Lasso se juega su suerte en un juicio politico que dibuja parte del esquema politico futuro

(Por Ariel Bargach) Ciento treinta y siete asambleístas tendrán en sus manos en los próximos días la suerte del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, en el punto central del juicio político que se le sigue por prolongar un contrato supuestamente perjudicial para el Estado, una instancia que no sólo pondrá en escena el juego de fuerzas internas, sino que también servirá para probar el esquema institucional ante una situación inédita en los últimos 15 años.
En una sesión que se estima llevará más de un día, Lasso tendrá la chance de defenderse de las acusaciones en su contra ante una Asamblea Nacional (AN, Parlamento) que, aunque con una fuerte dispersión, logró los votos para ir en contra de las recomendaciones de una comisión y avanzar en el proceso.
De todas formas, las 88 manos que se levantaron para votar la continuidad del proceso no necesariamente estarán a favor de censurar a Lasso y sacarlo del cargo y, aún si lo estuvieran, a la oposición todavía le quedará lograr otras 4 voluntades porque necesita 92 para vetar que el mandatario siga al frente del Palacio de Carondelet.
“Es para destacar que, a diferencia de la década de inestabilidad que vivió el país entre 1997-2007, con siete presidentes en 10 años, ahora, con la Constitución del 2008, la clase política logró respetar las reglas del juego y aplicar los mecanismos constitucionales. Además, la crisis no fue resuelta por actores externos, como pasó con los militares antes”, resaltó a Télam el politólogo Wilson Benavides.
Magíster en Ciencias Políticas por Flacso, Benavides evaluó que esta vez “no parece haber riesgo institucional, de modo que el régimen político se vea amenazado, sino que si se aplica el artículo 129 habrá una sucesión en la figura del vice”, Alfredo Borrero, que llegó con Lasso al gobierno hace dos años.
Para que eso pase, deben darse varios pasos: las autoridades de la AN -que tuvieron hasta ayer para enviar a los asambleístas la resolución del plenario del martes último- deben convocar mañana al cuerpo e incluir el juicio político en el orden del día.
Tras la convocatoria, los impulsores del juicio deben anunciar la nómina de los asambleístas que realizarán la interpelación el martes, lista que será comunicada a Lasso. Los legisladores tendrán dos horas para la acusación y el presidente tres para defenderse, y luego habrá otra hora para réplicas.
Ese mismo día, tras el retiro de Lasso, se abre el debate y cada asambleísta tendrá 10 minutos para exponer, lo que lleva a pronosticar que no se resolverá todo en una única jornada.
Terminado el debate, debe llamarse a otra sesión, únicamente para votar, en un plazo de cinco días. Si se impone la destitución, Borrero deberá completar el mandato hasta 2025.
La acusación al exbanquero es por haber permitido que se mantenga un contrato millonario entre la empresa estatal de transporte de petróleo, Flopec, y la empresa offshore Amazonas Tanker Pool.
En la noche del jueves, Lasso fue formalmente informado de la decisión de la AN de seguir adelante pese a la recomendación en contrario de una comisión que lo exculpó de cualquier delito.
El mandatario niega la acusación y asegura que la firma del contrato ocurrió en gobiernos anteriores, y, más aún, que en su gestión la empresa pública recibió “utilidades inéditas” porque se atendieron las recomendaciones técnicas de Contraloría.
Aunque semanas atrás el Ejecutivo analizaba la chance de disponer la llamada “muerte cruzada” -un mecanismo que implica disolver el parlamento, pero llamar a elecciones generales-, esa posibilidad ahora parece descartada y el presidente ya anunció que irá al recinto a defenderse.
“Parece haber consenso en la clase política de no aplicar la 'muerte cruzada', sobre todo teniendo en cuenta los últimos resultados de las elecciones de febrero, en las que el correísmo resurgió con fuerza, con las dignidades que logró en jurisdicciones claves. No tanto por el número de votos, pero sí por las alcaldías y provincias claves que consiguió”, expresó Benavides.
La “muerte cruzada”, con todo, no puede descartarse por completo. Lasso debería disponer la disolución del Congreso y su propia salida y el Consejo Electoral convocar a nuevas elecciones en un plazo máximo de siete días. El presidente puede volver a postularse.
Sobre qué mecanismos buscará el Gobierno ante el riesgo, Benavides advirtió que “la estrategia fue partir los bloques”.
“Y logró dividir al menos a Pachakutik (12 legisladores votaron a favor del juicio y 12 se ausentaron) y a los socialcristianos, porque hay cuatro que no votaron. La oposición dice que se implementa una lógica de compra de conciencias a cambio de votos, pero no hubo denuncias, sino sólo declaraciones”, explicó.
Parte del devenir del proceso se jugará también mañana, cuando la AN renueve a sus autoridades y la integración de las comisiones y del Consejo de Administración Legislativa (CAL), un cuerpo clave dentro del Parlamento.
El titular de la AN, Virgilio Saquicela, tiene altas chances de seguir en el cargo, con el respaldo del correísmo y de parte de los socialcristianos, mientras el oficialismo busca llevar a ese lugar a Sofía Sánchez.
Esta es la primera vez que un presidente es sometido a un juicio político desde la aprobación de la llamada “Constitución de Montecristi”, en 2008.
Pero no se trata, en cambio, del primer intento contra Lasso: en junio del año pasado, en medio de un prolongado paro general promovido por las organizaciones indígenas, una iniciativa similar sumó 80 votos, 12 por debajo del mínimo requerido.
“Es el segundo intento en apenas dos años. El Gobierno no logró consolidar en un primer momento una mayoría política afín y eso le está pasando factura. Un intento de censura por año muestra mala gestión sumado a la falta de acuerdos con bloques parlamentarios. (El triunfante) CREO solo consiguió 12 curules y sus márgenes de maniobra se redujeron”, relató Benavides. (Télam)