Girard defendió la Ley Impositiva 2027: la promesa de alivio y los números que preocupan a la Provincia
El gobierno de Axel Kicillof llevó a la Legislatura la defensa de su propuesta impositiva para 2027 con dos mensajes: una reducción de la patente para la mayoría de los vehículos y una advertencia sobre las dificultades para sostener la recaudación. El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, expuso este miércoles ante legisladores y respondió consultas sobre el proyecto que acompaña al Presupuesto.
La presentación puso sobre la mesa una distinción que atraviesa toda la discusión: mantener las alícuotas o limitar los incrementos por inflación no significa congelar los importes que pagan los contribuyentes. El esquema combina bajas nominales en Automotor, actualizaciones del Inmobiliario y modificaciones en tasas administrativas.
Girard sostuvo que “no va a haber aumentos para ningún contribuyente”, al defender el criterio de evitar incrementos reales en los impuestos patrimoniales.
Patentes, Inmobiliario e Ingresos Brutos: quiénes pagarían menos y qué aumentos prevé el proyecto
El principal anuncio de la exposición estuvo concentrado en el Impuesto Automotor. Según las estimaciones presentadas por ARBA, el 88,6% de los vehículos pagaría menos que en 2026 en términos nominales. La propuesta conserva cinco tramos de alícuotas, entre el 1% y el 4,5%, y contempla diez cuotas desde marzo.
El funcionario vinculó esa reducción con la evolución de las valuaciones de los vehículos y su aplicación sobre la escala vigente. Por eso, el resultado no sería idéntico para todo el parque automotor: la proyección oficial alcanza a casi nueve de cada diez unidades, pero no implica una rebaja uniforme.
Además, 242.400 vehículos modelo 2016 pasarían a la administración tributaria municipal. La emisión correspondiente a esas unidades fue estimada en alrededor de $53.700 millones para el próximo ejercicio, un componente que incorpora a los intendentes en la discusión sobre los recursos.
Para el Inmobiliario Urbano Edificado, ARBA calculó una actualización promedio del 30,4%. La propuesta establece un límite asociado a la inflación acumulada entre noviembre de 2025 y noviembre de 2026. Según la exposición, el 89,3% de las partidas tendría una diferencia anual inferior a $50.000.
El tratamiento no sería igual para todas las propiedades: los baldíos quedarían sin ese tope, mientras que el Inmobiliario Rural registraría una actualización promedio del 29,3%.
El proyecto también modifica el valor de la Unidad Tributaria (UT), utilizada para calcular distintas prestaciones administrativas: pasaría de $275 a $360, una variación cercana al 30,9%. En algunos trámites, además, aumenta la cantidad de unidades exigidas. Esa combinación explica que ciertos importes crezcan por encima de la actualización de la UT. El certificado catastral, por ejemplo, pasaría de aproximadamente $12.183 a $18.274, mientras que la tasa correspondiente al matrimonio subiría de $4.620 a $11.988.
En Ingresos Brutos, el Ejecutivo propone conservar las alícuotas y actualizar los montos de facturación que permiten acceder a tasas reducidas para las micro, pequeñas y medianas empresas. El mecanismo busca que la evolución nominal de las ventas no desplace automáticamente a los contribuyentes hacia categorías con una carga mayor.
Para Sellos, la presentación oficial del paquete económico ratificó la continuidad de la estructura y de las alícuotas. La defensa del Gobierno se apoya en sostener ese esquema sin incorporar incrementos reales de los impuestos patrimoniales, dentro de un escenario que considera condicionado por la recesión y la pérdida de recursos.
La advertencia de ARBA: el problema también está en la recaudación
La exposición no estuvo limitada al cálculo de las boletas. Girard señaló que el deterioro de la actividad económica afecta los ingresos provinciales, especialmente por el peso que tienen la industria, el comercio y la construcción en la recaudación.
El titular de ARBA advirtió que “es esperable que el año que viene tengamos una caída fuerte de la recaudación”. Su diagnóstico ubica al Gobierno ante una dificultad adicional: financiar los servicios y las políticas provinciales con una economía que, según su evaluación, todavía no muestra señales de recuperación suficientes.
La discusión tributaria forma parte de un paquete que proyecta $58,6 billones de gasto y solicita autorización para un nuevo endeudamiento por el equivalente a USD 1.000 millones. El Ejecutivo sostiene que esas herramientas son necesarias para garantizar prestaciones, sostener infraestructura y administrar los vencimientos financieros.
La explicación oficial convive con cuestionamientos que ya estaban instalados antes de la visita de Girard. El senador libertario Diego Valenzuela reclamó avanzar sobre Ingresos Brutos y Sellos. “¿Desde cuándo mantener la presión impositiva es un logro?”, cuestionó.
El plan vigente para deudas, otra pieza del esquema
En paralelo al debate por 2027, ARBA mantiene abierto su programa de regularización. Hasta el 27 de noviembre, la segunda etapa contempla descuentos del 35% al contado, del 15% en tres cuotas y del 10% en seis, con beneficios especiales sin intereses de financiación.
El régimen alcanza obligaciones en instancia prejudicial, judicial o de fiscalización y contempla determinadas deudas de planes caducos. Tiene, además, excepciones: en Sellos no incluye obligaciones vencidas durante 2026. Las bonificaciones tampoco pueden superar el capital regularizado.
La negociación legislativa deberá resolver ahora el alcance definitivo de cada modificación. La baja de patentes es el anuncio más visible, pero no agota la discusión: las actualizaciones inmobiliarias, el costo de los trámites y los ingresos de una Provincia que anticipa dificultades de recaudación también forman parte de la cuenta que Kicillof necesita cerrar para 2027.