IOSFA: los recortes de Milei ponen en jaque la salud y el empleo en municipios bonaerenses
La decisión del gobierno de Javier Milei de disolver el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) ya tiene consecuencias en la provincia de Buenos Aires: telegramas de despido, cierres sanitarios anunciados y miles de afiliados preocupados por sus tratamientos. Con el 30 de noviembre como fecha límite anunciada para numerosos establecimientos, la crisis concentra su punto más crítico en Coronel Rosales, pero también alcanza a La Plata, Tandil, Punta Indio, Bahía Blanca y Mar del Plata.
El conflicto se agravó después del DNU 1286/2026, publicado el 28 de octubre. La norma modificó el esquema dispuesto en febrero, que dividió IOSFA en dos entidades: habilitó al directorio de la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) a seleccionar los puestos necesarios, en lugar de transferir automáticamente a todo el personal. El Gobierno nacional fundamentó la modificación en la reducción del universo de afiliados y la necesidad de adecuar el gasto administrativo. La decisión abrió paso a notificaciones de desvinculación.
El deterioro venía de antes: en septiembre, IOSFA arrastraba deudas superiores a $200.000 millones y se había producido la salida de Ariel Guzmán, responsable de su liquidación. La reorganización impulsada por Nación abrió otro frente en la red sanitaria bonaerense.
Coronel Rosales, el epicentro del conflicto
En Punta Alta y Puerto Belgrano, donde está emplazada la principal base naval del país, la reestructuración afecta a una comunidad estrechamente vinculada con las Fuerzas Armadas. Según la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), hay 83 puestos comprometidos: 33 en la farmacia de la Base Naval, cinco en la del Hospital Naval, cinco en el policonsultorio de la calle Passo y 40 en la delegación local.
El mismo sindicato calcula que alrededor de 42.000 personas dependen de esta cobertura en el distrito. El cierre de la farmacia y el policonsultorio compromete el acceso a medicamentos, consultas y tratamientos prolongados. Los primeros telegramas llegaron a fines de octubre; los afectados reclaman precisiones sobre posibles reubicaciones.
El intendente de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño, cuestionó con dureza el ajuste nacional. Advirtió que el hospital municipal ya viene absorbiendo prestaciones para afiliados de IOSFA y señaló que allí se realizan unas 2.400 mamografías por año, incluso para pacientes de la obra social. “Estamos ante una situación límite en el sistema sanitario”, expresó. El municipio también reclama por deudas de la entidad con el hospital.
Un trabajador despedido del policonsultorio, Guido Caldentey, describió el impacto cotidiano de la medida y alertó que el centro llegó a contar con 37 médicos y funcionaba recientemente con 13 profesionales de distintas especialidades. Su cierre también afecta un punto de atención utilizado durante años por los afiliados.
Kicillof y Kreplak apuntan a sostener la atención
El gobernador Axel Kicillof hizo llegar un mensaje a los vecinos de Punta Alta a través de Aristimuño y aseguró que, junto con el intendente y legisladores nacionales de su espacio, utilizará las herramientas disponibles para intentar revertir la decisión del Ejecutivo nacional. Kicillof vinculó los despidos con la crisis de otros sectores productivos.
Por su parte, el ministro provincial de Salud, Nicolás Kreplak, sostuvo que la Provincia y el municipio no dejarán desamparados a los afiliados. Planteó que el Hospital Penna, en Bahía Blanca, y la red sanitaria pública podrán acompañar las necesidades que surjan, mientras se coordinan gestiones para medicamentos y casos complejos con la Región Sanitaria y las autoridades locales.
Kreplak también denunció la falta de interlocutores del Gobierno nacional para negociar soluciones y obligaciones pendientes con los hospitales públicos. Las obras sociales mantienen deudas, mientras el sistema público debe responder incluso ante coberturas formalmente vigentes que no garantizan prestaciones.
De Punta Indio a La Plata, se extiende la preocupación
El alcance provincial va mucho más allá de Punta Alta. ATE denunció el cierre anunciado de 31 farmacias propias en el país y advirtió que unos 1.450 empleos podrían verse afectados por la reorganización. En territorio bonaerense hubo protestas en Bahía Blanca, Mar del Plata, La Plata, Tandil y Verónica, cabecera del partido de Punta Indio.
La Plata: 35 trabajadores y más de 8.000 afiliados bajo incertidumbre.
En Punta Indio, el posible cierre de la delegación de Verónica compromete la atención presencial de más de 2.800 afiliados, que realizan allí trámites de reintegros, internaciones, discapacidad, medicamentos y traslados sanitarios. En Tandil, el gremio advirtió que 15 empleados podrían perder su trabajo y que más de 6.000 beneficiarios dependen de la cobertura. En Mar del Plata y Bahía Blanca también se realizaron concentraciones frente a farmacias y oficinas de la obra social.
Las movilizaciones llegaron al sur bonaerense con marchas y una caravana convocada para el 12 de noviembre desde el acceso a la Base Naval Puerto Belgrano. Trabajadores, afiliados y vecinos se unieron para reclamar la continuidad de los establecimientos. Los pacientes crónicos y quienes necesitan medicamentos de alto costo temen demoras en tratamientos indispensables.
El reclamo atraviesa a la oposición y al propio oficialismo libertario
La diputada bonaerense Priscila Minnaard, de la Unión Cívica Radical (UCR), presentó una iniciativa para rechazar los despidos y solicitar que el Ejecutivo de Kicillof gestione ante la Nación la marcha atrás con las cesantías y los cierres. La iniciativa señala el riesgo para el empleo y la atención médica. Desde el Congreso, el diputado radical Pablo Juliano impulsó un pedido de informes para que el Ministerio de Defensa explique el futuro del personal y las prestaciones.
El rechazo también alcanzó a dirigentes de La Libertad Avanza. Pablo Gómez, presidente del Concejo Deliberante de Coronel Rosales y referente libertario local, cuestionó cómo se implementó la reducción de estructuras: “Entendemos que hay que reducir el Estado, pero esta no es la manera”. El Concejo local también aprobó una resolución para exigir una revisión de las medidas; los libertarios se abstuvieron en esa votación.
Una disputa que llegó a la Justicia
El 13 de noviembre, ATE presentó un amparo con pedido de medida cautelar ante la Justicia Federal de Azul para intentar frenar las desvinculaciones de personal de planta permanente. El gremio cuestionó la constitucionalidad del DNU 1286/2026 y convocó a una jornada de paro y protesta para el 16 de noviembre. Paralelamente, una disposición nacional publicada el 12 de noviembre estableció un régimen de retiro voluntario para empleados permanentes de IOSFA.
La normativa nacional prevé una transición y dispone garantizar la continuidad de la cobertura médico-asistencial en determinados casos. Sin embargo, la desaparición anunciada de farmacias y centros de atención mantiene abierto el interrogante sobre cómo se sostendrán en la práctica esos servicios. A menos de dos semanas del 30 de noviembre, el reclamo de los municipios bonaerenses es concreto: que la reorganización de una obra social nacional no termine trasladando sus costos a los trabajadores, los afiliados y los hospitales públicos de la Provincia.