Oficialismo y oposicion apoyaran cambio de ley y desarrollo minero

Presente en el Senado, el subsecretario de Energía, Emilio Guiñazú, llamó a “proteger el agua utilizando todas las herramientas posibles” y aclaró que esta ley “no es para hacer minería donde no se puede” por eso “no hay que llevar por el miedo".
La ley 7.722 fue sancionada en 2007 en medio de una gran oposición social provocada por el temor de que la actividad minera metalífera contaminara el agua, un recurso escaso y vital.
Ahora, el proyecto presentado por el Ejecutivo propone una actualización de la norma, de forma tal que refleje los avances realizados tanto en materia legislativa como en los aspectos concernientes a las competencias del Poder Ejecutivo.
Con el aval del oficialismo, legisladores del justicialismo opositor adelantaron hoy en conferencia de prensa que aprobarían la modificación siempre y cuando se respeten “el control ambiental efectivo, el cuidado del agua, la creación de trabajo mendocino y licencia social”, que hasta ahora se daría en la localidad sureña de Malargüe.
Desde el PJ local la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti aclaró hoy que “si bien el oficialismo tiene los números para avanzar en soledad, el peronismo, desde el Frente de Todos, está sentando posición para garantizar que no se contamine el agua que los mendocinos tomamos, y que no haya más cheques en blanco que hipotequen la provincia”.
En relación a la 7.722, Fernández Sagasti pidió “un control ambiental efectivo, un cuidado estricto del agua que deberá ser financiado con fondos de las regalías de la actividad, crear trabajo mendocino y que, por ende, participen de las ganancias y riquezas que surjan  de la actividad y garantizar licencia social”.
Mientras tanto avanza su tratamiento legislativo, distintas agrupaciones ambientalistas y vecinos se concentrarán mañana en distintos puntos de la provincia en contra de la modificación de la ley firmes en su posición de que “el agua de Mendoza no se negocia”. (Télam)