedra, la misma cantidad global prevista para 2026. Las horas cátedra deben analizarse por separado, porque no equivalen a cargos ni a una cantidad idéntica de personas empleadas.
El peso de esas tres áreas permite ubicar el alcance de la discusión presupuestaria: buena parte de la estructura corresponde a servicios educativos, sanitarios y de seguridad, con necesidades de cobertura y regímenes laborales diferentes.
Los pases a planta, el reclamo que llega desde los gremios
Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, la movilización de ATE del 7 de octubre llevó a la Legislatura el reclamo por la regularización de aproximadamente 11.000 trabajadores. El universo señalado por el sindicato incluía personas que ya cumplían funciones bajo contratos de servicios, plantas temporarias y otras modalidades.
“Necesitamos que en el presupuesto estén incluidos los pases a planta permanente”, reclamó entonces el secretario general de ATE Provincia, Claudio Arévalo. La demanda apunta a la estabilidad de trabajadores que ya integran distintas dependencias, una discusión diferente de la incorporación de personal nuevo.
El planteo tiene un antecedente en la negociación de julio, cuando Provincia y sindicatos acordaron avanzar con el pase a planta de más de 8.000 temporarios ingresados hasta diciembre de 2025. ATE sostuvo que el conjunto de situaciones que pretendía regularizar era más amplio e incluía becas y otras formas de contratación.
La organización volvió sobre ese objetivo después de la paritaria de octubre. “La gestión del gobernador Axel Kicillof debe finalizar como comenzó: garantizando la estabilidad de miles de trabajadores y trabajadoras estatales”, sostuvo el sindicato.
Salarios y recursos: la otra negociación pendiente
La cantidad de cargos tampoco define por sí sola la evolución del gasto en personal. Según la presentación presupuestaria, la masa salarial y los haberes previsionales del IPS representan cerca del 65% del presupuesto, y su trayectoria estará vinculada con los acuerdos paritarios.
El último acuerdo informado por el Gobierno para docentes y trabajadores de la Ley 10.430 estableció un 6% escalonado, con tramos del 3% en octubre y noviembre, calculados sobre los haberes de septiembre. También incorporó el compromiso de reabrir las negociaciones en diciembre de 2026.
Al presentar las cuentas para el próximo año, el ministro de Economía, Pablo López, sostuvo que “el Proyecto 2027 se elaboró en un contexto nacional aún más adverso”. También advirtió: “A esto se suma la caída en la recaudación”, al explicar las restricciones que, según la administración provincial, condicionan sus recursos.