Legislativas Por: Mariana Portilla20 de noviembre de 2026

Violencia de género: el peronismo bonaerense impulsa una ley integral y abre otra disputa por el papel del Estado

El oficialismo busca reforzar la asistencia municipal, incorporar agresiones digitales, y ampliar el apoyo económico y habitacional a mujeres y diversidades. Cuestiona los recortes nacionales en prevención y acompañamiento.
El oficialismo busca reforzar la asistencia municipal, incorporar agresiones digitales, y ampliar el apoyo económico y habitacional a mujeres y diversidades.

La respuesta frente a la violencia de género en la provincia de Buenos Aires podría incorporar un nuevo marco legal que reúna medidas de protección judicial, asistencia territorial y herramientas para recuperar autonomía económica. El proyecto de la senadora de Fuerza Patria, Mónica Macha, busca ampliar el abordaje más allá del ámbito familiar y reconocer distintas formas de agresión, incluidas las que ocurren en entornos digitales. 

La iniciativa permanece en estudio en la Comisión de Igualdad Real de Trato y Oportunidades y de Discapacidad del Senado bonaerense.  “Buscamos fortalecer las herramientas del Estado bonaerense”, expresó la legisladora en sus redes.

La discusión se desarrolla ante una problemática cuya magnitud muestran los registros oficiales: durante 2025, el Ministerio Público provincial contabilizó 146.046 procesos penales de violencia familiar y de género, frente a los 144.972 de 2024. 

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Qué busca cambiar respecto del marco vigente

El punto de partida es la Ley 12.569 de Violencia Familiar, promulgada en diciembre de 2000 y publicada en enero de 2001, que regula mecanismos de denuncia y protección. La propuesta de Macha pretende establecer un régimen específico e integral para las violencias por motivos de género, con alcance sobre mujeres y diversidades. 

“Tenemos una ley provincial que previene la violencia familiar, pero falta una herramienta específica”, sostuvo la legisladora al explicar la necesidad de una actualización. Su diagnóstico apunta a reunir en una normativa bonaerense las distintas dimensiones de la prevención, la asistencia y la reparación. 

El texto contempla siete tipos de violencia: física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, simbólica, política y vicaria. Además, reconoce modalidades que pueden desarrollarse tanto en espacios públicos como privados y mediante tecnologías digitales. 

La ampliación de sujetos protegidos constituye otro eje. Macha señaló que la ley nacional de protección integral fue aprobada en 2009, antes de la Ley de Identidad de Género, y defendió la necesidad de contemplar expresamente a las diversidades sexuales. 

Violencia digital: retirar contenidos y preservar las pruebas

Uno de los capítulos propone herramientas para intervenir frente a las agresiones mediante plataformas, aplicaciones y otros canales tecnológicos. Incluye la posibilidad de solicitar judicialmente la eliminación de contenidos violentos, la prohibición de contacto digital y la conservación de evidencias informáticas. 

La propuesta distingue entre frenar la circulación del material y preservar los datos necesarios para investigar. También contempla asistencia jurídica especializada, resguardo de la intimidad y medidas urgentes de protección. 

En el plano nacional existe un antecedente: la Ley Olimpia, 27.736, incorporó en 2023 la violencia digital a la Ley 26.485. La normativa permite ordenar el cese del hostigamiento tecnológico, prohibir contactos y disponer la supresión de publicaciones mediante una orden fundada que identifique el contenido, junto con el aseguramiento de datos. 

La iniciativa de Macha permanece en estudio en la Comisión de Igualdad Real de Trato y Oportunidades y de Discapacidad del Senado bonaerense. 

La violencia vicaria y la continuidad de las agresiones

La incorporación de la violencia vicaria apunta a reconocer situaciones en las que se busca dañar a una mujer mediante agresiones contra sus hijos e hijas u otras personas significativas. Macha vinculó ese reconocimiento con los casos en que la ruptura del vínculo no pone fin a las conductas violentas.

En su explicación, la senadora advirtió que esas agresiones pueden trasladarse hacia las infancias cuando la mujer logra separarse. También defendió la inclusión de la violencia política y de formas de hostigamiento que exceden los límites tradicionales del ámbito doméstico. 

El proyecto contempla, además, que las partes sean escuchadas por separado en las audiencias y excluye la mediación o conciliación en esos procedimientos. Son garantías que forman parte del abordaje propuesto para proteger a quienes denuncian y evitar su exposición a nuevas situaciones de violencia.

El esquema también propone fortalecer servicios municipales gratuitos e interdisciplinarios, los Hogares de Protección Integral, las Casas Abiertas y una red provincial de dispositivos de resguardo. La articulación entre organismos ocupa un lugar central para sostener el acompañamiento. 

A esa estructura se suman políticas de autonomía económica y habitacional, formación en oficios y promoción de experiencias cooperativas y asociativas. El objetivo es que la intervención no termine con la denuncia o con una medida judicial, sino que incluya condiciones materiales para salir de la situación de violencia. 

La Provincia ya cuenta con el Sistema Integrado de Políticas Públicas contra las Violencias por Razones de Género, creado mediante el Decreto 997/2020. Ese marco reúne dispositivos territoriales, espacios de coordinación y redes de acompañamiento. Por eso, el proyecto se incorpora a una estructura existente cuyo fortalecimiento deberá discutirse durante el tratamiento legislativo. 

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Los datos detrás de la discusión

El informe del Ministerio Público bonaerense registró 78 víctimas de femicidio en 2025, investigadas en 74 procesos penales, entre ellas una mujer trans/travesti. La cifra fue inferior a las 98 víctimas de 2024, aunque las causas de violencia familiar y de género aumentaron. Ambos indicadores describen dimensiones distintas del problema. 

En otro relevamiento, presentado en junio por el Ministerio de Mujeres y Diversidad bonaerense, la violencia doméstica aparecía en más del 90% de las situaciones registradas durante 2024 y 2025. El documento también identificó un crecimiento de la violencia digital y dificultades vinculadas con ingresos, vivienda y aislamiento social. Esos resultados corresponden a los casos relevados por los dispositivos provinciales, no a una encuesta sobre toda la población. 

La ministra Estela Díaz defendió entonces la continuidad de las políticas públicas: “La sociedad, las vecinas en la calle, no piden menos Estado, todo el tiempo nos piden más y mejor Estado”, afirmó.

Macha también vinculó su iniciativa con las políticas nacionales. Cuestionó el desfinanciamiento de herramientas de prevención y sostuvo que la Provincia debe profundizar su capacidad de asistencia. Ese diagnóstico político acompaña el trámite de un expediente que todavía debe conseguir dictámenes y atravesar ambas cámaras. 

La discusión legislativa deberá definir cómo se articulan las medidas judiciales con equipos, alojamiento y recursos para sostener los procesos de salida de la violencia. La propuesta coloca esas responsabilidades dentro de una misma agenda: proteger ante la urgencia y acompañar después de la denuncia.