Guernica, uno de los mayores desafios del primer año de gestion de Axel Kicillof

La usurpación de un predio privado de doscientas hectáreas, en la localidad de Guernica, partido de Presidente Perón, constituyó uno de los principales desafíos del primer año de gestión del gobernador Axel Kicillof, quien con un plan de reubicación de sus habitantes logró resolver con éxito la toma de tierras más grande del país.
Lejos de acudir a las habituales respuestas ajustadas al desalojo de familias enteras desesperadas por obtener una porción de tierra para instalar su vivienda, la toma de Guernica, determinó que el Gobierno provincial lanzara el Plan Bonaerense de Suelo, Vivienda y Hábitat, que con una inversión total de 190.186 millones de pesos entre 2020 y 2023, se propone como una vía de solución al histórico déficit habitacional del distrito.
El 20 de julio pasado, cerca de 2000 familias ocuparon los terrenos en Guernica y tras la denuncia ante la justicia por parte de los dueños y la firma Bellaco S.A., el juez de Garantías de La Plata, con asiento en Cañuelas, Martín Rizzo, postergó en dos oportunidades el desalojo, a pedido del Gobierno provincial, que inició un proceso de diálogo con los ocupantes y logró el desalojo pacífico de la mayoría de ellos, el 30 de octubre.

Ese día y ante el ultimátum de la justicia, unos 4000 policías comandados por el secretario de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, realizaron el desalojo de los ocupantes que resistieron ser reubicados, quemaron las casillas que habían sido levantadas en el lugar, y dejaron limpio el terreno para la llegada de sus dueños.
Antes y con el objetivo de evitar una salida traumática del conflicto, el Gobierno bonaerense había encarado una serie de negociaciones con los ocupantes e instaló en Guernica cinco carpas interministeriales de las carteras de Desarrollo de la Comunidad, Justicia y Derechos Humanos, Seguridad, de Gobierno, y de Mujeres, Políticas de Genero y Diversidad Sexual para llevar a cabo la contención de quienes debían irse del lugar.
Comenzó su tarea realizando un censo que se entregó al juez de la causa y en el que se detectó que, entre las personas que tomaron los terrenos, había desempleados que no podían afrontar un alquiler, medio centenar de mujeres en situación de violencia de género, pero también inescrupulosos que teniendo vivienda también clavaron estacas y se apoderaron de una porción del lugar.

El 20 de julio pasado, cerca de 2000 familias ocuparon los terrenos en Guernica y tras la denuncia ante la justicia por parte de los dueños y la firma Bellaco S.A., el juez de Garantías de La Plata, con asiento en Cañuelas, Martín Rizzo, postergó en dos oportunidades el desalojo, a pedido del Gobierno provincial, que inició un proceso de diálogo con los ocupantes y logró el desalojo pacífico de la mayoría de ellos, el 30 de octubre.

Las familias que desalojaron la ocupación en forma pacífica firmaron un acta-acuerdo en la que se comprometieron a dejar los terrenos y el Gobierno provincial los ubicó en otros domicilios o les proveyó materiales de construcción para ampliar sus viviendas y a otros se los ayudó con el pago de alquiler.
Por su parte, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad -junto con representantes de organizaciones de derechos humanos, Madres de Plaza de Mayo y organizaciones sociales de izquierda que apoyaban a los que a estaban en los terrenos- organizó una Mesa de Diálogo.
De ese ámbito participaron, entre otras agrupaciones, el Polo Obrero, el Movimiento Teresa Rodríguez, Fpds Corriente Nacional-Guernica, Barrios de Pie, Frente de Organización en Lucha (FOL), Frente Popular Darío Santillán, Movimiento de Unidad Latinoamericana por el Cambio Social, Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), La Víctor Choque, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y Foro por la Niñez.
Concluido el trabajo, el gobernador Axel Kicillof defendió la decisión de desalojar los terrenos ocupados: "Tratamos de hacerlo con todos los cuidados posibles y se buscó evitar heridos o situación de violencia", afirmó.
"La toma de terrenos en Guernica fue uno de los desafíos más importantes que tuve que afrontar", dijo a Télam el ministro de Desarollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y destacó que aún continúa la asistencia a los que abandonaron el lugar.
Por su parte, la intendenta de Presidente Perón, Blanca Cantero, expresó que "fueron meses muy difíciles" los que atravesó durante la toma y destacó que "se cumplió con el cometido que tenemos que tener siempre por delante: actuó la justicia y se hicieron todos los esfuerzos posibles para no llegar a un desalojo conflictivo", aseveró la jefa comunal.
Una vez ocurrida la desocupación, los lotes fueron restituidos a sus propietarios, María Jacinta Romero, Vilma Alicia Enríquez, Andrés Ríos y Gervasio Pérez Pesado en representación de la firma Bellaco S.A.
Por su parte, en ese marco el subsecretario de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires, Ernesto Selzer, sostuvo que es necesario garantizar "el acceso justo a la vivienda" para todos los bonaerenses y estimó que el déficit habitacional en el distrito es de 900.000 viviendas.
"Lo que más me preocupa es el problema de la vivienda que no se puede resolver en un período de gobierno. En la provincia hacen falta un millón de viviendas. El objetivo que nos puso el gobernador es construir 10.000 viviendas por año, un porcentaje pequeño para lo que hace falta", puntualizó.
Para ello, señaló, "hay que conseguir los recursos para la financiación y la tierra urbanizable, porque no se pueden construir viviendas en cualquier lugar".
Selzer recordó además que el Gobierno provincial heredó "un promedio de 2000 viviendas por año" y un déficit habitacional estimado en "900.000" viviendas.
En paralelo a las políticas habitacionales encarada por la administración bonaerense, la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) detectó en lo que va del año, mediante operativos de fiscalización satelital y presencial, en 114 urbanizaciones cerradas, un total de 632.982 metros cuadrados construidos que estaban sin declarar ante el fisco.
Las acciones de control se desarrollaron en barrios cerrados, clubes de campo y countries de la región metropolitana del AMBA, donde se concentran más de mitad de las urbanizaciones cerradas de la provincia.
Allí se encontraron diferentes irregularidades catastrales como nuevas viviendas, remodelaciones o ampliaciones y piscinas que los propietarios omitieron declarar impositivamente.
El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, explicó que los dueños de estos inmuebles "evadían, parcial o totalmente, el pago del Impuesto Inmobiliario generando un perjuicio millonario al estado provincial".

(Télam)