Reabren investigacion contra Castillo por supuesto favoritismo en una compra de biodiesel

La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, reabrió hoy una investigación contra el presidente Pedro Castillo por presuntos actos de corrupción, la quinta que se pone en marcha contra el mandatario.
"La fiscal de la Nación (fiscal general) dispuso dejar sin efecto la disposición número 1, del 4 de enero de 2022, que suspendía el inicio de actos de investigación preliminar al presidente de la Pedro Castillo, hasta la culminación de su mandato presidencial", indicó el Ministerio Público a través de su cuenta en Twitter.
La investigación está referida a una presunta compra irregular de biodiésel de parte del gobierno en favor de la empresa privada Heaven Petroleum Operators, ejecutada en 2021.
La fiscal general indicó que al mandatario se le investiga por el presunto delito contra la administración pública de tráfico de influencias, reportaron la agencia Sputnik y el diario La República.
Al mandatario se le atribuye haber intervenido, de manera indebida e indirecta, en el proceso de adquisición de Biodiésel B100 en el mercado local para el período enero-abril de 2022.
Presuntamente, Castillo habría favorecido a la empresa Heaven Petroleum Operator, dirigida por el empresario Samir Abudayeh, para que gane un contrato por 74 millones de dólares.
Esta investigación fue abierta originalmente en enero de este año por la entonces fiscal general, Zoraida Ávalos, quien a los pocos días decidió suspender el trámite hasta que el mandatario culmine su mandato, en julio de 2026.
Ávalos tomó esa decisión al considerar que la Constitución prohibía que a un jefe de Estado se le inicien procesos judiciales durante su mandato.
La actual fiscal general, en cambio, evalúa que la Carta Magna prohíbe acusar judicialmente a un presidente durante su gestión, pero no investigarlo, por lo que decidió reabrir el proceso.
El Ministerio Público investiga también a Castillo por presunta organización criminal en el llamado caso Puente Tarata III; por supuesto tráfico de influencias por los ascensos militares y favorecimientos en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat); por presunta obstrucción a la justicia a partir de las declaraciones del exministro del Interior Mariano Gonzáles; y por el supuesto plagio de su tesis de maestría. (Télam)