Indigenas rechazan la intencion del gobierno de eliminar subsidio al combustible en plena pandemia

La principal central del movimiento indígena advirtió hoy que no aceptará la eliminación de los subsidios sobre los combustibles que propuso esta semana, en plena pandemia, el ministro de Energía y que ya fue rechazada en octubre pasado en las calles por protestas que frenaron la medida y pusieron en jaque al gobierno.
"Mi rechazo a lo afirmado por (el ministro) René Ortiz que es momento histórico para eliminar subsidios a combustibles. Las consecuencias no serán responsabilidad del pueblo, dedíquense a salvar vidas de los ecuatorianos", aseguró Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), según el diario local Expreso.
Hace dos días, Ortiz sostuvo en una entrevista que la baja a niveles históricos del precio internacional del precio son una oportunidad para eliminar los subsidios al combustible, una de las pocas constantes en la economía ecuatoriana, además de la moneda, desde la dolarización.
“Los modelos económicos muestran con claridad cómo, en este momento, no habría ningún sacrificio para el consumidor”, explicó el ministro.
Hoy la ministra de Gobierno y una de las figuras del gabinete que más crecieron en visibilidad con la pandemia, María Paula Romo, confirmó ante la prensa que el gobierno está analizando la posibilidad de eliminar esos subsidios y, adelantándose a las críticas, aseguró que no le "sorprendería que dirigentes amenacen con protestas incluso si baja el precio" de los combustibles.
En octubre pasado, el gobierno de Lenin Moreno decretó la eliminación de estos subsidios y la reacción popular fue inmediata: el movimiento indígena, partidos opositores y grandes porciones de las clases populares y medias salieron a las calles a protestar.
Durante días tomaron por completo la capital, Quito, y Moreno tuvo que trasladar la sede de gobierno de Guayaquil, el corazón económico del país y hoy el epicentro nacional del brote de coronavirus.
Finalmente, Moreno dio marcha atrás, reinstaló los subsubidios y, aunque profundizó la persecución de los aliados y simpatizantes del ex mandatario Rafael Correa, llamó al diálogo al movimiento indígena, un proceso que concluyó sin resultados.
Hoy, el país atraviesa una de las peores crisis sanitarias de América Latina con 10.850 casos confirmados de coronavirus y casi 1.500 muertos, entre diagnósticos y sospechosos de estar contagiados, según el Ministerio de Salud.
Desde el 16 de marzo, todo el territorio está bajo estado de excepción, lo que supone un toque de queda desde mitad de la tarde hasta la mañana y medidas de aislamiento y distanciamiento social, que redujeron al mínimo la actividad económica del país.
Las medidas restrictivas cambian según la ciudad y la provincia, pero en general todas las concentraciones masivas de personas están prohibidas y los traslados de una provincia a otra, restringidas por controles policiales y militares, según la zona.
En octubre pasado, el movimiento indígena logró tomar control de parte de la capital porque cientos de miles de personas se trasladaron en caravanas, caminando o en vehículos, desde todo el país. (Télam)