Un senador estadounidense alertó sobre la construcción de la central china en la Argentina

El senador republicano de los Estados Unidos, Jim Risch, expresó su preocupación por el acuerdo firmado entre la Argentina y China para la construcción de la central nuclear Atucha III en el país.

Risch, el republicano de mayor rango en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, publicó en Twitter: “Me preocupan los planes para instalar tecnología nuclear no probada china en la Argentina y sus implicaciones para la seguridad regional y la soberanía de ese país”.

I am concerned about plans to install unproven #Chinese nuclear technology in #Argentina & its implications for regional security & the sovereignty of #Argentina. Given the bad experience with Las Lajas #CCP space station, Argentina should reverse course.

— Senate Foreign Relations Committee Ranking Member (@SenateForeign) February 3, 2022

Se trata de acuerdo firmado esta semana entre la estatal Nucleoeléctrica Argentina y la Corporación Nuclear Nacional de China (CNNC) para la construcción de la cuarta central nuclear argentina, un reactor de 1.200 megavatios eléctricos que se instalará en el Complejo Nuclear Atucha de la localidad bonaerense de Lima.

El entendimiento se cerró de forma virtual y contó con la participación del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el embajador chino en la Argentina, Zou Xiaoli, su par argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, y el subsecretario de Energía Eléctrica de la Nación, Federico Basualdo.

El acuerdo provocó la rápida reacción del senador Risch, quien recordó la instalación de una misteriosa base espacial china a pocos kilómetros de Las Lajas, Neuquén, calificada por agencias internacionales como una “caja negra” sin control porque no está sometida a supervisión de autoridades locales.

El antecedente que menciona el senador republicano es el de la base espacial de China en la Patagonia, inugurada en 2018. En el anterior gobierno de los Estados Unidos, a cargo de Donald Trump, llegaron a sospechar sobre su verdadero propósito.

El lugar, de 200 hectáreas, funcionaría sin la supervisión aparente de autoridades argentinas, según cientos de páginas de documentos del Gobierno argentino obtenidos por Reuters y revisados por expertos en derecho internacional.

En 2016, la entonces canciller Susana Malcorra revisó el acuerdo para incluir una estipulación de que sería sólo para uso civil. Ese entendimiento obliga al país asiático a informar sus actividades en la estación, pero no proporciona ningún mecanismo de cumplimiento para que las autoridades garanticen que no se está usando con fines militares.