Fiscalia de Peru investiga al nuevo presidente del Congreso por pagos de publicidad a su favor

La Fiscalía de Perú inició hoy las investigaciones preliminares contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto, presunto autor del delito contra la administración pública, tras revelarse los chats de trabajadores de su despacho en donde se evidencian las coordinaciones que se realizaban para financiar la publicidad a favor del titular del Parlamento en redes sociales.
"La Fiscalía de la Nación inició diligencias preliminares contra Alejandro Soto Reyes, en su condición de congresista de la República, como presunto autor del delito contra la administración pública, concusión", indicó el Ministerio Público a través de Twitter.
El delito de concusión consiste en el pedido o exigencia de dinero para la administración pública por parte de un funcionario, para luego convertirlo en provecho propio.
Las autoridades del Ministerio Público también investigan a Phenélope Jhoana Contreras Cabezas, una de las trabajadoras de su despacho del Congreso, por "presunta cómplice del referido delito".
Sin cumplir siquiera un mes al frente del Parlamento, Soto, el primero en la línea sucesoria en caso de una salida de la mandataria Dina Boluarte, acumula múltiples denuncias.
A la acusación que recibió desde que asumió el cargo, el 26 de julio pasado, se le sumó otra, luego de un reportaje publicado el domingo pasado por el programa de televisión Cuarto Poder.
Allí, el dominical informó acerca de las conversaciones que sostuvieron sus empleados para administrar cuentas en las diversas plataformas digitales, publicar noticias en beneficio del parlamentario, responder a los comentarios en contra de su gestión en la Cámara y llamar a radios, entre otros.
Según información de Cuarto Poder, los trabajadores del presidente del Parlamento supuestamente entregaban parte de su salario mensual para pagar publicidad en redes sociales a favor del congresista.
Los trabajadores del despacho de Alejandro Soto que participan de los chats de financiamiento de publicidad, según informó el medio La Hora, son Edgar Gamarra, Sandra Rodríguez, Phenélope Contreras, Eduardo Quesada, Yeshira y Melissa.
Ayer, la Procuraduría General del Estado pidió que se inicien las indagaciones sobre las actuaciones de Soto sobre este tema.
Ante ello, el congresista señaló, por medio de su cuenta de Twitter, que colaborará con las entidades que administran justicia y buscan conocer la verdad de sus actos.
"Hago conocimiento público que, con la conciencia tranquila, me someto a todas las investigaciones que se hagan en la Fiscalía, el Poder Judicial, y todas las instancias ante las cuales demostraré que no he cometido delito alguno", indicó.
El viernes pasado, Soto, del partido conservador Alianza para el Progreso (APP), dio una conferencia de prensa para defenderse de las acusaciones periodísticas y de parlamentarios por supuesta corrupción y afirmó que no tiene ninguna sentencia ni acusación judicial pendiente.
"No tengo ningún temor (...) No le temo a la (moción de) censura porque sé lo que estoy haciendo, lo que estoy probando y lo que estoy demostrando", dijo sobre la moción de censura que redactó el congresista de izquierda Roberto Sánchez, para la que recoge firmas de respaldo.
Soto "tiene las horas contadas y la cosa se agrava porque va camino a su desafuero y vacancia”, afirmó Sánchez el viernes pasado.
Tanto medios de comunicación como congresistas presentaron una serie de denuncias referidas a presunto nepotismo.
Soto omitió información en la hoja de vida para el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), contrató a una cuñada como asistente.
También impulsó una ley que lo favoreció en un litigio personal que tiene con una empresa que lo acusa de estafa.
Esa empresa, Transportes Wayna Picchu, del departamento de Cusco, compró una casa en 2012 por 265.000 dólares, con intermediación del ahora presidente del Congreso, quien era para entonces su asesor legal.
Después se estableció que el dueño de la casa vendida era el propio Soto, quien se la había comprado a unos campesinos por solo 5.000 dólares. Entonces, comenzó un proceso en el que un tribunal halló culpable de fraude al parlamentario y le impuso una cuantiosa multa.
Sin embargo, ese fallo quedó en el aire porque el Congreso aprobó una ley que cambia los tiempos de prescripción, lo que favoreció a Soto. Ahora la prensa documentó que fue el propio beneficiado el que impulsó esa norma. (Télam)