EL NUEVO PROTOCOLO ILE RIGE GRACIAS AL RECLAMO DE LA MAYORÍA Y LA VOLUNTAD POLÍTICA

Por Nancy González (*)

La presidencia de Alberto Fernández tiene apenas unos pocos días, pero es inevitable percibirla como el restablecimiento de un sentido que se encontraba en pausa durante los últimos cuatro años. Sin lugar a dudas, esta es una de las principales virtudes del nuevo gobierno: recuperar los pilares que dejaron los 12 años de políticas de ampliación de derechos y agregando la voluntad de un pueblo que no se rindió ante el neoliberalismo.

En este sentido, el nuevo protocolo de Interrupción Legal del Embarazo es un claro ejemplo de cómo se puede llevar cabo una política pública que se restituye con efectividad, voluntad política y sensibilidad guiada hacia el bien común. Esta medida reúne un cúmulo de fortalezas que es necesario destacar. En primer lugar, la misma está en línea con nuestro ordenamiento jurídico. Considerando el recorrido que parte desde la reforma del Código Penal de 1921, donde se admite por primera vez el aborto no punible por causales, pasando por los tratados de Derechos Humanos de rango Constitucional, el fallo F.A.L. en 2012 y llegando a la reforma del Código Civil en 2015. Por otro lado, dicho protocolo reposa en demandas expresadas por diversos colectivos de la sociedad civil, dotándolo de gran vitalidad y acierto. Por último, el restablecimiento de un orden donde el Estado se sitúa como garante para el resguardo en el ejercicio de un derecho ya consagrado. Era necesario que aparezca este actor fundamental, para que se articulen todas las otras, para que así el derecho de los cuerpos gestantes pueda ser garantizado en todo el territorio argentino.
En este sentido entonces, no podemos dejar de preguntarnos ¿qué es lo que viene añadir el nuevo protocolo de Interrupción Legal del Embarazo? La medida reconoce cuales fueron los principales conflictos en la implementación que se dieron en torno a estos casos los últimos años y por lo tanto viene a nombrar y manifestar claramente cuál es la posición del Estado Nacional. De esta manera, se recuperan las tensiones que surgían directamente desde lo cotidiano de la práctica y se operacionalizan, se despejan y ordenan para que el sistema nacional de salud tenga que trabajar en pos de este derecho. Así, regula cuestiones nodales como la objeción de conciencia, aporta claridad a los pasos administrativos evitando la revulnerabilización de las víctimas, establece plazos precisos y expeditos para resolución de los casos y avanza sobre la definición al considerar como producto de violación todo embarazo de niñas de 13 años.
Sería lo obvio decir que este nuevo protocolo ILE rige gracias a la voluntad política. En menos de 72 horas de gobierno ya estaba publicado en el boletín oficial y en vigencia para todo el territorio. No sólo se puede explicar a partir de dicha voluntad. Es preciso reconocer los enormes avances producto del protagonismo que hemos asumido los movimientos de mujeres, lesbianas, travestis, trans y personas no binarias en los últimos años. Hemos sido incesantes, transformándonos en un actor poderoso frente a las políticas de ajuste, sabiendo resistir en calle, construyendo propuestas alternativas y consolidándonos como actoras fundamentales de la arena política. Esto ha sido reconocido por nuestro gobierno. Que haya decidido comenzar por la implementación del Protocolo y la creación del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad no es un dato menor. El nuevo gobierno tomó una posición y es la de escuchar nuestras demandas para poder construir con ellas. Con esto, no me quedan dudas, volvimos, y lo hicimos -mujeres- mejores.

(*) Senadora nacional Frente de Todos-Chubut. (Télam)