Caso Johana Ramallo: 8 nuevos procesados por drogas y explotacion de la prostitucion en la zona roja de La Plata

El juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla dictó el procesamiento con prisión preventiva de ocho imputados por comercio de drogas y explotación de la prostitución en la denominada "zona roja" de La Plata, presuntamente relacionadas con la desaparición y muerte de la joven Johana Ramallo en 2017. La investigación permitió obtener pruebas y testimonios que "dan cuenta de la explotación sexual de mujeres y el tráfico de drogas ilícitas en la ´zona roja´ platense de forma organizada y prolongada a lo largo del tiempo", sostiene la resolución. "Para la fecha de la desaparición de Johana Ramallo y desde unos meses antes, ésta prestaba servicios sexuales en esa ´zona roja´ en un territorio en el que ejercían el dominio, mando o preeminencia muchos de los aquí imputados", resumió el juez, en una resolución de casi 200 páginas
Johana Ramallo tenía 23 años cuando fue vista por última vez, el 26 de julio de 2017 y su cuerpo, descuartizado e incompleto, apareció meses después. En junio pasado fue detenido en un operativo policial en cercanías de La Plata Carlos Omar Rodríguez, alias "El Cabezón", como presunto autor material del crimen
El juez expuso en su resolución de hoy –que es consecuencia de aquella investigación que permitió la detención de Rodríguez- que "si bien no se ha alcanzado aún a conocer la verdad sobre la muerte de Johana Ramallo, sí se ha logrado determinar cuál era su situación en ese ámbito y cuáles los costos y los peligros que suponían llevar adelante esa actividad en ese contexto". "Ese complejo escenario de comercio y abuso en el consumo de estupefacientes, de explotación sexual de mujeres y de violencia a las que fueron sometidas muchas de las trabajadoras sexuales que desarrollaban sus actividades en la "zona roja", conformaron las condiciones de posibilidad de múltiples episodios de violencia en la zona", añadió la resolución
Ese fue "el contexto para que ocurriera la desaparición y posterior muerte de Johana Ramallo". Ramos Padilla decidió convocar a una "audiencia personal" a Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, y al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, "a fin de ponerlos en conocimiento de los hechos que se han corroborado y, en particular, de la continuidad a la fecha de idénticas modalidades de explotación sexual de mujeres y comercio de drogas en la ´zona roja´ de La Plata"
La nueva tanda de procesados, que sufrieron además embargos de entre uno y 30 millones de pesos, "controlaban las actividades de las víctimas que eran explotadas sexualmente mediante el control territorial de las denominadas ´paradas´, por las cuales les exigían un pago por permanecer en ese espacio ofreciendo servicios sexuales"
El valor de la singular "locación" –dice el fallo- "era abonado con el dinero producido del comercio sexual", a lo que se agregaba que las víctimas tenían además situaciones de "consumo problemático" de drogas que les proveían distribuidores locales, con quienes se endeudaban porque terminaban consumiéndolas ellas mismas. Los datos centrales para la investigación "fueron aportados por trabajadoras sexuales y otras personas que tenían un estrecho y cotidiano vínculo con la ‘zona roja’, el ámbito en que fue vista con vida por última vez Johana Ramallo y un entorno en el que la violencia –simbólica y física– juega un rol prominente en la construcción de las subjetividades y los vínculos interpersonales"
Esos relatos dieron cuenta de "la vinculación de algunos de los implicados con personal policial local, todo lo cual de algún modo explica el temor a represalias frente al alcance que pudieran tener sus testimonios que expresaron muchos de los declarantes, lo que se refleja en el hecho de que una gran cantidad solicitó que se reserve su identidad". Uno de esos testimonios describió que "la policía facilitaba las actividades ilegales porque recibían dinero o droga. Indicó que la mayoría del personal policial consume, que algunos ´andaban borrachos por ahí´ y otros ´duros´". Los nuevos procesados fueron identificados como Hernán Rubén García, Carlos Alberto Espinosa Linares, Mirko Alejandro Galarza Senio, Celia Andreza Benítez, Nicole Guerra Guerrero, Sayuri Valentina León, Andrea Camila Barreto Clavijo y Erika Paola Garraza, a quienes se les imputan delitos que van de "comercio de estupefacientes, agravado por la circunstancia de que fue cometido con intervención de tres o más personas" hasta "explotación económica de la prostitución ajena"
El juez destacó "el rol clave que cada uno de los imputados ejercía en el complejo delictivo descripto, relacionado con el comercio de drogas –ya sea para el consumo directo de las trabajadoras sexuales o para su reventa– y la explotación sexual"
NOE/AMR NA